Miedo es lo que queda

militarización

@cachobanzi (Twitter)

Miedo es lo que queda. Salir de noche con la sensación de que en cualquier momento una bala te alcance, un proyectil perdido de alguna disputa entre esos jóvenes que mueren a diario en La Paz. Sientes miedo cuando ves a esos uniformados empuñando sus poderosas armas por las calles. La ciudad es un gran matadero y, nosotros, la próxima res en ser sacrificada, porque en el estado actual, en automático, como ya lo he dicho, eres un sospechoso. Incluso, tú desconfías del otro, ¿qué tal si es uno de esos ‘violentos’? La violencia que genera nuestros miedos sirve también para justificar la Ley de Seguridad Interior.

La violencia se entierra en nuestras mentes y parece reproducirse de manera intensa en un Estado nación doblegado por el crimen organizado, pero sabemos que esto no es así.  Más bien es que no les importa. Vivimos en una democracia militar que hasta hoy logra su legitimación. Con los militares sueltos, la disminución de la violencia no bajó en los 10 años de la supuesta guerra contra el narcotráfico, sino que se intensificó. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no sólo se legaliza el actuar de las fuerzas armadas, sino que es una contraposición de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o por lo menos, esto declara la Coordinación alemana de Derechos Humanos en México: “existe el peligro que aumenten aún más las violaciones de derechos humanos y persista la amenaza para defensores y defensoras de los derechos humanos”.

México tiene una larga lista de violaciones de derechos humanos de los elementos de las fuerzas armadas. Desde la consolidación del régimen priísta, las botas militares pisoteaban las protestas de estudiantes, mujeres, pueblos originarios, campesinos, maestros, activistas sociales, obreros, pero de alguna forma siempre volvían a sus cuarteles. Con Felipe Calderón (2006-2012) la “guerra contra el crimen organizado” las botas militares tomaron las calles perfilando un sombrío futuro, el cual, hoy se impone como nuestro presente. Al ser el patio trasero de Estados Unidos, nuestra nación tuvo que disciplinarse a las políticas globales de seguridad tanto interna como externamente.

¿Cómo afectará la violencia y la militarización en la participación ciudadana en BCS? ¿Cuál será el nuevo escenario de la protesta social? Aquí la ciudadanía libra luchas en contra enormes desarrollos turísticos-inmobiliarios o proyectos de minería a gran escala potencialmente destructivos convirtiendo a los territorios que ocupan en áreas de sacrificio para el sistema neoliberal actual. También se une a movilizaciones nacionales desde distintos sectores sociales y políticos, pero hoy enfrentan un panorama muy distinto, en el que la violencia toma un papel central generando una parálisis colectiva que, a su vez,  justifica la salida de soldados de los cuarteles, aunque signifique violar la Constitución.

Si retomamos lo dicho por Pilar Calveiro, los Estados centrales controlan instancias como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, a través de los cuales se establece un discurso de poder que deben obedecer países como México. Para un mejor control global y facilitar la expansión de las corporaciones, las fuerzas militares al final se convierten en aparatos de represión y control social; a través de la “guerra contra el crimen” (así como la “guerra contra el terrorismo”) es más fácil aplicar una violencia represiva. Calveiro afirma que ambas son una construcción del poder global; “estas ‘guerras’ tienen el objeto de justificar la violencia estatal necesaria para intervenir en cualquier lugar del planeta y de la sociedad, haciéndolas funcionales al sistema global”.

El miedo sigue su avanzada en las subjetividades de cada uno de nosotros. La muerte de Silvestre de la Toba, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) impacta por su amargo simbolismo. Un presagio que se cumple días después con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que posibilita encasillar a cualquier conducta social como un riesgo a la seguridad interior del país. Esto no lo digo yo, lo advierte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que detectó serias imprecisiones conceptuales “al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; (…) no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”.

Los legisladores priistas aceleraron la votación de la ley para certificar el andar del ejército en las calles, pese a que la estrategia de Felipe Calderón en 2006, no arroja los resultados previstos, sino más bien incrementó la violencia y las quejas ante la CNDH por violaciones de elementos castrenses. No sólo eso, como lo señala Salvador Maldonado (2012), las disposiciones neoliberales en las políticas de ajuste estructural de México y la reestructuración económica, social y política provocaron una configuración ideal para un mercado exitoso de ilegalidades. La CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual, hasta julio de 2016, informó Human Rights Watch.

Maldonado en el artículo La militarización neoliberal de la seguridad y la guerra contra el narcotráfico en México  de Arsinoé Orihuela Ochoa, expresa que la “guerra contra el narcotráfico” es una violencia estatal que tiene como objetivos ocupar, despoblar y reordenar territorios”. Además, se trata de un jugoso negocio armamentístico que entre 2007 y 2011 en México significó un gasto en acciones para garantizar la seguridad de 255 108 280 000 pesos; “la guerra contra el narcotráfico, no obstante, inauguraría una fuente de legitimación para esta política gubernamental para la duplicación de recursos públicos asignados señaladamente a tres dependencias: Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina”.

Entonces, ¿es la violencia una estrategia para desestabilizar la organización de protestas y resistencias sociales en BCS? Por ahora no lo sabremos, pero la Ley de Seguridad Interior nos pone en total vulnerabilidad, viviremos bajo sospecha, viviremos en un régimen democrático. Las entidades federativas, si así lo desean, podrá solicitar a la federación una intervención del ejército y la marina en zonas conflictos. Esto no es nuevo, en Sudamérica se repiten las escenas del uso de las fuerzas castrenses contra la sociedad civil.

El artículo 7, por ejemplo, señala que en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”. Sin embargo, en el artículo 8 precisa que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”. ¿Una movilización ciudadana contra un proyecto minero será un asunto que atente contra la seguridad interior?

¿Tendrá el miedo el poder de desarticular los futuros movimientos en defensa de la vida que confronta a grandes corporativos?

 

Link de interés:

La militarización neoliberal de la seguridad y la guerra contra el narcotráfico en México

http://revistas.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/1084/2000

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Miedo es lo que queda

#LaCuchara: El poder acaba

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Sandino Gámez

I

Ante la conciencia de la muerte física individual, los seres humanos crearon comunidades que trascienden generaciones. La pertenencia a un cuerpo social hace al individuo más seguro.

Desde la aldea hasta la megalópolis la aglomeración humana produjo instituciones sociales y generó derechos individuales y colectivos, naturales e inalienables.

Paradójicamente, la modernidad urbana trajo también una tendencia a la individualidad arrogante, en la que el individuo considera que puede ser autónomo del resto o del conjunto.

Ha sido un triunfo social la gran extensión de los servicios públicos considerados hoy indispensables: agua hasta el grifo de la propia casa de cada uno, drenaje y retiro de desechos sólidos a domicilio, electricidad en las paredes y alimento diverso y constante (siempre que pueda pagarse, como todos los servicios) a pocas decenas o cientos de metros.

La cercanía de otros servicios sociales extremadamente complejos, como los que otorgan las instituciones de salud y educación, es otro triunfo de nuestras comunidades, y la mayor prestación de las grandes ciudades.

Como la mayoría de los mexicanos, los sudcalifornianos somos urbanos en gran medida. Pero tenemos raíces o familiares (numerosas familias) en las comunidades rurales. Más de mil comunidades con menos de cien personas es la estadística oficial para Baja California Sur.

En rigor sólo tenemos dos grandes ciudades en este tiempo de 2017: la ciudad capital y la ciudad bipolar, austral, de San José del Cabo-Cabo San Lucas. Sólo dos ciudades con más de cien mil habitantes.

Pero somos un solo pueblo.

 

II

La libertad de movimiento es un derecho básico. Como todos los derechos debe ser universal (para todas las personas físicas) para que sea un verdadero derecho. De otra manera sería un privilegio con exclusión de quienes no lo poseen.

Durante generaciones en Baja California Sur estuvo garantizado el acceso libre al territorio y los litorales. Esto comenzó a cambiar a partir de los años 1990. Grandes porciones del territorio sudcaliforniano fueron afectadas para impedir el paso a la población sudcaliforniana hacia los litorales, particularmente las playas. El proceso se ha hecho más evidente en el municipio de Los Cabos, pero no hay uno solo de los otros cuatro (Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz) que no presente esta manifiesta privatización de los litorales.

Debe de saberse que cuando en Los Cabos o en otra parte de Baja California Sur se cierran o limitan los accesos a las playas para favorecer el uso exclusivo por parte de los clientes de los propietarios de los predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre hay una afrenta muy grave a los mexicanos, visitantes o habitantes de la localidad.

La ilegalidad e ilegitimidad de esta acción es evidente. Es una acción que se basa en el uso de la fuerza. ¿Es extraño que esto genere una legítima respuesta activa? ¿A quién le gusta que lo encierren? ¿Acaso al cerrar el acceso a los litorales o a grandes partes del territorio no es una limitación de derecho constitucional de los mexicanos al libre tránsito?

Quien se queje de manifestaciones sociales que impiden el paso de vehículos (pero no de personas), debería prestar atención en Baja California Sur a lo que simboliza y genera la privatización de facto de las playas.

 

III

Cuando en las zonas de recarga de los acuíferos sudcalifornianos o en sus litorales se proyectan o realizan enormes minas a cielo abierto o infames minas submarinas, se violenta el derecho de todos a la salud, al medio ambiente sano, y por lo mismo a la vida. Sólo por la obtención de ganancias monetarias para unos particulares. ¿Cómo no estar activamente en contra?

 

IV

Pero han sido los asesinatos recientes en los pueblos y ciudades de Baja California Sur lo que más nos ha conmovido como sociedad.

Esta violencia del crimen organizado no es un fenómeno nuevo: nuestro país se desangra desde hace cuatro décadas. Las instituciones públicas hacen agua mientras fluyen inmensas cantidades de recursos económicos hacia ellas que se pierden en el laberinto de la corrupción de los gobernantes, altos funcionarios, legisladores y jueces.

Tiene razón el subsecretario de Seguridad Pública de Baja California Sur cuando dice que “el cincuenta por ciento de la corrupción se encuentra en el ciudadano” y la parte restante en “las instituciones”. Pero debería haber precisado que esto sólo se refiere al ciudadano con influencias y el poder para corromper a la persona correspondiente que se encuentra supuestamente trabajando para el servicio público en las instituciones.

Entendemos que el gobernador sudcaliforniano y su gabinete consideren que nada pueden hacer ante una circunstancia que los rebasa con mucho, pues tiene causas internacionales.

El gobernador Mendoza dice: “Baja California Sur es zona de tránsito (del trasiego de drogas ilegales) a Estados Unidos”. Los criminales se disputan “la plaza”. “La violencia es la normal que ocurre lejos de las zonas turísticas, en los barrios populares.” “Pediremos más presencia armada federal.” En estas declaraciones recientes el gobernador ha conseguido hacer manifiesta su falta de poder (que no de deseo) para acabar con los asesinatos provocados por el crimen organizado en las calles de las principales ciudades del estado.

“Seguiremos trabajando” es el mántram de sus delegados para la seguridad pública y la procuración de justicia. Entendemos que seguirán trabajando, porque no serán sustituidos. Pero continuarán también los horrores que vemos a diario.

No es un asunto de percepción. Es una realidad que cada vez más sudcalifornianos comenzamos a temer que Baja California Sur se convierta en Tamaulipas o Veracruz. En Sonora, Sinaloa o Chihuahua. En el México que el padre Solalinde llamó el país de las fosas de cadáveres. El país de las desapariciones, el miedo y las fosas clandestinas ya ha llegado a nuestra media península.

 

V

Nadie debe ser privado de su vida.

A la sombra de la muerte de muy buenas personas, muy buenos ciudadanos, niños, mujeres y jóvenes (sobre todo jóvenes) es obligado decir que todas las víctimas merecen justicia. El peor de los asesinos debe ser juzgado sin clemencia, respetando su integridad mental y física y su vida.

La justicia es para las familias de los fallecidos y para toda nuestra comunidad. Un día podremos (debemos) reparar este enorme daño que se ha provocado socialmente a las familias de las personas asesinadas. Es una desgracia que aún haya quien diga que hay una razón para la muerte de las víctimas, haciendo con su expresión una marca de culpabilidad en ella, culpabilidad irracional que mancha también a las familias de los fallecidos. Quien hace esto es un cobarde, pues coloca a los asesinos intelectuales o materiales como anónimas fuerzas del destino, y los exculpa. Cobardes son quienes culpan a las víctimas y por extensión a sus familias.

Nosotros no creemos que las causas de la violencia y muerte que hay a diario en nuestras ciudades provengan del pueblo sudcaliforniano.

Nuestras familias siguen reuniéndose con frecuencia y seguimos visitando los espacios públicos de nuestras comunidades. Intentamos seguir con nuestra vida cotidiana. No lo hacemos por evasión. Todo lo contrario. Lo hacemos con el deseo en el corazón de que nuestra realidad, la normalidad, la tranquilidad social de nuestra tierra se mantenga con este uso que le damos.

Sabemos de primera mano que la sudcaliforniana es una historia de resiliencia y resistencia en los momentos difíciles. Ha sido hecha por mujeres y hombres con amor, capacidad, valor, humanidad, humildad e inteligencia. Esto no es demagogia. Su condición peninsular ha creado en el pueblo sudcaliforniano un sentido de pertenencia y comunidad naturales.

¿Quién sino los sudcalifornianos, con ayuda de patriotas venidos más allá del mar, enfrentaron y vencieron todas las amenazas y violencia que vivió esta parte de México en el siglo XIX? ¿Quién sino los sudcalifornianos con su continua exigencia consiguieron el autogobierno político para los habitantes de esta tierra?

¿Quién sino los sudcalifornianos van a conseguir que Baja California Sur deje de ser esta pesadilla de muerte y violencia cotidiana que va acercándose cada vez más a nuestras familias, que deprime cada vez más a nuestra juventud al presentar un horizonte sombrío a sus vidas, que desacredita a las instituciones de gobierno y hace inverosímil el Estado de derecho?

VI

Nosotros creemos en las instituciones públicas. También creemos en el servicio público. Creemos que la política es el arte de vivir en comunidad y que los políticos deben ser ciudadanos responsables y obligados hacia sus vecinos.

Estamos en el tiempo adecuado para volver a constituir las instituciones sudcalifornianas, el servicio público y la política estatal y municipal.

Ahora bien, no se trata de individuos o “nombres”. Sino de colectivos y programas políticos.

 
VII

¿Dónde están las propuestas específicas para Baja California Sur de los actores políticos sudcalifornianos? ¿Cómo se reunirán en torno a ellas los ciudadanos?

 

 

#LaCuchara: El poder acaba

Y sin embargo intentamos dominar la naturaleza

Carrohundido
Bernardo Martinez – Cabo Wedding Photography
¡Oh desecadores de lagos, taladores de bosques! ¡Cercenadores de pulmones, rompedores de espejos mágicos! Y cuando las montañas de andesita se vengan abajo, en el derrumbe paulatino del circo que nos guarece y ampara, veréis cómo, sorbido en el negro embudo giratorio, tromba de basura, nuestro mismo valle desaparece. Cansado el desierto de la injuria de las ciudades; cansado de la planta humana, que urbaniza por donde pasa, apretado el polvo contra el suelo; cansado de esperar por siglos de siglos, he aquí: arroja contra las graciosas flores de piedra, contra las moradas y las calles, contra los jardines y las torres, las nefastas caballerías de Atila, la ligera tropa salvaje de grises y amarillas pesuñas. Venganza y venganza del polvo…” Alfonso Reyes, Palinodia del polvo, 1940.

Roberto E. Galindo Domínguez

La soberbia humana es evidenciada con cada fenómeno de la naturaleza, soberbía mía, nuestra, la de todos; pues la madre natura nos enseña que este planeta no es nuestro y que ella es la única dueña. Ya lo escribió Alfonso Reyes sobre nosotros los mexicanos y nuestros ancestros, y la humanidad, lo que nos emparenta es: “…la comunidad del esfuerzo por domeñar nuestra naturaleza brava y fragosa; esfuerzo que es la base bruta de la historia.” (Reyes, Visión de Anahuác [1519], 1915); y muchas veces es la base de las grandes tragedias de esa historia. La naturaleza es ingobernable, pero los hombres nos empeñamos en confinarla e intentar hacerla retroceder, aun sabiéndonos las insignificantes hormigas que somos ante la fuerza creadora y transformadora de la Tierra.

            No es sólo nuestra soberbia como humanidad la que es expuesta por terremotos, huracanes y tormentosas lluvias; también es la incompetencia de las autoridades o la excesiva competencia que ellos se confieren cuando se trata de conceder permisos de usos de suelo y para edificaciones en zonas de riesgo. Incompetencia que la mayoría de las veces no es ingenua y obedece a corrupción, ambición y demás factores económicos y políticos sobre los que se basan el comportamiento y aspiraciones de la mayoría de las autoridades de este país.

            En Baja California Sur con cada fenómeno meteorológico se ponen en riesgo las vidas y el patrimonio de los sudcalifornianos y ¿qué se le va a hacer?, si como dice Cristina Pacheco: “Aquí nos toco vivir”. Entonces viene el escupitajo al sentido común y el elogio a la estupidez cuando se edifican asentamientos humanos en causes de avenidas líquidas naturales, cuando se erigen hoteles a la orilla del mar creando barreras para evitar el deslave que les gusta hacer a las mareas con sus olas, cuando se otorgan permisos de contrucción en las laderas de los cerros. ¿Se les olvida a las autoridades la fragilidad y la diminutez humana ante la fuerza de la naturaleza?, pero aun así en Sudcalifornia cada temporada de lluvias y huracanes en que se dan precipitaciones “atípicas” suceden pérdidas económicas y desgracias humanas. Hemos visto hoteles barridos por la fuerza del mar y edificios arrasados por las crecientes de arroyos de temporal en Los Cabos, arroyos convertidos en violentos ríos enguyendo autos y personas en La Paz, y vados furiosos y anegados en cualquier parte, donde las autoridades no se han decidido a poner un puente enérgico y seguro que le permita al ciudadano sortear los vendavales líquidos sin peligro.

            No hay infraestructura infalible, pero sería de sentido común privilegiar la seguridad del ciudadano en los puntos de cruce que se vuelven pasos de muerte cada lluvia “excesiva” –las lluvias son lo que son–; sentido común que no hay en erigir un hotel con los cimientos en el mar y sobre el manglar, bloqueando la salida natural del vital y mortifero elixir en Punta Lobos, Todos Santos. Sentido descomunal por monstruoso es pretender ganarle terreno al mar en un malecón paceño que no necesita más que mantenimiento y limpieza. Sería de sentido común no erigir una presa de jales en la Sierra de la Laguna, donde las tormentas diluvio serán cada vez más típicas. ¡Pero no, la soberbia y la incompetencia política nos hacen soportar elefantes blancos que naufrgarán con los primeros truenos de la madre naturaleza cuando reclame su lugar!; y entonces habrá tragedias y morirá gente, y sin embargo seguiremos intentando domeñar a la naturaleza.

Roberto E. Galindo Domínguez

Maestro en ciencias, arqueólogo, buzo profesional, literato, diseñador gráfico. Cursa la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente.

 

Y sin embargo intentamos dominar la naturaleza

Imagina un #MarLibre de 36 toneladas de basura

buzos-limpiando-arrecifeTreinta limpiezas, dos años de actividades, cientos de voluntarios: sudcalifornianos, de otros estados y extranjeros. Y lo más importante no son las 36 toneladas de basura que han sacado del mar de Baja California Sur, de arrecifes y manglares, de playas y dunas, en el continente y en las islas, sino la conciencia de que la educación es la base para que los desperdicios no lleguen al mar.

Roberto Galindo

Aunque 36 mil kilos cuentan mucho, deben ser sólo una pequeña parte de la basura que ha llegado al mar si consideramos que en el estado generamos alrededor de 900 toneladas de desperdicios al día. Que la basura llegue al mar por descuido o negligencia no es excusable. Ser indiferente ante la contaminación es punible. Y para aquellos que arrojan la basura a propósito las condenas debieran ser muy severas.

            ¿Quién no ha visto a un conciudadano arrojar botellas, bolsas o cualquier tipo de desperdicios a la calle? ¿Así tienen su casa esos que andan por ahí dilapidando sus miserias de consumo? El puerto, el estado, el país es nuestra casa. Gente que tira la basura en la vía pública demuestra su mala o escasa educación, lo que no le enseñaron en su hogar, lo que no aprendió en la escuela y peor aún, lo que vio hacer a sus mayores cuando niño.

            Educación es el propósito fundamental de Mar Libre —antes llamado Rescatando Nuestros Arrecifes y Manglares (ReNAM)—; educar a los niños y a los adultos para que consideren al planeta como su casa. No exagero al nombrar la Tierra como en una película del Apocalipsis: ¡es nuestra casa y la estamos llenando de basura!

            Nosotros como sociedad, el gobierno y el progreso industrial llevamos la basura al mar, al desierto, al bosque y a cualquier área natural. Y a donde llega nuestra bazofia, a veces no hay humanos, sólo animales que no saben qué hacer con ella —aunque muchos “humanos” tampoco lo saben y la tiran fuera de los contenedores—.

            Mar Libre también realiza otras actividades invaluables, que incluso importan más que las 36 toneladas recolectadas. Ha impartido más de 400 clases de educación ambiental en escuelas de La Paz: en el puerto, La ventana, Los Planes, Cabo Pulmo, Puerto Chale, Chametla, El Centenario y San Juanico; más de doce mil niños y adolecentes hoy saben lo pernicioso que es arrojar basura para los ecosistemas y los animales, pero también para ellos y sus familias. Por otro lado, las comunidades se están embelleciendo con murales que algunos artistas han realizado en homenaje a los hábitats que se limpian y a la fauna costera que Mar Libre salva de la basura; esta es otra acción educativa que pugna por la recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía. Sacar basura no es el fin último, la educación es la clave para evitar que los desperdicios lleguen al medio ambiente.

            La iniciativa ciudadana ha traspasado los limites estatales. Ciudadanos de Ensenada, Baja California, y Tulum, Quintana Roo, se han acercado a los coordinadores para solicitarles apoyo, quieren replicar la exitosa iniciativa ciudadana de limpieza. Incluso gente Guatemala los ha contactado con el mismo propósito. Los resultados de Mar Libre son impactantes si consideramos que no cuentan con aportaciones económicas del gobierno ni lucran con las actividades. Las donaciones que recibe Mar Libre son de dos tipos: la fuerza de trabajo de limpieza del ciudadano y bolsas, agua, guantes, tanques para buceo, embarcaciones, alimentos, entre otras cosas que proporcionan varios prestadores de servicios locales.

            Mar Libre tiene claro que no podrá sacar toda la basura que pulula en el mar que rodea a Sudcalifornia, sabe que mucha ya debe haber llegado a otras playas, a otros países, incluso continentes. Pero sus integrantes creen que pueden ayudar a que llegue menos basura al mar, y piensan que una vez que el ciudadano sea consciente de no tirarla, tampoco llegará a otros ecosistemas.

            Crear una conciencia de la importancia de habitar una casa, un planeta limpio, es un objetivo mucho más ambicioso que sacar toneladas de basura. Se trata de cambiar la forma de pensar y el actuar de la gente. A veces la sociedad nos arrojamos en caída libre en un trayecto largo de autodestrucción. Hoy y desde hace dos años Mar Libre nos da un paracaídas, abrasémoslo como si nuestra vida dependiera de este, porque de hecho sí depende. Aplaudamos la iniciativa, apoyémosla divulgándola y, por qué no, sacando basura en las convocatorias mensuales de Mar Libre.

Roberto E. Galindo Domínguez

Escritor, maestro en ciencias, arqueólogo, buzo profesional, literato, diseñador gráfico. Cursa la maestría en Apreciación y Creación Literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente. Escribe para la revista Contralínea.

Imagina un #MarLibre de 36 toneladas de basura