Sitiados por una minera canadiense

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Alan Flores/El Independiente

La Paz, BCS. Ese caluroso 11 de abril de 2019 abrieron las puertas del salón “Club Casino Bellavista”. De nueva cuenta, el proyecto minero La Pitalla era el protagonista de una reunión pública informativa, ahora, en la colonia Bellavista. Allí esperaban activistas, reporteros y ciudadanos. Había pendones y mantas colgadas que rezaban: “La Paz B.C.S., por el agua y la vida. No a la minería tóxica”.

Ingresaron de manera normal un centenar de personas, hasta que se hicieron presentes alrededor de 15 elementos de seguridad privada del “Grupo Mapiga” que fueron parte de la estrategia de la empresa “Compañía Minera Pitalla”, con la orden de cubrir todas las entradas y revisar el contenido de las mochilas y bolsas de cualquiera que pretendiera entrar.

Un hombre y una mujer, con uniformes muy similares al de la Policía Municipal de La Paz, pero sin autoridad o capacitación alguna, se colocaron en la entrada principal equipados con latas de gas pimienta, esposas y detectores de metales, “para la seguridad de todos”, dijeron al ser cuestionados.DSC01538

La reunión pública informativa sobre el proyecto minero “La Pitalla- San Antonio” comenzó 45 minutos tarde, por parte de la autoridad correspondiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo vocero en el micrófono pidió a los pseudo-policías privados dejar dicho espacio a policías de verdad, que enviaría el XVI Ayuntamiento para el control de acceso. Hicieron caso omiso.

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Apenas habían llegado unas 200 personas, algunos cooperaron, otros no. Entre estos últimos algunos reporteros que confrontaron a los guardias con transmisiones en vivo a través de redes sociales, o activistas que no permitieron la violación a sus derechos individuales como “no ser molestado”. Supuestamente era una convocatoria abierta y pública a cualquier interesado.

“Es nuestro trabajo, yo sólo recibo órdenes”, decía el guardia de nombre Jesús, quien minutos más tarde, ya molesto, perdió el control y confundió su derecho consagrado en el artículo 123 constitucional, con insultar e intimidar a miembros de la prensa cuando se negaron a mostrar el contenido de sus bolsas (¿O para eso les pagaron?).

También tenían intercomunicadores y una decena de personas vestidas de civil, con la finalidad de establecer la logística e identificar potenciales riesgos para su estrategia, ya duramente marcada. Tomaban fotos a los reporteros y asistentes.

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Entre los presentes comenzó a circular información fresca: Ya tarde, pero en camino, se encontraban 17 autobuses con pasajeros de todas las edades “a favor de la mina”, donde sobresalían mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores. Provenían de las comunidades de San Antonio, El Triunfo y San Juan de los Planes, así como colonias marginadas de la periferia.

Llegaron en caravana con pancartas grandes, lonas impresas y bien elaboradas que señalaban “Sí al Proyecto Minero San Antonio”, “Los Planes dice SÍ a La Pitalla”, “Medio Ambiente y minería SÍ es posible”, “Presidente, fuera intereses políticos, Unidos X San Antonio”, encabezados por un animador muy alegre que gritaba: “La Pitalla ya está madura, ya casi se va a caer… Baila, baila, baila, empuja, arriba, arriba, arriba ¡Sí a la Pitalla! (sic)”.

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Los manifestantes también bailaban al ritmo que marcaba una camioneta pick up cargando un par de altoparlantes, de donde salía la voz del animador y una música alegre.

Permanecieron alrededor de 500 personas en el exterior, esperando la “orden” para ingresar. Muchos de ellos portaban chalecos naranja con reflector, algunos llevaban su sombrero, pues eran rancheros, otros llevaban su playera blanca con letras verdes “Sí a la mina”.

Fueron entrando poco a poco hasta que se llenó el recinto preparado para la reunión, mientras “Compañía Minera Pitalla” tomaba la palabra. Los pseudo-policías, quienes seguían en su diligencia extrajudicial, no los registraron, solo les indicaban el lugar donde debían sentarse.

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Aburridos los niños, sentados en la sala junto a sus mamás, abuelitos y hermanos, comenzaron a correr por el recinto y a jugar entre ellos. Algunas señoras los ignoraban y los dejaban salir a jugar, con tal de ver su celular, mientras se proyectaban dos videos de la empresa Argonaut Gold. Sin mayor detalle anunciaban que su prioridad es “la seguridad” y el desarrollo de la población.

Muy pocos ponían atención a las palabras de Rafael Andrés Curra Lava, representante legal de la Compañía Minera Pitalla SA de CV, o a los ponentes que defendieron el proyecto minero, los ingenieros Alberto Jesús Orozco Garza y Ramón Castrejón Lemus.

Quienes más los atendieron fueron los integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), que gritaron “No pasarán”, “Mentirosos”, “No queremos arsénico”, entre otras consignas durante sus participaciones y proyecciones.

Mostraron también pancartas y cartulinas elaboradas en el lugar, con consignas contra el proyecto de minería de oro a cielo abierto.

Enlistó la compañía los antecedentes inclusive de los misioneros jesuitas, quienes iniciaron la exploración y explotación del distrito minero San Antonio-El Triunfo con operaciones artesanales en 1748, hasta el hechos de 2011, cuando presuntamente Argonaut Gold adquirió las tierras sudcalifornianas que pretende explotar.

Como si fueran grandes distancias, en un tono lejano, señaló que el proyecto se localiza en el kilómetro 14 de la carretera estatal Los Planes-San Antonio en el municipio de La Paz. A 43 kilómetros en línea recta de la ciudad de La Paz, a 6 kilómetros al noreste del poblado de San Antonio y a 12 kilómetros al suroeste de San Juan de los Planes.

En una gráfica destacaron que su proyecto, no abarca territorialmente ninguna de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) decretadas por el Gobierno de México.

Informaron que son 613.141 hectáreas en total, de las cuales 577.415 hectáreas son vegetación forestal “Matorral” sarcocrasicaule y dijeron que 211.21 hectáreas están destinadas como “área de reserva para uso futuro”.

El proyecto contempla operar 20 años: 3 años para preparación del sitio y construcción, señalización, rescate de especies de flora y fauna, desmontes, empalme y obra civil; 15 años de operación y mantenimiento, descapote, minado, acondicionamiento de mineral, lixiviación y manejo de soluciones, adsorción en carbón y servicios; finalmente, 2 años para cierre, restauración y clausura.

“¿Y el arsénico?”, preguntó una de las activistas.

Entre sus conclusiones, Argonaut Gold señaló que este espacio es un predio ya impactado, con términos rebuscados señaló que es la zona más impactada de BCS y por tanto más propicia para continuar con estos trabajos. Ofrecieron diversos programas de reforestación y monitoreo ambiental de vegetación, fauna, suelo, agua y paisaje.

“No pasarán”, gritaban mientras describía el responsable legal.

Señalaron además los efectos positivos directamente relacionados con los ingresos y beneficios para los trabajadores, a pesar de ser una reunión técnica para tratar el impacto ambiental. Los expositores fueron repelados al querer hablar de las becas que ofrecen a los habitantes del lugar, lo que causó el aplauso de varios asistentes.

Diversas ponencias continuaron en la misma tónica, durante varias horas. La desesperación comenzó a invadir a los asistentes foráneos, que comenzaron a salir del lugar y a pesar de apoyar a la minera, se veían bastante cansados y hambrientos. Ya llevaban alrededor de 2 horas oyendo palabras que no escuchaban.

Pronto llegaron los “burritos” en paquetes de tres y jugos de la marca “Member’s Choice”, traídos por tres jóvenes que negaron ser parte del proyecto minero, mientras uno de ellos dijo “yo solo soy un estudiante de Geología, para mí, es un posible trabajo, pero solo vine a ver”, dijo el muchacho que cuidaba el alimento.

La promesa del apoyo de 250 pesos era para quien lograra resistir toda la conferencia hasta el final, lo cual se tornó obligatorio para quienes llegaron desde pueblos a varios kilómetros de distancia.

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Tras 6 horas de espera y un calor bastante pesado, el momento más esperado para los ciudadanos pro-mineros llegó, quienes desocuparon el inmueble dejándolo vacío y se dirigieron algunos a casas aledañas para recibir más alimento y algunos “souvenirs”, porque eran bastante solicitadas las playeras, pulseras, gorras y demás recuerdos con la leyenda “Sí a la Mina”.

Posteriormente abordaron los autobuses de regreso a casa, con comida, vestimenta y unos pesos ya resueltos para la semana, porque todavía falta para la quincena.

A pesar de que dicha reunión pública informativa no influirá en la decisión de la Semarnat para aprobar o rechazar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, hubo todo tipo de expresiones a favor y en contra, en donde simular el apoyo ciudadano resultó para la empresa más sencillo, que dar a conocer sus intenciones al grueso de la población sudcaliforniana.

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Sitiados por una minera canadiense

Kybernus: ¿el brazo ideológico de Grupo Salinas?

Kybernus

@cachobanzi

“En Grupo Salinas, a través de nuestra iniciativa social Kybernus, invitamos a jóvenes talentosos a que hagan política y así demostrar que puede ser una actividad honesta, creativa e innovadora, que permita crear condiciones de prosperidad incluyente para la población”,
Ricardo Salinas Pliego.

La lógica extractivista está en constante reinvención frente a las resistencias que genera cuando intenta instalarse algún proyecto de megaminería. Mucho se conoce de la tensión existente con Los Cardones, una de las tantas minas que Ricardo Salinas Pliego posee, pero que la movilización ciudadana en defensa del agua de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, por lo menos en el discurso, lograron que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometiera su cancelación.

El rechazo social al extractivismo minero obliga a las empresas a construir discursos y estrategias en torno al desarrollo comunitario y social de las comunidades que afectarán. La necesidad por evitar una imagen negativa ocasiona que organismos como la Cámara de Minera de México (Camimex) traten contrarrestar la mala fama de los impactos socioambientales cumpliendo en apariencia con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de un documento llamado “Buenas prácticas de desarrollo comunitario en minería”.

“El compromiso social del sector minero en México busca crear un marco de respeto a los derechos humanos, la cultura, los principios, las costumbres y el orden jurídico”,

CAMIMEX.

Por eso, al ver que Kybernus opera desde hace unos años en BCS y al ver el logotipo de Grupo Salinas no pude evitar pensar: ¿cuál es el trasfondo real de un programa de valor social? El organismo tiene la misión de detectar a jóvenes para trabajar la agenda local con 2,000 líderes de las 32 entidades de la república mexicana: Libertad, estado de derecho, igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la sociedad civil, impulso a la innovación y emprendimiento, así como la cultura del mérito.

“Los liderazgos que apoya este proyecto deben estar comprometidos con el fortalecimiento de una democracia liberal en México que se sustente en el respeto a las libertades individuales, a los derechos humanos y a la igualdad de oportunidades de la población”, Grupo Salinas.

Por supuesto que te pone a pensar que un sujeto como Salinas Pliego impulse un programa que busca la mejora desinteresada de la sociedad y no un adoctrinamiento político utilizable en un futuro cercano. Y es que el simple vista, son varios jóvenes con talento quienes colaboran con la agrupación y me es imposible no imaginar que Kybernus es una de las tantas máscaras que utiliza Salinas Pliego para lograr sus planes. Claro, esto es una mera conjetura de quien escribe, pero no está demás traerla a colación.

Lo cierto es que desde la llegada, hace más de 10 años, de la minera a cielo abierto Los Cardones la violación sistemática de derechos humanos con Don Jorge Cordero y su violento desalojo de su rancho; la criminalización en medios de comunicación (incluida Tv Azteca) a la ciudadanía que está en contra del proyecto en La Paz, Los Cabos y Todos Santos o la desaparición de David Sosa, son algunos de los regalitos que Salinas Pliego deja a BCS. ¿A caso el corporativo Salinas busca incidir en la política local a través de los jóvenes y establecer una agenda propia en un futuro cercano?

En un discurso del 28 de mayo de 2018, durante las campañas pasadas, Salinas Pliego señala que “la única y verdadera riqueza de un país no son sus recursos naturales, petróleo, costas y minerales, sino su gente”. En su código de ética, en el penúltimo punto, expresa que sus integrantes “Entienden que el conflicto es inherente a toda actividad humana y plantean soluciones de manera constructiva y positiva”.

¿En verdad lo jóvenes deben creer en una asociación auspiciada por Grupo Salinas?

 

Ligas:

AMLO elogia a Salinas Pliego: tiene dinero, pero también dimensión social, dice https://www.proceso.com.mx/536150/amlo-elogia-a-salinas-pliego-tiene-dinero-pero-tambien-dimension-social-dice

DEMOCRACIA EFECTIVA DEBE OFRECER INSTRUMENTOS PARA ENFRENTAR RETOS: RICARDO SALINAS PLIEGO https://www.aztecanoticias.com.mx/democracia-efectiva-debe-ofrecer-instrumentos-para-enfrentar-retos-ricardo-salinas-pliego/3284793

KYBERNUS http://www.gruposalinas.com/es/kybernus-liderazgo

Kybernus https://www.kybernus.org/Kybernus/Conocenos

Kybernus: ¿el brazo ideológico de Grupo Salinas?

El socio incómodo de “Don Diego”: Pemex, minería submarina y corrupción

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@cachobanzi

En América Latina corrupción y extractivismo son fuerzas en atracción. La minería submarina o extractivismo minero en fondos marino pretendía hacer uso de la añeja corrupción extractivista para expandir sus fronteras al golfo de Ulloa, al norte de BCS, pero tal intento fracasó. Un ejemplo claro es Pemex Fertilizantes y los 21 mil millones de pesos que gastó para comprar a Grupo Fertilan y Agronitrogenados

  Recordemos que Exploraciones Oceánicas, un proyecto de Odissey Marine Exploration, intentó en varias ocasiones obtener la autorización ambiental para extraer aproximadamente 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas del fondo marino durante 50 años. Con el fosfato intentarían surtir el mercado agrícola de México y eso significa, claro está, mucho dinero.

  Después de su derrota, tras el rechazo de pescadores de la región y la negativa de la autoridad ambiental, el proyecto “Don Diego” tuvo que reestructurarse. Una oferta de 45 millones de dólares, en 2015, de Minera Noroeste (Minosa), filial de Altos Hornos de México (AHMSA), inyectó el capital necesario para arrancar una nueva estrategia.

  Hasta hoy comienza a vislumbrarse el tamaño de la corrupción a la que apostaba Exploraciones Oceánicas al utilizar las influencias de Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de administración de AHMSA, quien tenía buena cercanía con el expresidente priista Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

  Exploraciones Oceánicas presumió su optimismo en sitios especializados en el mercado financiero para evitar el retiro de capitales en “Don Diego”. Confiaba que Pemex al comprar 11 plantas de fertilizantes Grupo Fertilan y Agronitorgenados, tendría a quien proveer el fosfato. Claro, esto no sucedió.

  El gobierno de Peña Nieto recompró “las acciones de Fertinal, Pemex pagó 406 millones de dólares de deudas que la empresa debía a Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca, ambas del multimillonario Ricardo Salinas Pliego. Para conseguir el dinero, Pemex pidió un crédito a Nacional Financiera (Nafin), Bancomext y el propio Banco Azteca (Proceso, 2018)”.

  Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno mexicano interpuso una denuncia formal contra Emilio Lozoya Austin ante la recién creada Fiscalía General de la República.

  No es la primera vez que AHMSA es parte de un escándalo de esta naturaleza. En 2016, luego de la publicación de los Panama Papers, descubrieron que el flamante socio de la minera submarina “Don Diego” utilizó en 2006 una compañía off shore para triangular recursos, justo cuando pasaba por problemas financieros.

  Al final, lo que parecía una jugada maestra para impulsar el mercado de fertilizantes, se convirtió en una treta de AHMSA para deshacerse de  una empresa inactiva y chatarra: Agronitrogenados; “Agronitrogenados y Grupo Fertinal provocaron un desastre industrial en Pemex Fertilizantes, una de las subsidiarias de Pemex que engendró la reforma energética (Proceso, 2018)”.

 ¿La minería submarina es el futuro del golfo de Ulloa?

  No lo creo.

 

Consulta:

Gobierno federal denuncia ante la FGR recompra de chatarra desde el Pemex de Lozoya  https://www.proceso.com.mx/574843/gobierno-federal-denuncia-ante-la-fgr-recompra-de-chatarra-desde-el-pemex-de-lozoya
Ligan a socio de minera submarina “Don Diego” con escándalo #PanamaPapers https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2016/04/05/ligan-a-socio-de-minera-submarina-don-diego-con-escandalo-panamapapers
La (diluida) sombra de “Don Diego” https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/04/11/la-diluida-sombra-de-don-diego
Extractivismos y corrupción en América del Sur http://ambiental.net/wp-content/uploads/2017/11/GudynasExtractivismosCorrupcionReviise2017.pdf
El socio incómodo de “Don Diego”: Pemex, minería submarina y corrupción

#ExigimosJusticiaParaRafael

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Foto: Jorge Roldan

22/01/2019

Hoy nos moviliza el dolor. La rabia. La impotencia por el asesinato del periodista Rafael Murúa Manríquez. Hasta aquí llegamos para manifestar nuestro repudio a tan atroz acto. Amigas y amigos, periodistas, reporteros, activistas, representantes de la academia nos sumamos al dolor que embarga a la familia. Nadie debe morir de esta forma en Baja California Sur y el resto de México.

Al presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, pedimos fortalezca las estrategias federales para proteger a periodistas, porque al parecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no da resultado.

Al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, solicitamos que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), investigue a fondo cada una de las líneas para que se castigue al actor intelectual y material del homicidio.

Exhortamos al Gobierno de BCS que mejore las condiciones de seguridad a quienes realizan diariamente la tarea periodística en los municipios del norte de BCS, en donde los reporteros son históricamente abandonados a su suerte.

Condenamos la criminalización y revictimización que hubo por parte de la PGJE. Reprobamos al igual que ARTICLE 19 y AMARC en México el comunicado emitido por la instancia estatal enfatiza la presencia de “marihuana”. Coincidimos en que esto se trata de un discurso oficial que estigmatiza, criminaliza y omite la calidad de periodista de Murúa así como las amenazas de las que estaba siendo víctima con pleno conocimiento del Estado.

Demandamos al Congreso del Estado de Baja California Sur que se comprometan en la creación de una comisión investigadora paralela para vigilar el cuidado del proceso que realicen las autoridades federales, estatales y municipales. Solicitamos se legisle en materia de protección a periodistas.

Nos unimos a la exigencia colectiva de medios, organizaciones y ciudadanos: una exhaustiva investigación por parte de las autoridades estatales y federales que lleven a esclarecer los hechos y a castigar a los responsables. Que tu muerte y la de cualquier persona, no quede en esa vergonzosa estadística de impunidad.

#ExigimosJusticiaParaRafael

¿Quién asesinó a Rafael Murúa Manríquez?

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@cachobanzi

Ayer la luna trajo sangre. De la manera que más duele, la más cobarde, la más ruin un cabrón (o varios) aprovecharon la impunidad enraizada en Baja California Sur y, en el municipio de Mulegé, para terminar con la vida de un amigo: Rafael Murúa Manrínquez.

El eclipse lunar se convirtió en una premonición. 2019 comenzó con una pérdida que vulnera al periodismo sudcaliforniano.

Desde 2016, el periodista fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas de México, pero a las autoridades federales, estatales y municipales de entonces, esperaron a que se apaciguaran las aguas para que se olvidara.

A finales de 2018 volvió a pedir ayuda. Usó sus redes sociales digitales y los espacios que medios de comunicación decidieron ofrecer para comunicar su desesperado mensaje. Lo amenazaron. Lo tacharon de paranoico. Lo criticaron. En Santa Rosalía no le creyeron.

En el #BlogElOrganismo, a través de su columna de opinión #Gonzolador, narró que “por primera vez un tema de política causó agresiones a mi persona, familia y patrimonio. Cabe señalar que me expresé solamente en mi cuenta personal de Facebook, no en la de Radiokashana FM, tampoco en nuestro sitio web o radio”.

Claro, el presidente municipal Felipe Prado, aunque tardó en dar una postura gracias a su pésima estrategia de manejo de medios de comunicación, negó las acusaciones. El reportero Ignacio Estrada publicó:

“Vía telefónica entrevisté al alcalde de Mulegé, Felipe Prado Bautista relacionado con el caso, extrañado me dijo desconocer totalmente de la situación, lo que si me aseguró que quién o quienes tengan problemas personales los arreglen entre ellos, ya que él se encuentra muy ocupado trabajando para poder cumplir los compromisos contraídos con los ciudadanos muleginos de punta a punta y no tiene tiempo para estar escuchando y leyendo intrigas y amenazas de personas que solo buscan saciar sus intereses personales y que quedaron mal impuestos, cuando eran tratados como reyes con grandes cantidades de dinero para tapar y solapar pillerías”.

Hoy leo varios mensajes de personas cercanas más preocupados por deslindar y defender al alcalde Felipe Prado que por exigir con rabia del esclarecimiento del asesinato de Rafa. Como si se mereciera morir así: desangrado. Como si él se lo hubiera buscado. Algunos llamaron a los medios de comunicación tendenciosos o ridículos por solo repetir lo que el director de la primera radio comunitaria lanzó antes de su homicidio:

Funcionarios del XVI Ayuntamiento de Mulegé, presidido por Felipe Prado Bautista, me han llamado paranoico delirante de persecución por señalar estos hechos, aunque jamás he señalado a nadie por ello. No pretendo acusar aquí a una persona por estos incidentes”.

Las autoridades deberán investigar cada una de las líneas, porque supongo hay varios sospechosos en un pueblo tan pequeño como Santa Rosalía.

La pregunta sigue: ¿Quién asesinó a Rafael Murúa?

¿Quién asesinó a Rafael Murúa Manríquez?

Sí a una Ley de Movilidad para todos y no solo para el gobernador

gobernador PAN

Alan Flores

El pasado 5 de octubre, el gobernador panista, Carlos Mendoza Davis, envió una iniciativa más al Congreso de Baja California Sur (BCS): la Ley de Movilidad. La mandó a un congreso en el que las y los diputados en su mayoría son de la primera fuerza nacional: Morena.

En su discurso, como buen orador, Mendoza Davis ofreció modernizar la infraestructura de movilidad urbana, una oferta amplia y competitiva de transporte y un sistema más “eficiente, suficiente, amable, seguro, económico y menos contaminante”.

Utilizando una de sus principales armas, la labia y poder de convencimiento, se lanzó contra uno de los sectores más criticados por su actuar: el gremio transportista que, con los años, han defendido “no tocar” la actual Ley de Transporte, vigente desde 1997 y que faculta al gobernador en turno a “concesionar” (neoliberalismo) el servicio a particulares.

Dijo que el esquema instaurado por el entonces gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Mercado Romero, era proclive al clientelismo, debido a que las concesiones se entregaron a los transportistas, pero también a los amigos, parientes, aliados políticos y con un reparto verdaderamente discrecional.

Hasta hoy, todavía no se ha transparentado el listado total de concesiones otorgadas desde 1997, gracias a que todos los gobiernos, incluyendo el actual, prefieren guardar las cosas incómodas y evitar los cuestionamientos hacia administraciones pasadas.

El hecho de que los amigos políticos e influyentes se colocaran como dueños de las placas y que no se contemplaran sanciones efectivas para quienes violen la ley, dio cauce a lo que tenemos hoy en la entidad: caos e impunidad.

Conductores que por no tener una de estas valiosas concesiones, se dedicaron a rentar placas de taxi, transporte colectivo y, al mismo tiempo, se convirtieron en verdaderos esclavos (sin prestaciones a pesar del alto riesgo del trabajo) de los poderosos concesionarios.

Por una mínima cantidad, prestan el servicio, pagan la gasolina y mantienen funcionando estos permisos que por ley se suponen son “intransferibles” y, además, no deben ser interrumpidos por causa de interés público.

Desde aquel entonces, el transporte comenzó a manejarse como una propiedad privada (concesionada), un patrimonio familiar y un verdadero negociazo obligado, en lugar de un derecho para los ciudadanos que no tienen acceso a un automóvil particular y deben movilizarse a sus centros de trabajo a como dé lugar desde tempranas horas de la mañana.

El problema fue y siempre ha sido la falta de mecanismos de sanción para quienes no cumplan con las leyes vigentes, pero a los amigos no se les cuestiona y a los que son transportistas, pues, menos.

Así fue como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Alianza de Sitios de Autos y Transportes de Alquiler (ASATA) y demás organizaciones, se convirtieron en poderosos traficantes de influencias políticas y además grupos de poder predominantes de los que han emanado diputados, regidores, directores, secretarios y demás cargos de decisión directa en política pública.

Es claro que con este contexto, la Ley de Transporte de 1997 comenzara poco a poco a empolvarse entre la anarquía del influyentismo y la corrupción.

Cuando Carlos Mendoza Davis, hijo del primer gobernador, Ángel César Mendoza Arámburo, comenzó a promocionar “su” Ley de Movilidad en pleno 2018, hizo referencia a estos problemas de manera muy somera, pero no se midió y ofreció grandes “transformaciones” a los actuales peseros viejitos, unidades de taxi destartaladas y monopolios fuertemente enquistados al sistema y vida cotidiana de los sudcalifornianos, víctimas y rehenes de sus malas prácticas.

De pronto el Poder Ejecutivo cambió su postura y decidió tomar la bandera de las plataformas digitales como el famoso sistema “Uber”, que ha venido a cambiar la forma en que visualizamos el servicio, principalmente a quienes cuentan con “smartphones” con acceso a internet.

Anteriormente de forma pulcra e institucional, Mendoza se había manifestado en contra de cualquier esquema de transporte que no estuviera “contemplado en la ley” y aseguró que pondría manos a la obra para solucionar este problema.

“Uber” entró y no pasó nada. Entraron más plataformas y tampoco pasó nada. La Ley de 1997 estaba muy lejos de contemplar su funcionamiento y gracias a la falta de autoridad, comenzaron las agresiones a los choferes de estas plataformas digitales que incluso eran orquestadas por los influyentes en La Paz y Los Cabos, dueños de concesiones.

Por eso iniciaron los trabajos de una nueva ley con 5 foros organizados por la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad (Sepuim), fueron más de 300 ponencias.

Todo lucía muy bien, ya que los activistas de la sociedad civil se sumaron de forma efectiva para dar sus mejores ideas. Poner al peatón y al ciclista en el centro de prioridades y no a los automóviles o unidades de transporte, contaminantes y de alta peligrosidad por su falta de regulación.

Se propusieron plataformas para monitorear rutas en línea, paraderos más eficientes, mejores rutas y verdadera planeación conforme al crecimiento de la ciudad, credencialización para estudiantes con descuento, infraestructura para peatones y vehículos no motorizados como bicicletas y esquemas modernistas para aprovechar las distancias cortas en una capital pequeña como La Paz y demás cabeceras municipales.

Sin embargo el gobernador prefirió enviar una ley “copiada” desde Quintana Roo para crear un Instituto de Movilidad (cuyo titular será designado por él directamente) y conferirle todas las atribuciones del gobierno estatal y hasta municipal. Entre ellas “todas las políticas” en materia de transporte y la facultad de inspección de forma unilateral del cumplimiento de la Ley (los famosos retenes se hacen legales).

Los foros fueron totalmente ignorados, las organizaciones civiles omitidas y los activistas reducidos a lo que siempre han sido, una pieza más del rompecabezas de la simulación gubernamental.

Aprovechando la poca vocación de los diputados de Morena en materia de transporte (no querer meterse en broncas), en la Comisión de Transporte del Poder Legislativo se “acomodaron” los diputados Rigoberto Murillo Aguilar del Partido Encuentro Social (PES), expriista y hermano del líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Lineth Montaño Ruiz, considerada sin fracción y con afinidad al PES y Elizabeth Rocha, del Partido Acción Nacional (PAN).

Ellos decidieron una nueva serie de “foros” en todos los municipios, pero ahora encabezados por el Congreso, para presuntamente “escuchar la opinión de la ciudadanía” con apoyo de un particular: Guillermo Sánchez Flores, también conocido como “MFT División Transportes”.

Con una prisa “inexplicable”, se encargaron de tomar la iniciativa de transporte ya “copiada” y hacerle ligeras modificaciones, para de nueva cuenta, sin tomar en cuenta los foros (práctica común al parecer), presentar un dictamen plagado de errores hasta en la fecha, título del dictamen y con un membrete oficial que en pleno diciembre, seguía celebrando a octubre como “mes de la sudcaliforniedad”.

Los legisladores morenistas seguían en el jaloneo sobre los recortes de salario y de presupuesto, comparecencias y otros tópicos, cuando de manera sorpresiva, la Comisión de Transporte decidió que era momento de leer el polémico dictamen y votarlo para su aprobación, con la urgencia que solo haría feliz a una persona: El gobernador Carlos Mendoza Davis.

Pero una manifestación de transportistas acudió para señalar que no los habían tomado en cuenta. La sociedad civil organizada calló y otorgó, mientras los funcionarios del gobierno comenzaron una campaña para hablar maravillas de una Ley de Movilidad que seguramente, ni siquiera leyeron.

Los diputados de Morena continuaron exhibiendo su poco oficio político y no llegaron a la sesión en que pretendían presentarla. No se les ocurrió llegar con verdadero oficio legislativo para defender sus motivos de rechazar esta apresurada propuesta (si bien tardada solamente por los foros, que sirvieron para nada).

No hubo espacio para el diálogo institucional y sí para la confrontación desde espacios mediáticos: diarios digitales, Facebook, Twitter, Instagram y demás foros no vinculantes al Congreso.

El chantaje desde el PAN fue evidente: Usando el lema de la modernización tan necesaria, usaron su política de “digo una cosa y hago otra” agarrando de bandera la necesidad que ellos mismos crearon permitiendo la corrupción desmedida durante 21 años sin decir nada, inclusive siendo gobierno los últimos 7 años.

Ahora quieren echarle la culpa a otros de su viejo sistema, utilizando a la gente que pide a gritos un mejor transporte, con el único fin de autorizar esta ley con nuevos vacíos legales, sin adecuarse a las necesidades peninsulares y con un tinte de autoritarismo (¿a poco?) al facultar indirectamente al gobernador de todas las decisiones.

Si bien el súper poderoso Instituto de Movilidad será “descentralizado”, resultará tan independiente como el ITAI, el ISJ, el Inmujeres, el IEE y demás comparsas del gobierno en turno, al ser este quien les otorga cada centavo de su presupuesto, regularmente insuficiente para llevar a cabo sus funciones y tener independencia a lo largo del año.

De hecho, es muy común ver a los directores “talonear” con la Secretaría de Finanzas para que les hagan el “favor” de ampliar sus montos presupuestales en el transcurso de los meses.

Sí. Hace falta una Ley de Movilidad y una reestructuración del sistema actual, pero no con albazos, no con imposiciones ni chantajes y sobre todo: Escuchando a los colectivos que se han destacado por su trabajo en favor de la ciudadanía, más allá de intereses particulares o de grupo y la visión única de un gobernador.

Ahora quienes no han leído la ley, consideran que defenderla es defender a Uber, apoyar la modernización y se congratulan por atacar al transportista, convertido en el villano de esta película, a pesar de ser un producto de la clase política y las familias que nos gobiernan desde que BCS se convirtió en un estado libre y soberano.

También salieron a defender la Ley de Movilidad los consejos empresariales, cámaras de comercio y demás representantes de los contratistas del gobierno, quienes respaldan al gobernador aunque diga que el cielo es rojo.

Salieron también a la palestra los funcionarios estatales del PAN, quienes posiblemente solo en su juventud utilizaron un par de veces el transporte público, pero utilizando las banderas ya mencionadas y criticando al movimiento opositor que les arrebató el Congreso, con el agregado político electoral consecuente.

Parece que, ahora sí, es momento de escuchar a especialistas, organizaciones civiles y a la ciudadanía informada para conformar una nueva Ley de Movilidad.

El tema es largo y no se trata solamente de publicar una ley que podría convertirse de nueva cuenta en letra muerta, sino de verdad generar una propuesta incluyente con todos los sectores ignorados por esta lucha de poderes fácticos en la sudcalifornia.

Que de verdad haya mecanismos claros para detener a los monopolios, que el servicio regrese a manos de los ciudadanos y aproveche el internet, ya que somos el estado con mayor conectividad en México.

Que el gobierno regule la movilidad de manera justa, imparcial y sin intereses particulares o de empresas contratistas, transportistas y mucho menos de familias poderosas.

Alan Flores Ramos es jefe de información en Diario El Independiente en La Paz, egresado de la licenciatura en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS); se inició en la “talacha” reporteril desde agosto de 2015.

Sí a una Ley de Movilidad para todos y no solo para el gobernador

Nacionalismo en tiempos de “entreguismo”

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Alan Flores

Tenía que llegar el Siglo XXI con su avance digital, tecnológico y de comunicaciones para que México tuviera al presidente más legítimo de su historia reciente, que tomó protesta el pasado 1 de diciembre con la promesa de terminar con históricos privilegios de la clase política y la normalizada corrupción mexicana.

  Andrés Manuel López Obrador logró sumar 30 millones de votos en la elección del pasado 1 de julio, más que cualquier otro mandatario. Con el “tsunami electoral” frenó en seco una época marcada por elecciones de Estado, en las que el presidente de México en turno daba el “visto bueno” a su sucesor.

  “La tercera es la vencida” decía el tabasqueño, después de haber sido derrotado en las presidenciales de 2012 por Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y antes, en 2006, cuando hacía rabieta pública por el “fraude electoral” (por muchos conocido y bien documentado) a favor de Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN).

  Salvo honrosas excepciones, la gran mayoría de los detractores de López Obrador, principalmente influyentes empresarios, son quienes anteriormente promovían políticas económicas neoliberales que sumieron al país en una deuda billonaria, educación de baja calidad, un campo desmantelado, inseguridad generalizada y una economía arrodillada ante los Estados Unidos de América. Una descomposición del tejido social y muchos muertos.

 La reforma energética elucubrada por Calderón y Peña Nieto (Común denominador=José Antonio Meade) fue una fiesta con pastel. Se repartieron pedazos grandes y pequeños de nuestra industria a manos extranjeras o nacionales, incluyendo el petróleo, principal fuente de riqueza natural y sostén del gobierno, a cambio de nada.

 Con López Obrador es lógico que México salga de este confinamiento geopolítico y comience una nueva época con la comunidad internacional.

  Conocido su discurso y sus ideas, ahora podrá explotar mejor nuestras riquezas ante un panorama mundial con tendencia nacionalista, tras confirmarse la caída el imperio de la globalización en todos los continentes y, ahora, en nuestro país.

  Y no, Andrés Manuel no es Trump. Ni tampoco es Bolsonaro. Hay de populismos a populismos, leí por ahí. El nuevo bastión del “nacionalismo” deberá aprender a ser una transición viva hacia un México mejor que debe empezar con los pueblos originarios: olvidados y vapuleados por el clasismo imperante élites de poder político-económico de México.

  Es de celebrar por supuesto, que día con día haya más ciudadanos informados de las acciones del nuevo gobierno, cuestionando, preguntando y criticando, pero también aportando a la construcción de un nuevo país.

  La llamada “Cuarta Transformación” no se trata de una sola persona, sino del cambio de actitud para todo un pueblo cansado de impunidad, puesto contra la lona y saqueado, sin siquiera tener la noción, gracias a la opacidad como política gubernamental.

 ¿Pero de verdad vamos a perdonar a los corruptos? Depende de si confiesan sus crímenes y devuelven lo robado. Como ciudadanos, de todas formas hemos visto que más allá de perdonar, se promueve que “el que no tranza, no avanza”.

  Los bríos de legitimidad se sienten. Para la toma de protesta de López Obrador no hicieron falta tanques, bombas de agua, gases lacrimógenos ni mucho menos granaderos.

  Se respira un aire distinto sin el PRI o sin el PAN en el poder. Ni siquiera con la “alternancia” entre los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox se respiró un ambiente tan festivo.

Más puntos para el análisis crítico se abren ahora que López Obrador llega al poder, ya que como él mismo ha manifestado frente al pueblo: “no tiene derecho a fallar”.

  Siguen siendo noticia anuncios previos a su toma de protesta, que cimbraron a los poderes económicos malacostumbrados a ganar siempre. Anuncios como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y de la construcción del nuevo Tren Maya, ambos ratificados en consultas populares (también denostadas por su carácter privado y no constitucional).

  La ciudadanía deberá estar atenta a sus nuevas autoridades. Pendientes de los políticos “importados” de otros partidos que sólo han sabido “obedecer al de arriba” y ahora “obedecen” al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), respaldando con sus viejas prácticas este proyecto de nación que promueve el líder moral y político del país.

  Entre sus cuatro paredes, los gobernadores más autoritarios y corruptos heredados de la derecha mexicana, firmaron su rechazo ante la compactación de las estructuras de la federación en los estados porque ven amenazada su “autoridad”, ya que los delegados de todas las secretarías serán sustituidos por una figura única gestora y representante del presidente, lo que reducirá espacios de discrecionalidad (“me ayudas y te ayudo y nadie supo”) y el gasto (¡vaya sueldazos tenían!).

 “Es una incubadora de candidatos”, dicen los gobernadores… ¿El león cree que todos son de su condición? Un cargo no garantiza precisamente el éxito en la política.

 Antes de juzgar, los gobernadores tendrán que “aguantarse” y esperar, ya que los esquemas y moldes heredados de sus madres, PRI y el PAN, no nos funcionaron.

  De sobra sabemos que fuera de la Ciudad de México, el gobierno federal se muestra ausente y sin personalidad en los estados principalmente ajenos en materia ambiental.

  De gran coyuntura será la relación de los nuevos “súper-delegados” con gobernadores (léase: virreyes celosos), porque cualquier señal de entrega a las viejas prácticas corruptas y de opacidad, confirmará que el “reciclaje político” tampoco funcionó como medida transitoria.

  Es para destacar también el vacío de poder que se vivió desde el 2 de julio al 1 de diciembre, cuando prácticamente Enrique Peña Nieto “desapareció” junto con todo su gobierno para preparar su salida por la puerta de atrás.

  El vacío fue bien aprovechado por AMLO para reafirmar su imagen y además, iniciar los cimientos de una toma de protesta que, niegue quien lo niegue, fue historia pura.

  En algunas entidades incluso se adelantaron los “súper-delegados” para anunciar nuevas políticas conjuntas con gobernadores, sobre todo en aquellos que se han mostrado en plena cooperación con el nuevo gobierno.

  Por eso hay que ir anotando los cambios que se dan y analizar a fondo sus implicaciones, porque para cada acción hay una reacción.

  Un ingrediente importante para la transformación de la vida institucional, es el papel de Olga Sánchez Cordero, nueva titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

  ¿Quién mejor para cambiar de viva voz las carencias en los 3 poderes?: Ha sido parte del Poder Judicial (como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), del Poder Legislativo (Senadora de la República) y ahora está despachando en el Poder Ejecutivo.

  Podemos decir que López Obrador tiene el bastón de mando y la silla presidencial. Ahora queda pedirle que esté a la altura de sus logros y que sea recordado como el mejor presidente de México.

  Se vale errar, se vale ser humano y tener los pies en la tierra. Los cambios llegarán, pero no serán para hoy. Quien no lo entienda y exija a los cuatro vientos resultados inmediatos del nuevo presidente, desconoce uno de los principales ingredientes de la política: el tiempo.

  Porque en gran medida, los aplaudidores del viejo régimen hoy se convertirán en rancia oposición, sin ideología y sin representatividad. Solo representarán su casa, sus intereses y a sus amigos con dinero.

  Se vale criticar, pero con congruencia y honestidad ¿Somos justos o solo somos ruidosos?

  Nos esperan seis años para comprobar de qué está hecho nuestro sistema político: De odio y polarización o de verdadera voluntad para regresarnos nuestro carácter de potencia mundial.

  Y por último tengamos en cuenta lo más legítimo: Una realidad urgida de cambios profundos.

Desde la raíz.

 

Alan Flores Ramos es jefe de información en Diario El Independiente en La Paz, egresado de la licenciatura en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS); se inició en la “talacha” reporteril desde agosto de 2015.

Nacionalismo en tiempos de “entreguismo”