#LaCuchara “Seguridad” y democracia en Sudcalifornia

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Sandino Gámez

 

La situación actual de México y Baja California Sur puede comprenderse como producto de una larga historia de corrupción en las élites gobernantes, especialmente en los últimos treinta años. Han sido muchas décadas en que el servicio público parece una función no para servir al pueblo, sino para “dar empleo”, cooptar cómplices o enriquecer “legalmente” a individuos o grupos económicos y políticos.

   Cuando un funcionario o empleado público, federal, estatal o municipal, conoce el valor de su trabajo ante la comunidad, la persona que cumple una función pública decidirá la mayoría de las veces del lado de su concepto de colectividad. Decidirá en función de lo que considera es el interés social. Incluso en los actos de corrupción, el funcionario corrupto decide en ese sentido: el dinero público es de todos, “como es de todos no es de nadie”, “mejor yo que otros como yo”, “es el sistema”.

   En nuestro país y en nuestro estado vivimos un drama diario producto de una crisis política, social, institucional, ambiental y económica.

   La muerte o desaparición de casi medio millón de personas en la última década por una violencia sistemática y la absoluta falta de representatividad popular de los partidos políticos y la clase gobernante han llevado al descrédito a las instituciones públicas federales, estatales y municipales.

   El Partido Revolucionario Institucional o el Partido Acción Nacional podrían ganar en 2018 nuevamente la presidencia de la república o la gubernatura del estado o la presidencia municipal de La Paz y no habría más que una profundización de esta grave circunstancia, para sufrimiento de millones de mexicanos y de cientos o miles de sudcalifornianos. Pero en los medios de comunicación escucharíamos una narrativa diferente a la realidad, una narrativa como la presente, en la que se destapa una trama corrupta tras otra sin que los responsables y los corresponsables sean sancionados.

   El presidente Calderón dijo que iba a hacer una “guerra contra el narcotráfico” y colocó a la Marina y el Ejército en las calles. Peña Nieto continuó con la “estrategia”. El resultado comprobado ha sido un aumento terrible en asesinatos y crímenes. México y Baja California Sur están sumidos en una violencia social creciente. El sentido original para todo este sacrificio de vidas humanas y recursos de la nación se resumía en la frase “para que la droga no llegue a tus hijos”. El resultado, comprobado, es que en el mismo periodo de esta “estrategia de seguridad” lo que se ha tenido es un mayor consumo de drogas legales e ilegales.

  ¿Quién quiere que haya mayor consumo de drogas legales e ilegales en México y Baja California Sur? ¿Quién quiere que haya asesinatos, crimen y violencia en nuestro país, nuestro estado, nuestros pueblos y ciudades?

  Para detener la actual violencia del crimen organizado en Baja California Sur, el gobierno de Carlos Mendoza Davis ha dado varias explicaciones que deben ser analizadas en su conjunto.

  En los primeros meses de su gobierno contestó en Los Cabos a un ciudadano con su hija en brazos, que la causa de los asesinatos del crimen organizado en Baja California Sur está al interior de las familias.

   Más adelante el gobernador sintetizó ante los reporteros de la fuente que la estrategia de seguridad de su gobierno era una “medicina”. Poco después, triunfalista ante la captura de un jefe de sicarios, dijo que la “medicina” es la “adecuada” y que sólo había que “aumentar la dosis”.

   Desde que Mendoza Davis se expresara así ha habido tantos asesinatos, cada uno más terrible que el anterior, que son preocupantes las declaraciones más recientes del gobernador sobre seguir aumentando “la dosis”.

  El pueblo sudcaliforniano no es un pueblo enfermo. Tal vez la clase política y gobernante sí esté enferma. Las declaraciones del gobernador dan una idea de ello.

  La clase o grupo gobernante carece de una visión integral de la sociedad sudcaliforniana y está cerrada a la crítica, así sea constructiva. ¿De qué otra manera si no como una enfermedad se puede entender la repetición constante en los subordinados del gobernador de este mismo criterio que culpa a la población de los males que acontecen en nuestro país y estado?

   Los dos más altos responsables directos de la seguridad y la impartición de justicia en Baja California Sur en fechas muy recientes han proyectado esta idea con gran nitidez.

   Erasmo Palemón Escamilla, el “procurador de Justicia” de Baja California Sur (que en otros países latinoamericanos llaman defensor del pueblo) acusó recientemente de “afrenta a la función del Procurador General de Justicia” el dar un “informe detallado” de su actuación nada menos que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

    Por otra parte, el subsecretario de Seguridad Pública de B.C.S., Ismael Sigala Páez, dividió a la mitad el fenómeno de la corrupción, declarando que “el cincuenta por ciento de la corrupción está en el ciudadano” y la otra mitad “está en las instituciones”.

    ¿Son corruptos a la mitad los funcionarios y empleados públicos sudcalifornianos? ¿Se debaten el gobernador y sus secretarios y subsecretarios de estado, a la mitad, entre la corrupción y la honestidad? No podemos creer que la mitad del comportamiento de los altos responsables de la política, las finanzas y la seguridad de Baja California Sur sea tendiente a la corrupción, y que este funcionariado y cargos electos sólo estén esperando, como en el lance de una moneda al aire, la vinculación con un ciudadano corrupto para realizar un acto de corrupción.

   (Es fácil comprobar que la proporción de acciones corruptas entre los integrantes del pueblo sudcaliforniano es muchísimo menor, casi inexistente, a la que sucede entre los funcionarios sudcalifornianos, en el sentido que ha declarado el subsecretario Sigala. También es fácil comprender que este gobierno no hará nada por mejorar las instituciones sudcalifornianas, pues casi al concluir una tercera parte de su periodo de administración no ha indiciado, acusado o detenido a ningún funcionario o ciudadano corrupto, de ahora o de administraciones anteriores. O el grado de impunidad es de cien por ciento o vivimos en un estado con menores índices de corrupción que en Japón o Suecia.)

  Lo que vemos en este gobierno es una ignorancia casi absoluta sobre las particularidades del pueblo sudcaliforniano, así como una gran insensibilidad y prejuicios sociales muy profundos, especialmente en la persona del jefe del ejecutivo estatal. Sus declaraciones públicas lo demuestran de continuo.

    ¿Conviene llamarles al debate, a la discusión pública de estos asuntos? Por ejemplo, si en la casi totalidad de la población hay una carencia de conocimiento sobre derechos, leyes y normativas: ¿cómo puede ejercerse una responsabilidad en el desconocimiento de ella? ¿Quién es el responsable de este desconocimiento? ¿El ciudadano que nace, se desarrolla,  alcanza la mayoría de edad y vive sin tener acceso a las fuentes de cultura cívica de su comunidad? ¿Quién es el responsable entonces? ¿Las instituciones, el Estado sudcaliforniano y el Estado nacional? No. Estas entidades se crearon y se proyectaron precisamente para garantizar el acceso de todas y todos a los derechos, y para distribuir entre todos, también, las obligaciones.

   Las instituciones existen. Pero sus funciones no se realizan o no se realizan bien. ¿Quiénes son los responsables entonces? ¿Qué no se nombran personas específicas responsables para ello?

    En Baja California Sur es inadmisible que estos responsables sean quienes acusan a la población sudcaliforniana de generar la violencia social y propiciar la corrupción.

   Los sudcalifornianos no somos responsables de los asesinatos, el aumento en el consumo de drogas legales e ilegales ni la violencia en nuestras comunidades. Tampoco del desprestigio, desconfianza e inoperatividad de las instituciones de gobierno.

   Somos responsables de elegir o mantener a quienes legalmente, constitucionalmente, son los responsables de arreglar los problemas públicos.

 Esto continuará de manera cada vez más esquizofrénica, hasta que el pueblo sudcaliforniano tenga las herramientas constitucionales para obligar a renunciar a cargos electos o funcionarios que incumplen sus promesas de campaña o son incapaces para realizar efectivamente el propósito de servicio público para el cual han sido designados.

   Continuará mientras el aparato público esté manejado por un cincuenta por ciento de corrupción y sólo un cincuenta por ciento de honestidad. Mientras los servidores públicos sean nombrados y removidos por motivos políticos, electorales y partidistas, en lugar de contar con una carrera de méritos con reglas claras para nombramientos y ascensos.

   En fin, continuará mientras la clase política sudcaliforniana no se renueve con políticos ciudadanos de a pie, que consideren los cargos de elección popular una obligación cívica, temporal por pesada, obligatoria por urgente.

   ¿Quién más va a venir a resolver los problemas sociales de los sudcalifornianos? ¿Funcionarios o gobernantes venidos de fuera, como los actuales?

 

#LaCuchara “Seguridad” y democracia en Sudcalifornia

Dos átomos de Hidrógeno y uno de Oxígeno

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(Foto: Obras para captación de agua en la ciudad de La Paz)

Frank Aguirre

Domingo 13 de agosto. Eran las 7:50 de la mañana y ya hacía calor. Humedad sabor a infierno. La temperatura quemaba tu piel, incluso bajo la sombra. El clima no era benevolente ni siquiera porque estabas recién bañado. En las afueras de un hotel del cual no recuerdo el nombre, nos juntábamos una tercia coches en caravana para salir con dirección a zonas aledañas a la mítica Ciudad Obregón. Después de tres horas de viaje en carretera: la primera parada. Un pueblo con una similitud que bien pudiera ser cualquier comunidad cercana a la sierra de La Laguna en  Sudcalifornia. El pueblo se caracterizaba por calles de tierra y casas modestas de un piso, todas y todos los habitantes en la banqueta o en la sombra: conviviendo, cotorreando, observando detenidamente a quienes ingresamos a la comunidad. La diferencia entre el lugar a donde llegamos y cualquier pueblo aledaño a la Sierra de la Laguna recae en dos cosas importantes: viviendas hechas con adobe y carrizo, y habitantes con un imponente, orgulloso y marcado rasgo étnico. Estábamos en territorio Yaqui. Potam, para ser preciso.

   Los que presenciamos ese momento histórico en la reunión entre el Ingeniero Cárdenas y la Tribu Yaqui, no parábamos de sentir a flor de piel la impotencia de las palabras de denuncia por parte de los jefes y capitanes de Potam: Buscan desarrollarse en base a tecnología sustentable (energía eólica, parques solares y ecotecnias para captar agua), el gobierno PRIISTA se los impide, sin fundamento, y no, no piden dinero. Lo mismo pasó en Vicam (comunidad adherente al Consejo Nacional Indígena) con la presa la angostura y en Loma de Bacum, la última línea de defensa contra el gasoducto ilegal que busca imponer una empresa sobre sus tierras poniendo en peligro a sus niñ@s y miembros de la comunidad (extrañamente el mismo gasoducto le saca la vuelta a Obregón por 30 kilómetros).

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   Lo expuesto por la comunidad Yaqui puso en perspectiva lo sucedido hace unos años en La Paz y el cambio de uso de suelo ilegal que quiso otorgar el cabildo a la minería a cielo abierto: ¿Y si el gobierno no “escucha”? ¿y si el gobierno impone? ¿Y si el gobierno es cómplice? ¿Qué va a pasar cuando la crisis del agua nos alcance al igual que la comunidad yaqui de Vicam?

Error, en La Paz ya vivimos una crisis de agua de la cual nadie habla:

   Desde hace más de 10 años en la ciudad tenemos el famoso método de “tandeo”, nos hemos acostumbrado a creer que cada 3 días te llegue agua a tu casa, que es normal si no tienes aljibe esperar unos días a que vuelva el agua, pedirle agua al vecino. NO. No es normal, debería de llegarnos todos los días, a todas horas.

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   ¿Qué pasa? Nos hemos acostumbrado a “barrer” la arena del patio o del pavimento a manguerazos, a echar agua a la tierra “para que no se levante el polvo”, a dejar la llave mal cerrada, o a durar en la regadera hasta 20 o 30 minutos, ¡a tener pasto ¡EN UNA ZONA DESÉRTICA! Hemos hecho costumbre ver el agua correr en la calle y no buscar la fuente del derrame, denunciar las fugas, cerrar las llaves. También nos hemos acostumbrado a ver fotos de funcionarios de alto nivel inaugurando pozos, o posando al lado de una tubería “sofisticada”. Pero el agua sigue sin llegar.

  El agua sigue sin llegar desde Fidepaz hasta la Márquez de León. No llega porque como casi todo en las instituciones de este país el sistema de agua potable está mal distribuido, carece de tecnología adecuada para nuestro contexto árido y de densidad poblacional. Nuestros funcionarios municipales, dispuestos siempre a superarse, no están siendo atendidos, no están siendo capacitados y profesionalizados conforme a la urgencia y emergencia. Porque “no hay dinero”. Todo lo anterior tiene que ver con financiamiento. Financiamiento que TÚ querida y querido lector, y yo, estamos desembolsando día con día cada que pagamos algún consumible con IVA, cada que pagamos el predial o cuando declaramos impuestos, financiamiento que viene con NUESTRO VOTO. Y ese financiamiento existe, abunda, está a merced de unos cuantos personajes que muchas no escogimos, que en muchas ocasiones son elegidos por unos pocos que no representan ni un tercio del padrón electoral. Ese financiamiento se llama:

1.- Presupuesto de Egreso del Municipio.

2.- Presupuesto de Egresos del Estado (manejado por los diputados).

  En ninguno de los dos lugares podemos encontrar acciones concretas para abastecer de agua tanto a colonias populares como zonas pudientes de la capital de Sudcalifornia. Pero sí vemos campos de golf replicándose. Duplicándose. Vemos hoteles sin escrúpulos que se roban literalmente el agua. Vemos fugas que no se arreglan y mujeres acarreando agua ocho horas al día para poder cocinar, limpiar, bañar a sus hijos.

  ¿Qué pasaría si un día nos pusiéramos las pilas y empezáramos a captar agua de la lluvia? ¿Y qué pasaría si eso fuese ilegal? Nuestro derecho humano al agua hoy y mañana están en riesgo. Urge la democratización del agua para poder ser autosuficientes y ayudar a los demás a serlo, a captar agua con techos inteligentes, a filtrar agua con intervenciones urbanas y que ayuden a recargar los acuíferos y mitigar la infiltración de agua de mar, y reutilizar aguas grises en nuestros jardínes. A captar agua con tecnología avanzada que nos permita tomarle ventaja a la humedad y que permita reutilizarla para beber, para vivir.

   ¿Qué nos toca ahora? Cierra la llave, invierte en arreglar las fugas de tu casa, si puedes compra excusados ahorradores, barre con escoba no con agua, desaste de tu pasto (si tienes) y utiliza plantas nativas que están acostumbradas a la poca precipitación de la zona, denuncia las fugas incesantemente, pregúntale a tu diputado local cuánto están invirtiendo en modernizar el sistema de agua potable, exígele a tu diputado que te rinda cuentas sobre la democratización del agua, es tu empleado.

   El cambio climático ya está aquí, este año llueve, el que sigue quien sabe. Porque hoy podrás tener aljibe, pero mañana quien sabe si este lleno. Evitemos los conflictos por el H2O. Estamos a tiempo. Podemos lograrlo. Podemos hacerlo Aquí y Ahora.

Agradecimiento especial a todo el equipo, miembros y directivos
de Fundación para la Democracia, a todas las 8 comunidades del Yaqui, no están solos.

Dos átomos de Hidrógeno y uno de Oxígeno

#FábulasdeVenus: Acoso sexual, el trasgresor de la dignidad femenina

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(Obra de Ana Razo)

Marisabel Macías Guerrero

Contar historias de todo tipo es el mejor modo que encontramos los seres humanos, desde siempre, para entendernos y entender nuestro mundo. Por lo menos intentarlo.

   Quiero contarles que han sido tantas las historias que se me han presentado desde que este tema me encontró, entre propias y ajenas, recientes o del pasado, que he tardado más de la cuenta decidiendo cómo empezar, cuando lo importante quizá, es qué haremos después de esto.

   Pensé en iniciar con los “piropos” de la mañana, mientras me dirigía a tomar el camión para desplazarme al trabajo, un hombre en bicicleta y otro caminando, con una cuadra de diferencia (sólo recorro cuatro calles), me gritaron respectivamente “mi amor” y “chiquita”… ¿Pero en qué planeta creen estos seres que esas palabras me halagan? ¿O qué es lo que realmente pretenden? ¿Cómo no se enteran de que nos incomoda? Regularmente les respondo, los cuestiono, pero esta vez algo me hizo eco.

   Reflexioné que esa escena me sucede al menos una vez por día, y en que sé que no soy la única, y que aunque a muchos les parece una exageración cuando nos quejamos, el tema del acoso callejero es algo muy serio, y que ya nos tiene hartas. El que algunos hombres, diariamente, en pleno siglo XXI, sigan opinando y gritando juicios sobre nuestro cuerpo o en general nuestra persona, significa que en el fondo no se nos ha quitado esa carga significativa de objetos, es decir, que a las mujeres nos han dejado padecer esa reducción que además se auto legitima como una forma de subjetividad, cuando realmente es un acto indebido, vulgar, que sobrepasa los límites y violenta, el que se supone es un principio fundamental de esta sociedad: la autonomía individual. ¿Cuántos de los hombres que están leyendo esto han sido acosados en la calle? ¿Cuántas veces en su vida? ¿Cómo reaccionarían frente a alguien que, abusando de su fuerza, poder o privilegios, los sometiera a esta violencia cotidiana?

   Pero no sólo nos cosifican en la calle, puede ser peor, puede estar también en casa, en la escuela o en el trabajo, además debes saber que puede ser en cualquier etapa del ciclo vital, igual te sucede cuando eres niña, luego se repite en la universidad o en algún empleo. El acoso y el hostigamiento están enquistados en la sociedad, favorece a esto el que sea un mal invisibilizado.

   ¿Y que cómo asevero esto? Bueno, pensando en cómo abordar el tema del acoso sexual, me fue inevitable no partir de la propia experiencia; y de principio asumí algo: que por más que me nombre feminista, fabricante de lengua, y que ya haya conversado varias veces sobre este tema con amigas y amigos, por más que conozca otras experiencias, realmente he guardado silencio. Pero no más.

 A muchas mujeres nos resulta muy difícil abordar este tema, porque desafortunadamente existe un primo o tío, padre, padrastro, vecino o cualquier desconocido, que nos acosó o acosan: que nos espían mientras estamos en la ducha, o mientras nos cambiamos, que nos tocan “sin querer”, que se tocan al vernos, que nos roban la ropa interior, nos mandan mensajes, que nos toman fotos sin nuestro consentimiento, que nos intimidan o nos hacen bromas de contenido sexual. Esto es algo que nos ocurre todo el tiempo. Imaginen el estrés que eso genera, sentirte acechada, hostigada, cansada hasta el hartazgo.

   En mi caso, padecí hostigamiento y acoso sexual de un par de mis primos, de manera sistemática, que se prolongó durante años, cuando estaba yo en la pubertad y ellos eran varios años mayores que yo; esos parientes arruinaron una etapa de mi vida que debió ser muy mía, sólo mía. Esos acontecimientos implicaron numerosos momentos llenos de miedo y desesperación para mí, y tuvieron claras repercusiones a futuro en diversos aspectos de mi vida. Y fue un tema que en la familia NUNCA se pudo discutir ¡El acoso sexual quebranta la dignidad de quien lo padece! Y todos somos responsables de detenerlo.

   Hasta ahora, más de quince años después, puedo ver claramente los hechos y su trasfondo, puedo racionalizarlo, reflexionarlo, criticarlo y hacer algo para transformarlo; y me parece muy importante contribuir para erradicarlo. Creo que el primer paso para declararse en contra de cualquier tipo de violencia, especialmente del acoso sexual, que es tan poco abordado y aparentemente “imperceptible”, es alzar la voz. Poner el tema sobre el tintero. Que se discuta y erradique.

   Apareció en mi memoria también, la vez en que una de mis mejores amigas, la cual además vivía frente a mi casa, nos contó, cuando teníamos como once o doce años que su papá la veía mientras se bañaba, y que incluso había intentado tocarla en una ocasión. Nosotras –ahora que lo pienso– muy empoderadas, le aconsejamos que le dijera a su mamá; claro que en cuanto ella lo hizo, la abuelita se puso a llorar y todas las mujeres de esa casa convencieron a mi amiga de que dijera que era mentira y que además ¡le pidiera perdón a su papá! Esta visión machista nos enseña a normalizarlo, ocultarlo, hacer como que no pasa. Pero sigue pasando.

   Como ese ejemplo, recuerdo muchos: luego apareció una prima, y una amiga, y la vecina… Y me dio rabia darme cuenta de que es parte de nuestra vida.

    Y mientras seguía dándole vueltas a la historia con la que iba a empezar, llegué a mi destino. Y de nuevo, una realidad social desigual me dio en la cara.

    Me desempeño como profesora universitaria. Este cuatrimestre impartí una materia llamada “Investigación en el contexto social y cultural”. Hace dos semanas, como parte de una actividad para esta clase, en la que debíamos pensar en una problemática en el ámbito educativo, un par de alumnas hicieron de mi conocimiento actos de acoso sexual por parte de un conocido profesor y terapeuta de la institución que, hasta el momento en el que ellas denunciaron el caso a la Universidad, laboraba allí.

   Respondiendo a mi ética profesional y mi compromiso como ciudadana, escuché las versiones de las alumnas, también me acerqué a preguntar a la Subdirección Académica respecto al caso; sé que las autoridades educativas atendieron de inmediato la queja, canalizaron a las jóvenes al área de Psicopedagogía, y cesaron a este psicólogo de su cargo como terapeuta y profesor, quien en terapia y clases, acosaba a sus alumnas, abusando de su posición.

   Sin embargo, actuando en consecuencia a mis principios éticos y feministas, así como a la propia experiencia desde mi cuerpo leído como mujer, me puse a investigar más sobre el tema, porque, aunque me pareció una respuesta muy favorable por parte de la escuela, me di cuenta que no atacaba de raíz este grave problema. Principalmente, porque hace falta la visibilización, hace falta informar para prevenir, sancionar a los responsables, denunciarlos, hablar del tema, llegar hasta las últimas consecuencias para erradicarlo.

   Así que, desde mi ser docente, me atreví a entablar un diálogo, a través de un oficio, con la acreditada Institución de la cual soy parte, haciendo énfasis en la urgencia de diseñar y poner en marcha campañas de prevención e información, talleres o foros, buzones de quejas, área de atención, que se sumen a la intención de formar sociedades más justas e igualitarias, libres de acoso sexual, desde el ámbito universitario. Así como de hacer visible este caso, a través de una denuncia al Colegio de Psicólogos, por la violación a los principios básicos del Código Ético del Psicólogo, por parte de esta persona en su desempeño como terapeuta, e informar su caso a otras Instituciones Universitarias, para que no se vuelva a cometer este tipo de violencia, desde el cargo de poder que un docente ostenta, por parte de la misma persona. Es como descubrir a alguien cometiendo un acto de corrupción, pero darle un puesto similar en otro lado, en lugar de separarle definitivamente de este tipo de responsabilidades.

   A partir de ese suceso, y de hacer lo que creo me corresponde como agente de transformación social; también comencé a abrir el diálogo con otras mujeres que de una u otra forma participan en ámbitos educativos. Muchas de ellas afirmaron que tampoco en las escuelas a las que asisten han recibido algún tipo de información como campañas de prevención contra el acoso sexual, algunas también han sido víctimas y lo han minimizado, o no han sabido identificarlo, y otras que, aunque conocen casos de compañeras, no saben de algún caso que haya sido denunciado y visibilizado. Parece que este tipo de violencia se ha normalizado en las instituciones, y no sólo las educativas. Resulta de suma importancia plantear una reflexión seria sobre el modelo de universidades e instituciones públicas que deseamos.

   Invito a otras personas a que puedan acercarse a las instituciones donde estudian o trabajan, e investiguen con qué mecanismos normativos eficaces cuentan para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual. ¿Qué currículo se tiene en materia de género y diversidad? ¿Qué conocimiento se está generando en su comunidad para provocar un cambio político y social respecto a este grave asunto?

   Es importante que aprendamos a identificar los tipos de violencia que existen, los tipos de acoso, es importante saber que nadie debe hacernos bromas, chistes o gestos de carácter sexual sin que nosotras lo autoricemos, que nadie debe mandarnos mensajes de acoso, ni llamarnos para importunar, y que no estamos obligadas sexualmente con nadie. Con nadie. Ninguna persona tiene derecho a tocarnos sin nuestro consentimiento. Y que nadie tiene derecho a violar nuestra intimidad.

   Debemos ser valientes y asumir una actitud de responsabilidad y firmeza frente a este tipo de agresiones. No podemos seguir calladas, no podemos seguir ocultando este tipo de situaciones en ningún espacio vital. No podemos permitirlo. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, y ellos no nos hacen ningún favor al respetarnos, porque en realidad, es su obligación hacerlo.

   Organicémonos, busquemos grupos de asesoría psicológica y legal, tomemos cursos de defensa personal, dialoguemos sobre este y otros temas “tabú”. Confrontemos al acosador, pongamos un alto, gritemos. Evidenciemos. Denunciemos. Busquemos los recursos necesarios para poner un alto a cada situación de acoso que se presente.

No estamos solas, nos tenemos a nosotras.

Marisabel Macías Guerrero, nació en Los Mochis, Sinaloa (1986).  Es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Profesora de asignatura en algunas Universidades privadas, orientando en materias relacionadas con la Filosofía. Promotora Cultural independiente. Feminista. Mediadora de Sala de Lectura. Ganadora del Premio Estatal de cuento Ciudad de La Paz, 2014, con el libro de relatos PENNY BLACK.

#FábulasdeVenus: Acoso sexual, el trasgresor de la dignidad femenina

El dilema de Los Cabos: ¿el turista o el residente?

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Carlos G. Ibarra

Un rifle automático, en unos cuantos segundos, agujeró la estrategia de miles de dólares en marketing y publicidad que gira en torno a la marca Los Cabos. Los balazos obligaron a familias y turistas a huir de playa Palmilla a la que asisten cada domingo. Ese 6 de agosto ocurrió un golpe simbólico que los hombre del dinero llaman “la gallina de los huevos de oro” en un hecho devastador que revivió declaraciones como “ningún turista resultó herido”.

   En un desesperado intento por contrarrestar la mala imagen en medios de comunicación y evitar la salida de los capitales que fluyen a través del sector turístico, Luis Esponda Cascajares, director del Fidecomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), salió mucho antes que las mismas autoridades con un boletín de prensa para aclarar que los visitantes, ni uno solo, fue herido.  La estrategia del profesional en promoción turística era posicionar en el espectro mediático que en Cabo no se mata al turista. Sin decirlo, recalcó que en Los Cabos solo matan a residentes. A mexicanos. A criminales.

    Al final, en la construcción del mensaje que se difundió pasó a segundo plano la salvaguarda de los locales. Los que habitan las calles cada mañana para ir a chambear atendiendo a millonarios.  Quizá por la inmediatez de la reacción no hubo tiempo de configurar el recado que Esponda Cascajares emitió o quizá la afirmación del Fiturca sea un reflejo de lo que algunos creen, sobre todo aquellos que dependen del negocio turístico.

    Incluso se envió un documento Q&A en inglés que guiará a hoteleros con respuestas a las preguntas frecuentes que hacen medios de comunicación, integrantes de la industria turística y consumidores. De lo que pasó en Palmilla se dirá que las autoridades informaron que “el incidente fue un asunto personal” sin turistas lesionados.  El hecho es un evento aislado. La seguridad de visitantes es la máxima prioridad para las autoridades.  Solo criminales pierden la vida. Se dirá lo que sea para mantener la burbuja.

   La veneración al proceso de turistización del territorio es un fenómeno que lleva implícita la revaloración de la ciudadanía que habita el lugar. La retórica del turismo es un doble discurso: el local pasa a segundo plano. En la lógica de urbanización turística los locales estorban en la ecuación.

    En ciudades turísticas de España, por ejemplo, el rechazo al turismo va en aumento. Esto no es nuevo, George Doxey propuso en 1975 un índice de irritabilidad ante la turistificación que consta de cinco fases: euforia; apatía; molestia; antagonismo y rendición. Justamente Barcelona experimenta la etapa cuatro que generó manifestaciones y actos violentos contra autobuses turísticos; ¿BCS en cuál se encontrará?

    La turismofobia, en España, para algunos es una xenofobia crónica que emanó de un grupo radical de izquierda. Para otros, es la reacción natural a los elevados costos de alquiler que imposibilitan al ciudadano común pagar un piso para vivir, porque Airbnb creó una crisis entre los españoles que, ahora, los obliga a aglutinarse en pequeños departamentos mientras que los extranjeros pagan y habitan ocasionalmente sus antiguos barrios, en una cara más de la gentrificación de las ciudades turística, en un fenómeno que releva una clase social baja por otra con mayor capacidad monetaria.

   ¿Llegará el día en que la aberración al turista por parte del residente ocurra? Sí. En algún momento sucederá como pasa en otros países cuando la presión turística sea insostenible. Pasará bajo condiciones distintas que España o Italia.

    La turismofobia es una reacción natural a las injusticias del turismo y, en BCS, lleva una lista larga de atrocidades como el despojo y daños socioambientales.

Twitter: @cachobanzi

El dilema de Los Cabos: ¿el turista o el residente?

Sudcalifornia: espiral ascendente de barbarie

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Roberto Galindo

No me siento desilusionado por el gobierno del estado, yo no voté por ellos para la gubernatura. Defraudados se deben sentir los que les creyeron al Partido Acción Nacional (PAN) y al actual gobernador sus promesas de campaña, sobre todo en lo que prometieron en cuanto a la inseguridad y la violencia; asuntos que antes de la contienda electoral de 2015 –entonces focalizados en algunos puntos del estado– ya daban muestras de los niveles de barbarie que han alcanzado y de la expansión que tendrían por toda la entidad.

            Antes de que el actual gobierno tomara “las riendas” del estado, la violencia criminal ya estaba instalada en Sudcalifornia, pero eso no los exculpa de no poner orden en la entidad que dicen gobernar. No hay excusa que valga, menos aquella de que es un problema heredado de administraciones anteriores; pues para eso llegaron ellos, para resolver los problemas de Baja California Sur. Y los ciudadanos hayamos o no votado por ellos tenemos el derecho y la obligación de exigirles nos den la seguridad que el Estado debe procurar a sus gobernados. Cuando el PAN y Carlos Mendoza Davis decidieron contender por la gubernatura, ya sabían a lo que se enfrentarían en cuanto al crimen organizado, no existen los políticos ingenuos, entonces dijeron saber cómo prodigar seguridad a los sudcalifornianos.

            Hoy Baja California Sur es uno de los estados más inseguros y violentos de la nación. Ahora el que fuera un paraíso para mexicanos y extranjeros es uno de los lugares más violentos del planeta, pues México es una de las naciones más violentas del mundo y Baja California Sur ocupa los primeros lugares de criminalidad a nivel nacional. Asesinatos en despoblado y en las urbes, ejecuciones en restaurantes y centros comerciales, balaceras en las playas más turísticas y fosas con cuerpos sin identificar. El huracán de la barbarie llegó tarde pero con vigor a la media península y, por desgracia, se estacionó en la entidad y poco a poco incrementa su fuerza.

            Hace tres años que se instaló la violencia en Sudcalifornia y apenas estamos viendo algunas de las consecuencias de la criminalidad armada. Y no es que los más de 600 decesos que se han acumulado desde julio de 2014 no importen, son lamentables tantas muertes, es una desgracia humana. Pero es apenas el comienzo, pues lo que fuera un destino de ensueño y un refugio de paz y tranquilidad ha dejado de serlo y como consecuencia el turismo mermará aún más y el desempleo se incrementará. Hoy vemos los primeros resultados negativos en las estadísticas de estos rubros; pero en las calles, en los barrios, en los espacios públicos ya experimentamos el incremento de la incidencia delictiva: asaltos en la vía pública, hurto en viviendas y negocios, robo de autos, entre otros, pero cada vez más violentos. Otra consecuencia será la depreciación de la tierra, de los bienes raíces, pues el interés por vivir en el estado disminuirá.

            Baja California Sur ya no es la tierra prometida, ya no es la entidad alejada de los problemas nacionales. Ahora es como el resto del país, casi una desgracia, y lo que nos queda como ciudadanos es mostrar nuestra inconformidad de manera pacífica y exigir resultados sensibles a nuestros gobernantes. Estamos a unos pasos de acostumbrarnos a sobrevivir entre fuegos cruzados, a normalizar la violencia en nuestras vidas, la muestra es la pasividad ante los últimos sucesos y seguir diciendo “es entre ellos”. Ellos andan entre nosotros y en estos asuntos del ellos al nosotros hay sólo un momento y un lugar, como les sucedió a esos nosotros que ya forman parte de las estadísticas de esos ellos, los que conforman los daños colaterales de esta espiral ascendente de barbarie que es hoy Sudcalifornia.

 

Roberto E. Galindo Domínguez

Escritor, maestro en ciencias, arqueólogo, buzo profesional, literato, diseñador gráfico. Cursa la maestría en Apreciación y Creación Literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente. Escribe para la revista Contralínea.

Sudcalifornia: espiral ascendente de barbarie

Imagina un #MarLibre de 36 toneladas de basura

buzos-limpiando-arrecifeTreinta limpiezas, dos años de actividades, cientos de voluntarios: sudcalifornianos, de otros estados y extranjeros. Y lo más importante no son las 36 toneladas de basura que han sacado del mar de Baja California Sur, de arrecifes y manglares, de playas y dunas, en el continente y en las islas, sino la conciencia de que la educación es la base para que los desperdicios no lleguen al mar.

Roberto Galindo

Aunque 36 mil kilos cuentan mucho, deben ser sólo una pequeña parte de la basura que ha llegado al mar si consideramos que en el estado generamos alrededor de 900 toneladas de desperdicios al día. Que la basura llegue al mar por descuido o negligencia no es excusable. Ser indiferente ante la contaminación es punible. Y para aquellos que arrojan la basura a propósito las condenas debieran ser muy severas.

            ¿Quién no ha visto a un conciudadano arrojar botellas, bolsas o cualquier tipo de desperdicios a la calle? ¿Así tienen su casa esos que andan por ahí dilapidando sus miserias de consumo? El puerto, el estado, el país es nuestra casa. Gente que tira la basura en la vía pública demuestra su mala o escasa educación, lo que no le enseñaron en su hogar, lo que no aprendió en la escuela y peor aún, lo que vio hacer a sus mayores cuando niño.

            Educación es el propósito fundamental de Mar Libre —antes llamado Rescatando Nuestros Arrecifes y Manglares (ReNAM)—; educar a los niños y a los adultos para que consideren al planeta como su casa. No exagero al nombrar la Tierra como en una película del Apocalipsis: ¡es nuestra casa y la estamos llenando de basura!

            Nosotros como sociedad, el gobierno y el progreso industrial llevamos la basura al mar, al desierto, al bosque y a cualquier área natural. Y a donde llega nuestra bazofia, a veces no hay humanos, sólo animales que no saben qué hacer con ella —aunque muchos “humanos” tampoco lo saben y la tiran fuera de los contenedores—.

            Mar Libre también realiza otras actividades invaluables, que incluso importan más que las 36 toneladas recolectadas. Ha impartido más de 400 clases de educación ambiental en escuelas de La Paz: en el puerto, La ventana, Los Planes, Cabo Pulmo, Puerto Chale, Chametla, El Centenario y San Juanico; más de doce mil niños y adolecentes hoy saben lo pernicioso que es arrojar basura para los ecosistemas y los animales, pero también para ellos y sus familias. Por otro lado, las comunidades se están embelleciendo con murales que algunos artistas han realizado en homenaje a los hábitats que se limpian y a la fauna costera que Mar Libre salva de la basura; esta es otra acción educativa que pugna por la recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía. Sacar basura no es el fin último, la educación es la clave para evitar que los desperdicios lleguen al medio ambiente.

            La iniciativa ciudadana ha traspasado los limites estatales. Ciudadanos de Ensenada, Baja California, y Tulum, Quintana Roo, se han acercado a los coordinadores para solicitarles apoyo, quieren replicar la exitosa iniciativa ciudadana de limpieza. Incluso gente Guatemala los ha contactado con el mismo propósito. Los resultados de Mar Libre son impactantes si consideramos que no cuentan con aportaciones económicas del gobierno ni lucran con las actividades. Las donaciones que recibe Mar Libre son de dos tipos: la fuerza de trabajo de limpieza del ciudadano y bolsas, agua, guantes, tanques para buceo, embarcaciones, alimentos, entre otras cosas que proporcionan varios prestadores de servicios locales.

            Mar Libre tiene claro que no podrá sacar toda la basura que pulula en el mar que rodea a Sudcalifornia, sabe que mucha ya debe haber llegado a otras playas, a otros países, incluso continentes. Pero sus integrantes creen que pueden ayudar a que llegue menos basura al mar, y piensan que una vez que el ciudadano sea consciente de no tirarla, tampoco llegará a otros ecosistemas.

            Crear una conciencia de la importancia de habitar una casa, un planeta limpio, es un objetivo mucho más ambicioso que sacar toneladas de basura. Se trata de cambiar la forma de pensar y el actuar de la gente. A veces la sociedad nos arrojamos en caída libre en un trayecto largo de autodestrucción. Hoy y desde hace dos años Mar Libre nos da un paracaídas, abrasémoslo como si nuestra vida dependiera de este, porque de hecho sí depende. Aplaudamos la iniciativa, apoyémosla divulgándola y, por qué no, sacando basura en las convocatorias mensuales de Mar Libre.

Roberto E. Galindo Domínguez

Escritor, maestro en ciencias, arqueólogo, buzo profesional, literato, diseñador gráfico. Cursa la maestría en Apreciación y Creación Literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente. Escribe para la revista Contralínea.

Imagina un #MarLibre de 36 toneladas de basura

Simulación democrática la ficticia división de poderes en BCS

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Eleazar Gámez Rascón

 

 

En el gobierno que presidió Leonel Cota Montaño (1999-2005), la Constitución Política del Estado de Baja California Sur fue reformada en varios artículos. Uno de ellos fue el artículo 90. La reforma pretendía ocultar el despropósito jurídico haciéndolo más voluminoso. Si antes el Ejecutivo en turno proponía (ordenaba) al Congreso del Estado uno a uno los candidatos a los magistrados que componen el Tribunal Superior de Justicia (titular del Poder Judicial), ahora le “propone” una terna. La reforma tuvo la apariencia de significar un avance democrático. Pero como se ha visto en la elección reciente del magistrado Rodrigo Serrano Castro, quien apenas horas antes de su elección despachaba como Subsecretario de la Consejería Jurídica del gobierno de Carlos Mendoza Davis: el gobernador proponente de la terna sigue concentrando el poder de nombramiento del Poder Judicial. Incluso aunque no tuviera un congreso a modo, como sucede hoy día, es el individuo que preside el Ejecutivo quien constitucionalmente nombra a los individuos integrantes del Poder Judicial. Así la justicia tiene apenas una pátina de democracia por encima de una sólida mole de autoritarismo.

La intervención que reproduzco a continuación es un antecedente de la reforma leonelista que ahora está vigente. Fue un pronunciamiento casi al iniciar la V Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, el 11 de abril de 1987, a una semana de haber iniciado el gobierno de Víctor Liceaga Ruibal. El congreso estatal se aprestaba a aprobar en automático el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Uno de ellos el prestigiado abogado Óscar Eleazar Amador Soto, Procurador de Justicia del estado.

Diputad@s:

Es incuestionable que la solicitud del Ejecutivo del Estado, para que esta Legislatura pruebe los nombramientos de dos nuevos magistrados que habrán de completar el Tribunal superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, se sustenta en las facultades que la Constitución política del estado 30 le confiere.

Sin embargo, en este caso media una circunstancia muy particular: uno de los propuestos para magistrado, el licenciado Óscar Eleazar Amador Soto, durante los últimos seis años ostentó y desempeñó el cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Es decir, fue representante general del Ministerio Público del Fuero Común en el estado. Esto es, el Fiscal General del Estado, o lo que es lo mismo: el responsable de la persecución de todos los delitos del orden común, y de los federales, en los casos que así lo concedan las leyes, según el artículo 87 de la constitución estatal.

Bien, esto significa un hecho muy concreto: la circunstancia de la que hablaba líneas arriba, la imposibilidad de que el licenciado Amador Soto, don Óscar Eleazar Amador Soto, sea magistrado en este periodo. Pues la mayoría, si no es que la totalidad de los casos que hoy se ventilan en las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fueron procurados por él en su personalidad de Procurador General en el sexenio de Alberto Alvarado Arámburo como gobernador (1981-1987).

Entonces, es claro que como magistrado no podrá conocer de dichos casos. Pues así como un juez que ha dictado sentencia sobre un caso determinado y posteriormente es promovido a magistrado, y ya como tal se encuentra con el mismo caso en apelación y se excusa, ya que no puede ser imparcial en un caso juzgado por él. Así igualmente tendría que excusarse el propuesto magistrado (Amador Soto). Sólo que aquí no se trata de un caso, sino prácticamente de todos.

Señores Diputados, la frialdad, la inexorabilidad de los mecanismos legales permiten que se constituyan en la legislatura mayorías mecánicas que ajustan sus resoluciones no a interés de la ciudadanía o de la sociedad en su conjunto, vaya, ni tan siquiera a los intereses de la misma Ley (su forma y su espíritu), sino a interés de la poderosa voluntad del Ejecutivo en turno.

Éste no debe ser el caso, ésta no debe ser la actitud que prevalezca aquí. Se debe rechazar la propuesta del Gobernador e impedir que esta circunstancia siente un precedente que puede ser lesivo a la impartición de la justicia en Baja California Sur.

Señores Diputados, esta circunstancia es, además de lamentable, reveladora. Lamentable porque pareciera que me estoy oponiendo al desarrollo de la carrera del licenciado Óscar Eleazar Amador Soto y no es así. Es el hecho de haber sido hasta hace unos cuantos días Procurador de Justicia del Estado lo que se le opone. Es el procedimiento y la circunstancia que concurren en él, como pudieron concurrir en otra persona que no conociera, y mi deber sería exponer a esta Honorable Congreso lo que en este momento expongo.

Esta circunstancia es reveladora porque nos induce a reflexionar sobre el inmenso poder de que dispone el Ejecutivo, y la absoluta dependencia del Poder Judicial respecto a éste.

El Gobernador del Estado igual que el Presidente de la República reciben de la Constitución Política de Baja California Sur y de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, facultades prácticamente ilimitadas para integrar el poder judicial, uno en el estado y otro en la república.

En el caso específico del Estado de Baja California Sur, el artículo 95 de su Constitución Política señala que: “… el Tribunal, en escrutinio secreto, en la primera sesión que se celebre durante el mes de abril del año en que se haga la designación, nombrará de entre los magistrados al que será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia”.

En efecto, leído así, no queda duda de que este artículo da la apariencia de guardar para el Poder Judicial toda la libertad y soberanía del mundo, respecto al Poder Ejecutivo del estado.

Sólo que cinco artículos antes, el 90 de la misma Constitución, dice: “… el Tribunal Superior de Justicia del Estado se integrará por cinco magistrados numerarios nombrados directamente por el gobernador con la aprobación del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso, en los términos de esta Constitución”.

En otras palabras, cualesquiera que sea el magistrado nombrado presidente por los demás magistrados habrá sido elegido, en realidad, por el gobernador, ya que a él se debe que sea magistrado y al gobernador estará supeditado; igual que los demás magistrados, jueces y ministerios públicos.

Y por si fuera poco, la misma Constitución en su artículo 101 faculta al gobernador para “… pedir ante el Congreso del Estado la destitución de cualesquiera de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y, si el Congreso del Estado declara por mayoría absoluta de votos (nótese que dice mayoría absoluta, no unanimidad), justificada la petición, el magistrado acusado quedará privado, desde luego, de su puesto”.

¿Qué magistrado, qué juez, qué ministerio público del fuero común osaría enfrentarse al Ejecutivo Estatal que goza de tan portentosas facultades legales, las cuales refuerza con la simpatía de esa mayoría absoluta en el congreso, en este congreso, proveniente de su mismo partido?

Diputad@s, esta circunstancia y esa reflexión conjugan hoy una excelente oportunidad para que esta Legislatura dé una prueba inequívoca de imparcialidad y soberanía frente al poder ejecutivo del Estado; ya que es evidente que en este caso el gobernador está pasando por alto no sólo la forma y el procedimiento lógico, sino el espíritu mismo de la Ley y la voluntad última de la sociedad civil, y el Congreso haría lo mismo si convalida tal propuesta.

Al concluir las intervenciones, mi propuesta fue desechada por el presidente de la Gran Comisión de esa legislatura argumentando que el Tribunal Superior de Justicia se compone de dos salas: Justicia y Comercio. Finalmente los doce diputados priistas y los dos panistas votaron a favor de los nombramientos sobre el Poder Legislativo que les enviaba el gobernador. El nuestro fue el único voto en contra.

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*Eleazar Gámez Rascón fue diputado de representación plurinominal en la V Legislatura de Baja California Sur (1987-1990). eleagamez@prodigy.net.mx

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