Miedo es lo que queda

militarización

@cachobanzi (Twitter)

Miedo es lo que queda. Salir de noche con la sensación de que en cualquier momento una bala te alcance, un proyectil perdido de alguna disputa entre esos jóvenes que mueren a diario en La Paz. Sientes miedo cuando ves a esos uniformados empuñando sus poderosas armas por las calles. La ciudad es un gran matadero y, nosotros, la próxima res en ser sacrificada, porque en el estado actual, en automático, como ya lo he dicho, eres un sospechoso. Incluso, tú desconfías del otro, ¿qué tal si es uno de esos ‘violentos’? La violencia que genera nuestros miedos sirve también para justificar la Ley de Seguridad Interior.

La violencia se entierra en nuestras mentes y parece reproducirse de manera intensa en un Estado nación doblegado por el crimen organizado, pero sabemos que esto no es así.  Más bien es que no les importa. Vivimos en una democracia militar que hasta hoy logra su legitimación. Con los militares sueltos, la disminución de la violencia no bajó en los 10 años de la supuesta guerra contra el narcotráfico, sino que se intensificó. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no sólo se legaliza el actuar de las fuerzas armadas, sino que es una contraposición de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o por lo menos, esto declara la Coordinación alemana de Derechos Humanos en México: “existe el peligro que aumenten aún más las violaciones de derechos humanos y persista la amenaza para defensores y defensoras de los derechos humanos”.

México tiene una larga lista de violaciones de derechos humanos de los elementos de las fuerzas armadas. Desde la consolidación del régimen priísta, las botas militares pisoteaban las protestas de estudiantes, mujeres, pueblos originarios, campesinos, maestros, activistas sociales, obreros, pero de alguna forma siempre volvían a sus cuarteles. Con Felipe Calderón (2006-2012) la “guerra contra el crimen organizado” las botas militares tomaron las calles perfilando un sombrío futuro, el cual, hoy se impone como nuestro presente. Al ser el patio trasero de Estados Unidos, nuestra nación tuvo que disciplinarse a las políticas globales de seguridad tanto interna como externamente.

¿Cómo afectará la violencia y la militarización en la participación ciudadana en BCS? ¿Cuál será el nuevo escenario de la protesta social? Aquí la ciudadanía libra luchas en contra enormes desarrollos turísticos-inmobiliarios o proyectos de minería a gran escala potencialmente destructivos convirtiendo a los territorios que ocupan en áreas de sacrificio para el sistema neoliberal actual. También se une a movilizaciones nacionales desde distintos sectores sociales y políticos, pero hoy enfrentan un panorama muy distinto, en el que la violencia toma un papel central generando una parálisis colectiva que, a su vez,  justifica la salida de soldados de los cuarteles, aunque signifique violar la Constitución.

Si retomamos lo dicho por Pilar Calveiro, los Estados centrales controlan instancias como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, a través de los cuales se establece un discurso de poder que deben obedecer países como México. Para un mejor control global y facilitar la expansión de las corporaciones, las fuerzas militares al final se convierten en aparatos de represión y control social; a través de la “guerra contra el crimen” (así como la “guerra contra el terrorismo”) es más fácil aplicar una violencia represiva. Calveiro afirma que ambas son una construcción del poder global; “estas ‘guerras’ tienen el objeto de justificar la violencia estatal necesaria para intervenir en cualquier lugar del planeta y de la sociedad, haciéndolas funcionales al sistema global”.

El miedo sigue su avanzada en las subjetividades de cada uno de nosotros. La muerte de Silvestre de la Toba, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) impacta por su amargo simbolismo. Un presagio que se cumple días después con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que posibilita encasillar a cualquier conducta social como un riesgo a la seguridad interior del país. Esto no lo digo yo, lo advierte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que detectó serias imprecisiones conceptuales “al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; (…) no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”.

Los legisladores priistas aceleraron la votación de la ley para certificar el andar del ejército en las calles, pese a que la estrategia de Felipe Calderón en 2006, no arroja los resultados previstos, sino más bien incrementó la violencia y las quejas ante la CNDH por violaciones de elementos castrenses. No sólo eso, como lo señala Salvador Maldonado (2012), las disposiciones neoliberales en las políticas de ajuste estructural de México y la reestructuración económica, social y política provocaron una configuración ideal para un mercado exitoso de ilegalidades. La CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual, hasta julio de 2016, informó Human Rights Watch.

Maldonado en el artículo La militarización neoliberal de la seguridad y la guerra contra el narcotráfico en México  de Arsinoé Orihuela Ochoa, expresa que la “guerra contra el narcotráfico” es una violencia estatal que tiene como objetivos ocupar, despoblar y reordenar territorios”. Además, se trata de un jugoso negocio armamentístico que entre 2007 y 2011 en México significó un gasto en acciones para garantizar la seguridad de 255 108 280 000 pesos; “la guerra contra el narcotráfico, no obstante, inauguraría una fuente de legitimación para esta política gubernamental para la duplicación de recursos públicos asignados señaladamente a tres dependencias: Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina”.

Entonces, ¿es la violencia una estrategia para desestabilizar la organización de protestas y resistencias sociales en BCS? Por ahora no lo sabremos, pero la Ley de Seguridad Interior nos pone en total vulnerabilidad, viviremos bajo sospecha, viviremos en un régimen democrático. Las entidades federativas, si así lo desean, podrá solicitar a la federación una intervención del ejército y la marina en zonas conflictos. Esto no es nuevo, en Sudamérica se repiten las escenas del uso de las fuerzas castrenses contra la sociedad civil.

El artículo 7, por ejemplo, señala que en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”. Sin embargo, en el artículo 8 precisa que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”. ¿Una movilización ciudadana contra un proyecto minero será un asunto que atente contra la seguridad interior?

¿Tendrá el miedo el poder de desarticular los futuros movimientos en defensa de la vida que confronta a grandes corporativos?

 

Link de interés:

La militarización neoliberal de la seguridad y la guerra contra el narcotráfico en México

http://revistas.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/1084/2000

Anuncios
Miedo es lo que queda

#Gonzolador: Si sabe cómo hacerlo: ¿no puede o no quiere?

21150987_10159200628565147_912565937_n

Rafael Murúa Manríquez

Su concuño fue capturado en Estados Unidos de Norteamérica con más de 6 toneladas de mota en su propiedad. Trabajó en la PGR y se especializó en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en su paso por la Secretaría de Hacienda, además, lo escuchamos aceptar una donación de 6 kilos mensuales para financiar su campaña durante 5 meses. ¿Qué hicimos con este político? Lo elegimos como Gobernador de Baja California Sur.

Durante su campaña dijo que iba acabar rapidito con la violencia y la inseguridad en BCS, que sabía cómo y que no le temblaría la mano para hacerlo. Si sabe cómo hacerlo o no quiere o no puede. Los sudcalifornianos tenemos 2 años esperando que Carlos Mendoza Davis cumpla sus promesas al respecto.

La violencia no sólo continúa sino que aumenta como en ningún otro estado del país, 2016 fue el año con más asesinatos en la historia de nuestra entidad con 233 y, a este 2017,  todavía le faltan 4 meses para que rebasemos los 250 homicidios; seguramente mientras escribo estas líneas otra vida está siendo arrebatada violentamente en el territorio gobernado por aquel al que no le iba a temblar, porque desgraciadamente los que prometen sangre corriendo en las calles sí cumplen rapidito.

El 44.77% de los ciudadanos que votaron para elegir Gobernador de BCS, el 7 de junio del 2015, lo hicieron por el panista Carlos Mendoza Davis. De los 15 distritos locales que entonces existían, el PAN ganó 14. ¿Qué le hace falta al Gobernador? Tiene todo el poder para llevar ante la justicia a los responsables de la violencia e inseguridad en BCS, por lo menos, tiene el Ejecutivo y el Legislativo, y como poder es poder, da la impresión de que no quiere.

No era tan diferente la administración del panista Marcos Covarrubias, en cuyo gobierno inició esta escalada de la violencia sin precedentes en nuestra media península. Ahí empezamos a perder la paz que nos caracterizaba, pero parece que una tregua de un par de meses entre los criminales dentro y fuera del gobierno bastaron para que los sudcalifornianos olvidaran que con el PAN inició la debacle del estado de derecho en BCS. Aumentaron 454% los homicidios desde que el albiazul gobierna la entidad hasta el 2016. Asusta pensar en la cifra con la que terminaremos este año.

Pero como dijo la Reina del Pacífico (la que existe y no es un personaje de ficción como la Reina del Sur): En México “el narcotráfico y la corrupción forman parte de un mismo problema. Se alimentan”. Declaró a Julio Scherer una vez Sandra Ávila que si voltea a un lado ve al narco, si voltea hacia el otro observa a las autoridades y si mira al frente los ve juntos.

A los políticos les corresponde proporcionarnos seguridad, por eso lo prometen a la ligera en campaña y una vez que son autoridad se les olvida. Difícilmente la ciudadanía podremos erradicar este fenómeno que tanto nos duele, pero sí podemos cambiar de gobierno, lo hemos demostrado un par de veces, sería bueno que esta vez busquemos soluciones para nosotros y no para un par de chapulines que brincaron emberrinchados de un partido a otro con tal de llegar a poder enriquecerse más, aunque les de mucha weba su actual partido. Si de algo ciertamente somos responsables los sudcalifornianos es del gobierno que tenemos.

 

 (A la memoria de Jorge Luis)

Rafael Murúa Manríquez director de Radiokashana

 

#Gonzolador: Si sabe cómo hacerlo: ¿no puede o no quiere?

#LaCuchara “Seguridad” y democracia en Sudcalifornia

FullSizeRender (7)

Sandino Gámez

 

La situación actual de México y Baja California Sur puede comprenderse como producto de una larga historia de corrupción en las élites gobernantes, especialmente en los últimos treinta años. Han sido muchas décadas en que el servicio público parece una función no para servir al pueblo, sino para “dar empleo”, cooptar cómplices o enriquecer “legalmente” a individuos o grupos económicos y políticos.

   Cuando un funcionario o empleado público, federal, estatal o municipal, conoce el valor de su trabajo ante la comunidad, la persona que cumple una función pública decidirá la mayoría de las veces del lado de su concepto de colectividad. Decidirá en función de lo que considera es el interés social. Incluso en los actos de corrupción, el funcionario corrupto decide en ese sentido: el dinero público es de todos, “como es de todos no es de nadie”, “mejor yo que otros como yo”, “es el sistema”.

   En nuestro país y en nuestro estado vivimos un drama diario producto de una crisis política, social, institucional, ambiental y económica.

   La muerte o desaparición de casi medio millón de personas en la última década por una violencia sistemática y la absoluta falta de representatividad popular de los partidos políticos y la clase gobernante han llevado al descrédito a las instituciones públicas federales, estatales y municipales.

   El Partido Revolucionario Institucional o el Partido Acción Nacional podrían ganar en 2018 nuevamente la presidencia de la república o la gubernatura del estado o la presidencia municipal de La Paz y no habría más que una profundización de esta grave circunstancia, para sufrimiento de millones de mexicanos y de cientos o miles de sudcalifornianos. Pero en los medios de comunicación escucharíamos una narrativa diferente a la realidad, una narrativa como la presente, en la que se destapa una trama corrupta tras otra sin que los responsables y los corresponsables sean sancionados.

   El presidente Calderón dijo que iba a hacer una “guerra contra el narcotráfico” y colocó a la Marina y el Ejército en las calles. Peña Nieto continuó con la “estrategia”. El resultado comprobado ha sido un aumento terrible en asesinatos y crímenes. México y Baja California Sur están sumidos en una violencia social creciente. El sentido original para todo este sacrificio de vidas humanas y recursos de la nación se resumía en la frase “para que la droga no llegue a tus hijos”. El resultado, comprobado, es que en el mismo periodo de esta “estrategia de seguridad” lo que se ha tenido es un mayor consumo de drogas legales e ilegales.

  ¿Quién quiere que haya mayor consumo de drogas legales e ilegales en México y Baja California Sur? ¿Quién quiere que haya asesinatos, crimen y violencia en nuestro país, nuestro estado, nuestros pueblos y ciudades?

  Para detener la actual violencia del crimen organizado en Baja California Sur, el gobierno de Carlos Mendoza Davis ha dado varias explicaciones que deben ser analizadas en su conjunto.

  En los primeros meses de su gobierno contestó en Los Cabos a un ciudadano con su hija en brazos, que la causa de los asesinatos del crimen organizado en Baja California Sur está al interior de las familias.

   Más adelante el gobernador sintetizó ante los reporteros de la fuente que la estrategia de seguridad de su gobierno era una “medicina”. Poco después, triunfalista ante la captura de un jefe de sicarios, dijo que la “medicina” es la “adecuada” y que sólo había que “aumentar la dosis”.

   Desde que Mendoza Davis se expresara así ha habido tantos asesinatos, cada uno más terrible que el anterior, que son preocupantes las declaraciones más recientes del gobernador sobre seguir aumentando “la dosis”.

  El pueblo sudcaliforniano no es un pueblo enfermo. Tal vez la clase política y gobernante sí esté enferma. Las declaraciones del gobernador dan una idea de ello.

  La clase o grupo gobernante carece de una visión integral de la sociedad sudcaliforniana y está cerrada a la crítica, así sea constructiva. ¿De qué otra manera si no como una enfermedad se puede entender la repetición constante en los subordinados del gobernador de este mismo criterio que culpa a la población de los males que acontecen en nuestro país y estado?

   Los dos más altos responsables directos de la seguridad y la impartición de justicia en Baja California Sur en fechas muy recientes han proyectado esta idea con gran nitidez.

   Erasmo Palemón Escamilla, el “procurador de Justicia” de Baja California Sur (que en otros países latinoamericanos llaman defensor del pueblo) acusó recientemente de “afrenta a la función del Procurador General de Justicia” el dar un “informe detallado” de su actuación nada menos que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

    Por otra parte, el subsecretario de Seguridad Pública de B.C.S., Ismael Sigala Páez, dividió a la mitad el fenómeno de la corrupción, declarando que “el cincuenta por ciento de la corrupción está en el ciudadano” y la otra mitad “está en las instituciones”.

    ¿Son corruptos a la mitad los funcionarios y empleados públicos sudcalifornianos? ¿Se debaten el gobernador y sus secretarios y subsecretarios de estado, a la mitad, entre la corrupción y la honestidad? No podemos creer que la mitad del comportamiento de los altos responsables de la política, las finanzas y la seguridad de Baja California Sur sea tendiente a la corrupción, y que este funcionariado y cargos electos sólo estén esperando, como en el lance de una moneda al aire, la vinculación con un ciudadano corrupto para realizar un acto de corrupción.

   (Es fácil comprobar que la proporción de acciones corruptas entre los integrantes del pueblo sudcaliforniano es muchísimo menor, casi inexistente, a la que sucede entre los funcionarios sudcalifornianos, en el sentido que ha declarado el subsecretario Sigala. También es fácil comprender que este gobierno no hará nada por mejorar las instituciones sudcalifornianas, pues casi al concluir una tercera parte de su periodo de administración no ha indiciado, acusado o detenido a ningún funcionario o ciudadano corrupto, de ahora o de administraciones anteriores. O el grado de impunidad es de cien por ciento o vivimos en un estado con menores índices de corrupción que en Japón o Suecia.)

  Lo que vemos en este gobierno es una ignorancia casi absoluta sobre las particularidades del pueblo sudcaliforniano, así como una gran insensibilidad y prejuicios sociales muy profundos, especialmente en la persona del jefe del ejecutivo estatal. Sus declaraciones públicas lo demuestran de continuo.

    ¿Conviene llamarles al debate, a la discusión pública de estos asuntos? Por ejemplo, si en la casi totalidad de la población hay una carencia de conocimiento sobre derechos, leyes y normativas: ¿cómo puede ejercerse una responsabilidad en el desconocimiento de ella? ¿Quién es el responsable de este desconocimiento? ¿El ciudadano que nace, se desarrolla,  alcanza la mayoría de edad y vive sin tener acceso a las fuentes de cultura cívica de su comunidad? ¿Quién es el responsable entonces? ¿Las instituciones, el Estado sudcaliforniano y el Estado nacional? No. Estas entidades se crearon y se proyectaron precisamente para garantizar el acceso de todas y todos a los derechos, y para distribuir entre todos, también, las obligaciones.

   Las instituciones existen. Pero sus funciones no se realizan o no se realizan bien. ¿Quiénes son los responsables entonces? ¿Qué no se nombran personas específicas responsables para ello?

    En Baja California Sur es inadmisible que estos responsables sean quienes acusan a la población sudcaliforniana de generar la violencia social y propiciar la corrupción.

   Los sudcalifornianos no somos responsables de los asesinatos, el aumento en el consumo de drogas legales e ilegales ni la violencia en nuestras comunidades. Tampoco del desprestigio, desconfianza e inoperatividad de las instituciones de gobierno.

   Somos responsables de elegir o mantener a quienes legalmente, constitucionalmente, son los responsables de arreglar los problemas públicos.

 Esto continuará de manera cada vez más esquizofrénica, hasta que el pueblo sudcaliforniano tenga las herramientas constitucionales para obligar a renunciar a cargos electos o funcionarios que incumplen sus promesas de campaña o son incapaces para realizar efectivamente el propósito de servicio público para el cual han sido designados.

   Continuará mientras el aparato público esté manejado por un cincuenta por ciento de corrupción y sólo un cincuenta por ciento de honestidad. Mientras los servidores públicos sean nombrados y removidos por motivos políticos, electorales y partidistas, en lugar de contar con una carrera de méritos con reglas claras para nombramientos y ascensos.

   En fin, continuará mientras la clase política sudcaliforniana no se renueve con políticos ciudadanos de a pie, que consideren los cargos de elección popular una obligación cívica, temporal por pesada, obligatoria por urgente.

   ¿Quién más va a venir a resolver los problemas sociales de los sudcalifornianos? ¿Funcionarios o gobernantes venidos de fuera, como los actuales?

 

#LaCuchara “Seguridad” y democracia en Sudcalifornia

Sudcalifornia: espiral ascendente de barbarie

FullSizeRender (6)

Roberto Galindo

No me siento desilusionado por el gobierno del estado, yo no voté por ellos para la gubernatura. Defraudados se deben sentir los que les creyeron al Partido Acción Nacional (PAN) y al actual gobernador sus promesas de campaña, sobre todo en lo que prometieron en cuanto a la inseguridad y la violencia; asuntos que antes de la contienda electoral de 2015 –entonces focalizados en algunos puntos del estado– ya daban muestras de los niveles de barbarie que han alcanzado y de la expansión que tendrían por toda la entidad.

            Antes de que el actual gobierno tomara “las riendas” del estado, la violencia criminal ya estaba instalada en Sudcalifornia, pero eso no los exculpa de no poner orden en la entidad que dicen gobernar. No hay excusa que valga, menos aquella de que es un problema heredado de administraciones anteriores; pues para eso llegaron ellos, para resolver los problemas de Baja California Sur. Y los ciudadanos hayamos o no votado por ellos tenemos el derecho y la obligación de exigirles nos den la seguridad que el Estado debe procurar a sus gobernados. Cuando el PAN y Carlos Mendoza Davis decidieron contender por la gubernatura, ya sabían a lo que se enfrentarían en cuanto al crimen organizado, no existen los políticos ingenuos, entonces dijeron saber cómo prodigar seguridad a los sudcalifornianos.

            Hoy Baja California Sur es uno de los estados más inseguros y violentos de la nación. Ahora el que fuera un paraíso para mexicanos y extranjeros es uno de los lugares más violentos del planeta, pues México es una de las naciones más violentas del mundo y Baja California Sur ocupa los primeros lugares de criminalidad a nivel nacional. Asesinatos en despoblado y en las urbes, ejecuciones en restaurantes y centros comerciales, balaceras en las playas más turísticas y fosas con cuerpos sin identificar. El huracán de la barbarie llegó tarde pero con vigor a la media península y, por desgracia, se estacionó en la entidad y poco a poco incrementa su fuerza.

            Hace tres años que se instaló la violencia en Sudcalifornia y apenas estamos viendo algunas de las consecuencias de la criminalidad armada. Y no es que los más de 600 decesos que se han acumulado desde julio de 2014 no importen, son lamentables tantas muertes, es una desgracia humana. Pero es apenas el comienzo, pues lo que fuera un destino de ensueño y un refugio de paz y tranquilidad ha dejado de serlo y como consecuencia el turismo mermará aún más y el desempleo se incrementará. Hoy vemos los primeros resultados negativos en las estadísticas de estos rubros; pero en las calles, en los barrios, en los espacios públicos ya experimentamos el incremento de la incidencia delictiva: asaltos en la vía pública, hurto en viviendas y negocios, robo de autos, entre otros, pero cada vez más violentos. Otra consecuencia será la depreciación de la tierra, de los bienes raíces, pues el interés por vivir en el estado disminuirá.

            Baja California Sur ya no es la tierra prometida, ya no es la entidad alejada de los problemas nacionales. Ahora es como el resto del país, casi una desgracia, y lo que nos queda como ciudadanos es mostrar nuestra inconformidad de manera pacífica y exigir resultados sensibles a nuestros gobernantes. Estamos a unos pasos de acostumbrarnos a sobrevivir entre fuegos cruzados, a normalizar la violencia en nuestras vidas, la muestra es la pasividad ante los últimos sucesos y seguir diciendo “es entre ellos”. Ellos andan entre nosotros y en estos asuntos del ellos al nosotros hay sólo un momento y un lugar, como les sucedió a esos nosotros que ya forman parte de las estadísticas de esos ellos, los que conforman los daños colaterales de esta espiral ascendente de barbarie que es hoy Sudcalifornia.

 

Roberto E. Galindo Domínguez

Escritor, maestro en ciencias, arqueólogo, buzo profesional, literato, diseñador gráfico. Cursa la maestría en Apreciación y Creación Literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente. Escribe para la revista Contralínea.

Sudcalifornia: espiral ascendente de barbarie

#ALVTurista: De la falsificación de documentos al espectáculo mediático

John4

Nuria Gil / Sergio Reynaga

Comité Groucho-Marx, comediantes comprometidos

 

El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular eso, lo has conseguido.

Groucho Marx

I

 

Buenas, Jóvenes y jóvenas, nos volvemos a poner en transistores. El espectáculo y sus decorados, en sus formas más sofisticadas, se nos presentan como formas asumidas. Naturalizadas para el desplazamiento cotidiano de las poblaciones. Sin embargo, el ensamblaje de utilería y escenario, supone cada vez más un ejercicio ridículo. Aunque por estúpido, no deja de ser violento. ¿Turi o espectador?, ¿Qué relación hay entre no implicarse con los dolores del mundo y la exigencia de paisajes idílicos? El poder no tiene ética, decimos pues, que la situación de injusticia social, solo puede ser inducida por las tontas.

     Por otra parte, “poder hacer, poder decir”, quizá sea también un grado importante de responsabilidad, aunque la palabra luego se sienta como un huizapol en el pie. Los desplantes de autoritarismo suscitados desde el inicio de la administración en estado crítico de la imponente figura del gobernador Carlos Mendoza, (¿no les recuerda un poco al pingüino de batman regresa? de eso hablaremos en la siguiente entrega) son un arcoíris en colores pastel. Se abre el telón, sale un político de oficio con una propuesta de ley, que garantiza al capital privado la oportunidad de pasar por alto las necesidades de la población y por supuesto la posibilidad de realizar sus proyectos sin restricciones de ningún tipo, con la promesa de transformar sus pérdidas en deuda pública ¿cómo se llamó el chiste? La ley Mendoza en un pueblo sin gente, con todo lo que eso implica. Como si el cuadro no estuviera de por sí caliente, con la guerra del narcotráfico, el incremento de las muertes, y la militarización de la ciudad, pudimos ver como se atentaba contra los pescadores de la cooperativa Punta Lobos, a punta de granaderos, (cuicos entrenados para propinarte una chinga), más aún, el intento de despojo, en un desprecio descarado por las estudiantes sudcalifornianas en la Ciudad de México, en el caso de la AESM y la casa del estudiante. Con saña y maña, nuestros sapientísimos administradores nos dicen: Pues esa madre se está cayendo, igual y la palomilla ni la ocupa bien, además, somos a toda madre, los vamos a salvar de su espacio histórico, porqué quizá si lo vendemos, ustedes que son profesionistas del mañana, puedan darnos un mejor presente, ¿se acuerdan que nosotros les dijimos vivir mejor, pero en un mejor futuro? Pues el futuro no es hoy, si no mañana o pasado, mijitas. Y si se vuelven a organizar por los golpes económicos que el neoliberalismo nos exige dar, pues les volvemos a sacar a los granaderos. Y sí, así fue con los camioneros durante las manifestaciones contra el gasolinazo. Nosotras pensamos que la clase política entera se compone de turis, no habitan ni procuran el territorio, la salud ni el respeto a los pobladores. La búsqueda de la vida plena, para ellas, consiste en apañar lo que se pueda mientras quede algo. Desde lejos watchamos con tierna pero filosa ironía, la inmoralidad de sus sueldos y sus discursos tejidos de mentiras, allá lejos, porque señoras y señores: nosotras no les creemos.

Hay otra cosa que quisiéramos sumar a lo que nosotras llamamos: las perlas del desprecio: la guillotina política a través del linchamiento mediático contra John Moreno, el abogado de los pescadores movilizados en Todos Santos, y contra Joella Corado. Pensamos que sí, como se ha dicho ya, es una amenaza a la movilización política organizada, que se opone a los planes de socialización de la miseria y generalización del despojo a beneficio de los dueños del dinero. Aunque más curiosa nos resulta, la estrategia utilizada por los turis, que va desde la falsificación de documentos utilizados como pruebas para su detención, a las ridículas irregularidades en los procedimientos, tal forma de secuestro político nos parece arcaica, aunque para nada extraña. El papel del espectáculo mediático al servicio del montaje institucional será clave para la aplicación de la fuerza pública (o privada): la posibilidad de vivir mejor está aquí ¿pero para quién? Mientras ellas amasan fortunas despojando a nuestra comunidad, a lo hacha, las fauces jurásicas del monstruo político neoliberal, continuaran el pique contra la vida y la dignidad. La simulación mediática es hoy la única garantía de legitimidad para el gobierno de turis, sin embargo, pareciera que su desmantelamiento sólo necesita de que pushemos poquito, una madrecilla nomas pues… pero juntas.

Fin del primer acto.

II

Dentro del afán por revalorizar el vasto suelo mexicano, encontramos una nueva categorización solo para unos pocos pueblos afortunados y merecedores de tal etiqueta: la de “Pueblo Mágico”. El país ya cuenta con 111(y subiendo) de estas localidades y sus respectivas promesas gubernamentales, tanto para los habitantes  de esos hermosos lugares como para el visitante, ese “turi” que espera una alternativa fresca, que quiere escapar de su cotidianidad, de su hastío, para sentirse inmerso en otras costumbres, en otras prácticas pero sin percibir que se trata de un parque de atracciones. De un decorado. Se abre el telón, comenzamos y se repite, se repite un día tras otro pues esa autenticidad que se espera del local no es más que la repetición diaria para contentar a dicho espectador. Digamos que en esta obra el director es el capital, con el cargo de subdirector encontramos a los organismos gubernamentales, tenemos también a los actores con sus diferentes papeles: principales, secundarios, suplentes, las que forman parte del decorado (¿recuerdan al niño pasto, o al niño acento?) y por supuesto, las que no pueden faltar: las espectadoras. Y así manteniendo a cada una en su lugar, todo bien ordenadito y delimitado, todas podemos estar tranquilas, sobretodo algunas, aquellas que van con el equipo vencedor.

        Según la Secretaria de Turismo de este nuestro estimado Gobierno, las características que debe cumplir un Pueblo Mágico para ser nombrado como tal y ser revalorizado (económicamente aunque lo disfracen  histórica y culturalmente) exigen contar, con atributos únicos, simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros. Pues un Pueblo Mágico se define como un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido, su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible (querido lector esto lo puede encontrar aquí http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-FINAL.pdf ).

Hasta ahora parece un plan perfecto de conservación y mantenimiento de las prácticas histórico-cuturales y la economía local. Queridas y queridos, tenemos la gran suerte de encontrar en Baja California Sur dos de estos Pueblos Mágicos, Loreto y Todos Santos. Y después de esta larga introducción, y de intentar hilar esta serie de acontecimientos que hasta parecieran aislados, hablemos un poco de Todos Santos. Pues este hermoso pueblo, cumple con todo lo citado anteriormente. Es más, allí conviven felizmente foráneos que ya son locales, artistas, pescadores, agricultores, locales que parecieran foráneos, visitantes, “turis”, naturaleza, cultura e historia. ¡Un momento!, ¿hemos dicho pescadores?, ¡uy! pues creemos que ellos y sus prácticas socio-económicas, su cultura y su historia no tienen cabida en un Pueblo Mágico, por lo menos  no en Todos Santos, creemos que los turis dirigentes, pensaron: pues como la lista es larga si retiramos solo a un pequeño grupo de esta conformación de categorías nadie lo notará. Y así, desacreditando lo expuesto con anterioridad, es como comenzó el megaproyecto de Tres Santos, esa maravilla “ sustentable y ecológicamente responsable”, que dará trabajo a los que anteriormente ya tenían trabajo (xdxd) y que en un futuro será parte de la dinámica local, suponemos que esperan que el ya inaugurado hotel boutique San Cristóbal y el proyecto que pretende ocupar una superficie de 414 hectáreas, en las que se construirán 4.472 viviendas (cuyo precio oscila entre los 400,000 y los 900,000 dólares), tres hoteles, áreas comerciales, un huerto “orgánico comunitario”, un club de nado privado, el “Centro Universitario Todos Santos” de Colorado State University y una planta desalinizadora, pase desapercibido en un pueblo de 5000 habitantes. Hasta ahora, nosotras pensábamos que el acuífero de Todos Santos presentaba déficit, quizás de donde beben 5000 puedan beber otros 10,000, pues solo es agua. Todo esto exige que los pescadores se acostumbren a sus nuevos trabajos, y los conviertan en las prácticas cotidianas de las que hablábamos al principio, que nadie recuerde la playa Punta Lobos, el mangle y a los pescadores. Que el caso de John Moreno y Joella Corado sea recordado como un caso de despojo legal (y entre ellas además), que no se relacionen sus nombres junto al de los pescadores, la lucha por la preservación de su playa y las prácticas que durante generaciones se han llevado a cabo allí. Pues ahora pongámonos un poquito serias: hay que vincular los nombres de Black Creep Group, conocida como Mira Companies (su filial mexicana) y Tres Santos, pues como la “Santísima Trinidad” son tres en uno. A esos nombres hay que relacionarles el despojo a los pescadores, la pérdida completa de un ecosistema y su consiguiente transformación, la pérdida de las prácticas socio-económicas y culturales, la pérdida de toda la dinámica socioambiental y el encarcelamiento (secuestro) de John Moreno y Joella Corado. Esto llevado a cabo con el apoyo gubernamental y la autoridad (in) competente, bajo concesiones para uso de suelo y agua de SENMARNAT y OOMSAPAS, organismos que velan tanto por el ecosistema, como por sus pobladores. En fin, desde que inició el proyecto de Tres Santos hemos disfrutado de tres partidos políticos de color y nombre diferente al mando, aunque las políticas son muy semejantes, ¿No parecen el mismo perro con distinto collar?  Es tal la incongruencia que hasta parece un mal chiste.

Por último, nosotras las militantes del comité Groucho Marx, comediantes comprometidas, queremos pedir una disculpa por haber hablado con más seriedad esta vez. Les contamos: al chile, hace mucha calor, y cuando el infiernito nos abraza de tal manera, a una no le queda más que cagar el palo, o en su defecto pasearse por alguna tienda departamental (chale) con aire acondicionado, aunque también nos podríamos hacer pendejas por el malecas, para hacer como que no pasa nada, loca. Pero como no podemos pasearnos por la tienda o bajar al malecón, pues nos pusimos a cagar el palo… Esperamos ofrecer más risas en la próxima entrega. Bueno pues… nos watchamos al rato, palomilla, se bañan.

Fin del segundo acto

Pd: Afirmamos que el gobernador y todos sus secuaces son turis. Por si no quedó claro.

#ALVTurista: De la falsificación de documentos al espectáculo mediático

De panadero a millonario con mansión

panadero1

Frank Aguirre

En el Congreso parece más sencillo dejar todo como está, sin legislar, sin reformar, sin renovar, sin actualizarse, sin comprometerse. Como bien dice Dresser, ver la función pública como siempre se le ha visto: ocupar la oficina, cobrar el sueldo, comprar con el erario una camioneta Escalade color perla, contratar el chofer, colgar los cuadros, pedir el celular, y “uniformar” al encargado de relaciones públicas. Culpar a la oposición o a la falta de “mayorías” por la falta de resultados. Y mientras tanto se mantiene a un partido dominante, o a una corriente política disfuncional y dividida por las sobras o las aspiraciones, aspirando al siguiente peldaño, siempre y cuando no se comprometa la imagen, la figura, los votos.

casas-duarte-960x500

A pesar de los esfuerzos por el sistema anticorrupción, a pesar de “la transparencia que ahí está pero nadie la ve”, este año, también, ha estado plagado de opacidades en el congreso. Esto es consecuencia de una política electoral que permite al congreso ser un lugar para rotar puestos en vez de representar a la ciudadanía. Hay una evidente carencia de rendición de cuentas y no digamos de falta de transparencia o la obligación de garantizarla, ejemplos hay muchos:

  • Nada garantiza que las concesiones que se otorgan de bienes públicos para fines privados tengan los protocolos necesarios para evitar los conflictos de interés.
  • Nada previene que el presupuesto de egresos (lo que se obtiene de la federación y lo que se recauda de tus impuestos) del estado se ejerzan de forma discrecional, en vez de racional y participativa.
  • Nada obliga a quien se sienta en un curul a reformar, a legislar, a rendir cuentas, a transparentar sus formas de trabajar, en otras palabras, nada obliga a un legislador A TRABAJAR.

Estos 3 ejemplos son básicos para entender el porqué en vez de una ley de movilidad de acorde a la realidad que vivimos: elevado número de choques, de atropellados, de muertos víctimas de siniestros viales, elevados niveles de contaminación en el aire, un sistema de transporte público al borde del colapso y elevados casos de congestión vehicular y tráfico como nunca antes lo habíamos visto; tenemos funcionarios regalando roscas de reyes a principios de cada año.

No somos un caso aislado, en el resto del país tenemos ejemplos similares, desde una diputada promoviendo el paternalismo en vez de legislar para generar oportunidades de empleo y desarrollo reales, hasta diputados regalando cajas de zapatos a niños y jóvenes en vez de conseguirles becas o redireccionarlos a las instituciones correspondientes para su desarrollo.

Yo (y tengo la sospecha de que no soy el único) no conozco a un solo diputado o diputada local que haya regresado a su distrito, ante sus votantes, casa por casa, colonia por colonia, para rendir cuentas de su trabajo: con quien se reunió, qué decisiones ha tomado en el congreso y porque, como decidió etiquetar los rubros en el Presupuesto de Egresos del Estado (o sea, en lo que se van a gastar los próximo años nuestros impuestos) porque decidieron etiquetar cierto porcentaje a comunicación o armamento en vez de mayores salas de lectura o aulas para las escuelas. ¿Los hemos visto? Sí, vemos cómo publican fotos de sí mismos repartiendo comida, y unos que otros insumos, algunos vendiendolos a “bajos costos”, pero no nos engañemos, nada de eso es su trabajo. No nos extrañe que al final de sus carreras políticas se les encuentre mansiones de 2 millones de dólares en MiamiArizona o Texas.

Si algo de lo que leíste tiene sentido, ahora tú, yo y todos los demás lectores tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad va más allá de la justa indignación. Hablar con los demás es el primer paso. Yo lanzaré la pregunta: ¿Qué vamos a hacer para parar el saqueo? Lo único que sé es que esa respuesta no la sabe una sola persona. ¿Qué tenemos que hacer para averiguarlo?

En lo que contestamos eso, recordemos que de político/panadero a millonario hay un solo paso, y no necesariamente seremos beneficiados, o como dice Rage Against The Machine:

Armas, no comida, no casas, ni zapatos

No hay para necesidades, solo alimentemos al animal caníbal.

Caminé a la esquina, donde solía haber una librería,

Alinea tu mente hacia el cementerio, donde los toros hacen su desfile.

 

@FrnkAguirrre

De panadero a millonario con mansión

#LaCuchara: El Programa de Desarrollo Urbano de La Paz

FullSizeRender (5)

Sandino Gámez

El día miércoles 29 de noviembre de 2006, en el salón de un reconocido hotel de la ciudad, por iniciativa no de la autoridad municipal sino de una asociación civil se realizó el primer foro público para discutir el Programa de Desarrollo Urbano de La Paz (PDU).

               Este ejercicio de participación ciudadana generó modificaciones apenas estéticas al proyecto final, pero permitió que se hiciera pública, quizá por primera vez, la manera cómo se dirigía (y en parte se dirige aún) el futuro de esta ciudad.

            En esos años, el XII Ayuntamiento de La Paz, luego de una licitación pública nacional, contrató por un millón de pesos al ingeniero *** de la consultora ***, para que elaborara un plan maestro para la urbanización del territorio colindante a esta ciudad capital. La proyección debería hacerse a veinte años. Aquel ayuntamiento se proponía promulgar en forma de ley dicho PDP en su trienio y terminar así con la improvisación característica de los periodos precedentes. En este sentido, la iniciativa del XII Ayuntamiento fue positiva.

Sin embargo, la forma como se elaboró de manera inicial el PDU y las propuestas de su contenido son altamente discutibles: su esquema de pensamiento y planteamiento estaba (y en muchos sigue estando) muy alejado de los intereses sociales y colectivos de los ciudadanos paceños.

Diez años después todos lo podemos ver todos los días en nuestra ciudad: es un modelo que sólo a pocos beneficia.

            De inicio, el PDP en 2006 no fue abierto al escrutinio público. Los talleres que se supone originaron propuestas para su elaboración fueron furtivos. Fue sorprendente conocer que el diseñador del plan no había consultado al sector académico de La Paz, ni se había apoyado en alguno de la multitud de estudios científicos disponibles hacía décadas en los cuatro o cinco centros de investigación científica con sede en la ciudad. Carecía incluso de una revisión elemental de aspectos ambientales, económicos, sociales o culturales.

            A este foro del 29 de noviembre de 2006 asistieron los regidores ***, *** y Álvaro Fox, los representantes de la Cámara ***, numerosas organizaciones ambientalistas y sociales, así como ciudadanos interesados.

El consultor expuso un resumen y enseguida fue cuestionado por los asistentes sobre la falta de representatividad de su plan. Ante sus respuestas vagas hubo sucesivas reiteraciones de la misma cuestión y el consultor terminó por confesar que para él en La Paz no había una sociedad civil organizada de manera coherente a la cual solicitar su opinión. Informó, ahí mismo, que llevaba dos años residiendo en la ciudad, y que pensaba quedarse a vivir, porque le gustaba el lugar.

            ¿Cómo pudo entonces generar una planeación urbana para los siguientes veinte años de la ciudad de La Paz? Por lo dicho en el foro y el resultado presentado, el consultor elaboró su plan guiado por sí mismo, por  modelos matemáticos y una metodología creada por él para el caso. También, dejó ver, lo guiaron ciertas directrices de los potentados de la tierra y la política de esos años (y todavía, algunos) evidentes en las láminas artísticas con las que presentó su modelo de PDU.

            Si alguien está escandalizado hoy por las playas artificiales del gobernador Mendoza en el Malecón de La Paz, en aquellos años el PDU consideraba la colocación de cuatro islas dentro de la ensenada de La Paz, unidas por un puente; cada isla con uno o varios edificios, conectando la ciudad de La Paz con El Mogote.

Pero la urbanización del Mogote (o el proyecto Paraíso del Mar) no se mencionó durante la presentación. La explicación del consultor para estas islas artificiales fue: existe un valor intrínseco en el paisaje, el paisaje de la ensenada de La Paz no se encuentra disponible en este momento, el uso de estas islas potencia el valor del paisaje, aumenta su valor; de esta forma, las islas pueden generar ingresos adicionales al municipio (por su concesión) y a la vez otorgan a los paceños un acceso a uno de sus recursos naturales, el paisaje de la ensenada, que no tenían.

            El elaborador original del PDU de La Paz no consultó o no consideró ninguno de los estudios de mareas y corrientes marinas de la ensenada de La Paz para diseñar y colocar sus islas. Se basó estrictamente en el asolve (o sedimentación) actual que tiene a esa zona de la ensenada con una profundidad mínima. Los científicos del CIBNOR, CICIMAR y la UABCS que han estudiado esta zona señalan que cualquier obstrucción en las corrientes actuales de la ensenada terminarán por cerrar el canal de Arípez (entre el Mogote y el malecón), convirtiendo a la ensenada en una laguna. Tampoco consideró los efectos devaluadores sobre el paisaje de la propia ensenada que tendrían los puentes y las islas con los edificios. Su aspiración al colocarlas fue, pues, estrictamente imaginativa, de su invención.

            El PDP inicial (y vigente) no consideró tampoco el ‘Atlas de Riesgo de la Ciudad de La Paz’, documento que se encontraba publicado de manera reciente en 2006. Tampoco consideró los avances existentes en su momento del Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de La Paz (detenido por el cabildo del XIV Ayuntamiento e ignorado por actual XV).

Había una visible premura en promulgar este proyecto sin importar la falta de información segura y representatividad social.

            Los regidores presentes intentaron escudarse del rechazo de los asistentes recordando que el PDU se encontraba en ese momento en fase de consultas. “Cuando esté en la cancha de nosotros, entonces agregaremos las propuestas que nos hagan llegar, pero deben hacérnoslas llegar por escrito”, dijo el regidor Álvaro Fox (del partido Convergencia).  Cabe hacer notar que, en ningún momento, ni los regidores ni el consultor tomaron alguna nota sobre las propuestas o cuestionamientos que se les hizo en la hora y media de este foro.

            El PDU se publicó en 2008 y ha sido “revisado” cuando menos una vez en cada nuevo ayuntamiento. La más reciente revisión está en proceso. El 2 y 3 de agosto próximo será la etapa final de análisis. Las mesas de trabajo están programas de 10 a 13 horas, en la sala de juntas de la estación central de bomberos de La Paz.

Quien acuda a estos talleres verá la enorme diferencia en este proceso de socialización del PDU de La Paz a las de la ocasión inicial. Para empezar ya no hay un “consultor” por honorarios, sino un Instituto Municipal de Planeación, con un amplio margen de autonomía administrativa y dirigido por una funcionaria electa por su experiencia y méritos.

            ¿Y quién representa a la sociedad civil de La Paz en estos talleres? ¿A los propietarios de grandes predios? ¿A los económicamente interesados? ¿A los académicos? ¿Cuáles son sus resoluciones? ¿Qué impacto tendrán en los habitantes de esta ciudad en lo inmediato y en el futuro?

 

———— sandinogamez@gmail.com

#LaCuchara: El Programa de Desarrollo Urbano de La Paz