Simulación democrática la ficticia división de poderes en BCS

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Eleazar Gámez Rascón

 

 

En el gobierno que presidió Leonel Cota Montaño (1999-2005), la Constitución Política del Estado de Baja California Sur fue reformada en varios artículos. Uno de ellos fue el artículo 90. La reforma pretendía ocultar el despropósito jurídico haciéndolo más voluminoso. Si antes el Ejecutivo en turno proponía (ordenaba) al Congreso del Estado uno a uno los candidatos a los magistrados que componen el Tribunal Superior de Justicia (titular del Poder Judicial), ahora le “propone” una terna. La reforma tuvo la apariencia de significar un avance democrático. Pero como se ha visto en la elección reciente del magistrado Rodrigo Serrano Castro, quien apenas horas antes de su elección despachaba como Subsecretario de la Consejería Jurídica del gobierno de Carlos Mendoza Davis: el gobernador proponente de la terna sigue concentrando el poder de nombramiento del Poder Judicial. Incluso aunque no tuviera un congreso a modo, como sucede hoy día, es el individuo que preside el Ejecutivo quien constitucionalmente nombra a los individuos integrantes del Poder Judicial. Así la justicia tiene apenas una pátina de democracia por encima de una sólida mole de autoritarismo.

La intervención que reproduzco a continuación es un antecedente de la reforma leonelista que ahora está vigente. Fue un pronunciamiento casi al iniciar la V Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, el 11 de abril de 1987, a una semana de haber iniciado el gobierno de Víctor Liceaga Ruibal. El congreso estatal se aprestaba a aprobar en automático el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Uno de ellos el prestigiado abogado Óscar Eleazar Amador Soto, Procurador de Justicia del estado.

Diputad@s:

Es incuestionable que la solicitud del Ejecutivo del Estado, para que esta Legislatura pruebe los nombramientos de dos nuevos magistrados que habrán de completar el Tribunal superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, se sustenta en las facultades que la Constitución política del estado 30 le confiere.

Sin embargo, en este caso media una circunstancia muy particular: uno de los propuestos para magistrado, el licenciado Óscar Eleazar Amador Soto, durante los últimos seis años ostentó y desempeñó el cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Es decir, fue representante general del Ministerio Público del Fuero Común en el estado. Esto es, el Fiscal General del Estado, o lo que es lo mismo: el responsable de la persecución de todos los delitos del orden común, y de los federales, en los casos que así lo concedan las leyes, según el artículo 87 de la constitución estatal.

Bien, esto significa un hecho muy concreto: la circunstancia de la que hablaba líneas arriba, la imposibilidad de que el licenciado Amador Soto, don Óscar Eleazar Amador Soto, sea magistrado en este periodo. Pues la mayoría, si no es que la totalidad de los casos que hoy se ventilan en las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fueron procurados por él en su personalidad de Procurador General en el sexenio de Alberto Alvarado Arámburo como gobernador (1981-1987).

Entonces, es claro que como magistrado no podrá conocer de dichos casos. Pues así como un juez que ha dictado sentencia sobre un caso determinado y posteriormente es promovido a magistrado, y ya como tal se encuentra con el mismo caso en apelación y se excusa, ya que no puede ser imparcial en un caso juzgado por él. Así igualmente tendría que excusarse el propuesto magistrado (Amador Soto). Sólo que aquí no se trata de un caso, sino prácticamente de todos.

Señores Diputados, la frialdad, la inexorabilidad de los mecanismos legales permiten que se constituyan en la legislatura mayorías mecánicas que ajustan sus resoluciones no a interés de la ciudadanía o de la sociedad en su conjunto, vaya, ni tan siquiera a los intereses de la misma Ley (su forma y su espíritu), sino a interés de la poderosa voluntad del Ejecutivo en turno.

Éste no debe ser el caso, ésta no debe ser la actitud que prevalezca aquí. Se debe rechazar la propuesta del Gobernador e impedir que esta circunstancia siente un precedente que puede ser lesivo a la impartición de la justicia en Baja California Sur.

Señores Diputados, esta circunstancia es, además de lamentable, reveladora. Lamentable porque pareciera que me estoy oponiendo al desarrollo de la carrera del licenciado Óscar Eleazar Amador Soto y no es así. Es el hecho de haber sido hasta hace unos cuantos días Procurador de Justicia del Estado lo que se le opone. Es el procedimiento y la circunstancia que concurren en él, como pudieron concurrir en otra persona que no conociera, y mi deber sería exponer a esta Honorable Congreso lo que en este momento expongo.

Esta circunstancia es reveladora porque nos induce a reflexionar sobre el inmenso poder de que dispone el Ejecutivo, y la absoluta dependencia del Poder Judicial respecto a éste.

El Gobernador del Estado igual que el Presidente de la República reciben de la Constitución Política de Baja California Sur y de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, facultades prácticamente ilimitadas para integrar el poder judicial, uno en el estado y otro en la república.

En el caso específico del Estado de Baja California Sur, el artículo 95 de su Constitución Política señala que: “… el Tribunal, en escrutinio secreto, en la primera sesión que se celebre durante el mes de abril del año en que se haga la designación, nombrará de entre los magistrados al que será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia”.

En efecto, leído así, no queda duda de que este artículo da la apariencia de guardar para el Poder Judicial toda la libertad y soberanía del mundo, respecto al Poder Ejecutivo del estado.

Sólo que cinco artículos antes, el 90 de la misma Constitución, dice: “… el Tribunal Superior de Justicia del Estado se integrará por cinco magistrados numerarios nombrados directamente por el gobernador con la aprobación del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso, en los términos de esta Constitución”.

En otras palabras, cualesquiera que sea el magistrado nombrado presidente por los demás magistrados habrá sido elegido, en realidad, por el gobernador, ya que a él se debe que sea magistrado y al gobernador estará supeditado; igual que los demás magistrados, jueces y ministerios públicos.

Y por si fuera poco, la misma Constitución en su artículo 101 faculta al gobernador para “… pedir ante el Congreso del Estado la destitución de cualesquiera de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y, si el Congreso del Estado declara por mayoría absoluta de votos (nótese que dice mayoría absoluta, no unanimidad), justificada la petición, el magistrado acusado quedará privado, desde luego, de su puesto”.

¿Qué magistrado, qué juez, qué ministerio público del fuero común osaría enfrentarse al Ejecutivo Estatal que goza de tan portentosas facultades legales, las cuales refuerza con la simpatía de esa mayoría absoluta en el congreso, en este congreso, proveniente de su mismo partido?

Diputad@s, esta circunstancia y esa reflexión conjugan hoy una excelente oportunidad para que esta Legislatura dé una prueba inequívoca de imparcialidad y soberanía frente al poder ejecutivo del Estado; ya que es evidente que en este caso el gobernador está pasando por alto no sólo la forma y el procedimiento lógico, sino el espíritu mismo de la Ley y la voluntad última de la sociedad civil, y el Congreso haría lo mismo si convalida tal propuesta.

Al concluir las intervenciones, mi propuesta fue desechada por el presidente de la Gran Comisión de esa legislatura argumentando que el Tribunal Superior de Justicia se compone de dos salas: Justicia y Comercio. Finalmente los doce diputados priistas y los dos panistas votaron a favor de los nombramientos sobre el Poder Legislativo que les enviaba el gobernador. El nuestro fue el único voto en contra.

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*Eleazar Gámez Rascón fue diputado de representación plurinominal en la V Legislatura de Baja California Sur (1987-1990). eleagamez@prodigy.net.mx

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