Los establos de Augías

 

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Eleazar Gámez Rascón

En Baja California Sur vivimos una permanente crisis desde, por lo menos, los últimos cinco gobiernos. La crisis no es, como pudiera parecer, de carácter económico. Es de carácter político, y sólo de política electoral, que lo es también, sino en lo esencial es la crisis de la política constitucional, o de la constitución política de los sudcalifornianos.

                Con ella hemos entrado en la crisis de la representación política. Porque la misma Constitución de B.C.S., en su artículo 90, concede, otorga, todo el poder del Estado a un solo individuo que se denomina Poder Ejecutivo o gobernador constitucional.

                Dicho gobernador, cualquier gobernador, posee un poder que le permite integrar a su voluntad a todo el gabinete de procuración de justicia, al propio procurador, por supuesto, pero también a los jueces e, indirectamente, a los órganos de justicia electoral; esto porque es facultad constitucional del gobernador conformar al Tribunal Superior de Justicia, es decir, a todo el Poder Judicial. En Baja California Sur, de hecho y constitucionalmente, no hay división de poderes.

                La Constitución mandata al gobernador para que asuma y utilice todo el poder del Estado sin marcarle una sola sanción por los excesos, extravíos o mal uso del poder en que incurre o pudiera incurrir.

                No existe ningún mecanismo legal-constitucional que permita a los ciudadanos llamar a cuentas al Ejecutivo. Los ciudadanos sudcalifornianos se encuentran inermes ante el autoritarismo establecido por la Constitución local en la figura y la persona del gobernador.

                De semejante poder sólo puede surgir la corrupción y la impunidad, instituyéndose esta trinidad (poder, corrupción e impunidad) como una “forma de vida y de gobierno” en la sociedad sudcaliforniana, donde la simulación es el rasgo distintivo.

                El autoritarismo ha promovido con mucho éxito el achatamiento de los liderazgos emergentes en la sociedad. Todo se mueve de arriba hacia abajo, se burocratizan y empobrecen las instituciones culturales, económicas, sociales y, particularmente, las políticas.

                Basamento original de la democracia electiva, los partidos políticos con registro son entidades no de interés público, como marca la Constitución General de la República, sino entidades compuestas por grupúsculos políticos burocratizados, interesados en hacerse del poder, abjurando hasta de las más elementales ideas sociales, como pueblo, patria o nación. Son parte esencial de la telaraña del poder que displicentemente sujeta entre sus manos el Ejecutivo, como sujeta el ritmo de la justicia mediante el nombramiento que hace de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado.

                Es seguro que por ello en Baja California Sur no hay discusión política sobre las ideas o las perspectivas de vida y desarrollo para la sociedad sudcaliforniana. Hay chismes, acusaciones cómicamente moralistas e insultos (en privado, hasta eso). La clase política no se autocritica, cree en el sistema, atribuye sus desventuras en y con el poder a la perversidad de un sujeto y su familia, presuntamente rapaces, pero de los que no diferirían demasiado en las mismas circunstancias.

                De hecho no pueden atribuirle sus desventuras a las fallas estructurales del sistema, porque ellos son el sistema. Son los guardianes, son quienes cierran el paso de la representación política a los ciudadanos, quienes sólo pueden registrarse como candidatos ante las autoridades electorales (en manos indirectas del Ejecutivo) mediante alguno de los partidos, los únicos que tienen patente o franquicia de la representación electoral. La excepción de los candidatos independientes aún no demuestra más que la regla.

                La crisis es mucho más profunda y amplia de lo aquí esbozado. Hay más suciedad que en #LosEstablosdeAugías. Heracles desvió un río e hizo pasar sus aguas por los establos para dejarlos limpios. Aquí el río al que debe modificarse el curso es a la Constitución Política de Baja California Sur.

                Otro sistema de partidos, reforma electoral, revocación de mandato, acotamiento del poder ejecutivo, elección pública de magistrados, elección directa y territorial de los regidores, penalizaciones y sanciones al gobernador que correspondan a la gravedad y exceso del uso de sus facultades, y un servicio civil estatal y municipal de carrera. Éstas son algunas de las fundamentales cuestiones que los electores y los ciudadanos deberán exigir a los partidos políticos  y a los candidatos que quieren ser diputados y presidentes municipales en el actual proceso electoral.

                En todo lo anterior se sustenta y se explica la necesidad de una reforma constitucional que ponga freno o condiciones al descomunal poder del Ejecutivo, con penas y castigos para su mal uso y discrecionalidad.

Una reforma electoral que simplifique los mecanismos para el registro de candidatos a puestos de elección popular, incluso fuera de la voluntad de las decisiones cupulares de los partidos, convertidos hoy en pequeños feudos electorales, manipulados siempre por el señor de más arriba, además de sumisos y permanentemente en la confusión ideológica y el temor a perder sus puestos.

Una reforma político electoral que establezca en primer lugar el mecanismo de revocación o refrendo de mandato a la mitad del periodo de cualquier funcionario público o representante popular electo por el voto ciudadano, para que éste, el voto, no sea un cheque en blanco, sino un auténtico respaldo de la función pública.

Elección popular de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Esto es lo que pedimos debatir entre candidatos, partidos, medios y sociedad. ¿Por qué no habría de responder la clase política, la intelectualidad sudcaliforniana o los mismísimos dirigentes políticos del estado?

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eleagamez@prodigy.net.mx

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Los establos de Augías