Miedo es lo que queda

militarización

@cachobanzi (Twitter)

Miedo es lo que queda. Salir de noche con la sensación de que en cualquier momento una bala te alcance, un proyectil perdido de alguna disputa entre esos jóvenes que mueren a diario en La Paz. Sientes miedo cuando ves a esos uniformados empuñando sus poderosas armas por las calles. La ciudad es un gran matadero y, nosotros, la próxima res en ser sacrificada, porque en el estado actual, en automático, como ya lo he dicho, eres un sospechoso. Incluso, tú desconfías del otro, ¿qué tal si es uno de esos ‘violentos’? La violencia que genera nuestros miedos sirve también para justificar la Ley de Seguridad Interior.

La violencia se entierra en nuestras mentes y parece reproducirse de manera intensa en un Estado nación doblegado por el crimen organizado, pero sabemos que esto no es así.  Más bien es que no les importa. Vivimos en una democracia militar que hasta hoy logra su legitimación. Con los militares sueltos, la disminución de la violencia no bajó en los 10 años de la supuesta guerra contra el narcotráfico, sino que se intensificó. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no sólo se legaliza el actuar de las fuerzas armadas, sino que es una contraposición de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o por lo menos, esto declara la Coordinación alemana de Derechos Humanos en México: “existe el peligro que aumenten aún más las violaciones de derechos humanos y persista la amenaza para defensores y defensoras de los derechos humanos”.

México tiene una larga lista de violaciones de derechos humanos de los elementos de las fuerzas armadas. Desde la consolidación del régimen priísta, las botas militares pisoteaban las protestas de estudiantes, mujeres, pueblos originarios, campesinos, maestros, activistas sociales, obreros, pero de alguna forma siempre volvían a sus cuarteles. Con Felipe Calderón (2006-2012) la “guerra contra el crimen organizado” las botas militares tomaron las calles perfilando un sombrío futuro, el cual, hoy se impone como nuestro presente. Al ser el patio trasero de Estados Unidos, nuestra nación tuvo que disciplinarse a las políticas globales de seguridad tanto interna como externamente.

¿Cómo afectará la violencia y la militarización en la participación ciudadana en BCS? ¿Cuál será el nuevo escenario de la protesta social? Aquí la ciudadanía libra luchas en contra enormes desarrollos turísticos-inmobiliarios o proyectos de minería a gran escala potencialmente destructivos convirtiendo a los territorios que ocupan en áreas de sacrificio para el sistema neoliberal actual. También se une a movilizaciones nacionales desde distintos sectores sociales y políticos, pero hoy enfrentan un panorama muy distinto, en el que la violencia toma un papel central generando una parálisis colectiva que, a su vez,  justifica la salida de soldados de los cuarteles, aunque signifique violar la Constitución.

Si retomamos lo dicho por Pilar Calveiro, los Estados centrales controlan instancias como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, a través de los cuales se establece un discurso de poder que deben obedecer países como México. Para un mejor control global y facilitar la expansión de las corporaciones, las fuerzas militares al final se convierten en aparatos de represión y control social; a través de la “guerra contra el crimen” (así como la “guerra contra el terrorismo”) es más fácil aplicar una violencia represiva. Calveiro afirma que ambas son una construcción del poder global; “estas ‘guerras’ tienen el objeto de justificar la violencia estatal necesaria para intervenir en cualquier lugar del planeta y de la sociedad, haciéndolas funcionales al sistema global”.

El miedo sigue su avanzada en las subjetividades de cada uno de nosotros. La muerte de Silvestre de la Toba, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) impacta por su amargo simbolismo. Un presagio que se cumple días después con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que posibilita encasillar a cualquier conducta social como un riesgo a la seguridad interior del país. Esto no lo digo yo, lo advierte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que detectó serias imprecisiones conceptuales “al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; (…) no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”.

Los legisladores priistas aceleraron la votación de la ley para certificar el andar del ejército en las calles, pese a que la estrategia de Felipe Calderón en 2006, no arroja los resultados previstos, sino más bien incrementó la violencia y las quejas ante la CNDH por violaciones de elementos castrenses. No sólo eso, como lo señala Salvador Maldonado (2012), las disposiciones neoliberales en las políticas de ajuste estructural de México y la reestructuración económica, social y política provocaron una configuración ideal para un mercado exitoso de ilegalidades. La CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual, hasta julio de 2016, informó Human Rights Watch.

Maldonado en el artículo La militarización neoliberal de la seguridad y la guerra contra el narcotráfico en México  de Arsinoé Orihuela Ochoa, expresa que la “guerra contra el narcotráfico” es una violencia estatal que tiene como objetivos ocupar, despoblar y reordenar territorios”. Además, se trata de un jugoso negocio armamentístico que entre 2007 y 2011 en México significó un gasto en acciones para garantizar la seguridad de 255 108 280 000 pesos; “la guerra contra el narcotráfico, no obstante, inauguraría una fuente de legitimación para esta política gubernamental para la duplicación de recursos públicos asignados señaladamente a tres dependencias: Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina”.

Entonces, ¿es la violencia una estrategia para desestabilizar la organización de protestas y resistencias sociales en BCS? Por ahora no lo sabremos, pero la Ley de Seguridad Interior nos pone en total vulnerabilidad, viviremos bajo sospecha, viviremos en un régimen democrático. Las entidades federativas, si así lo desean, podrá solicitar a la federación una intervención del ejército y la marina en zonas conflictos. Esto no es nuevo, en Sudamérica se repiten las escenas del uso de las fuerzas castrenses contra la sociedad civil.

El artículo 7, por ejemplo, señala que en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”. Sin embargo, en el artículo 8 precisa que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”. ¿Una movilización ciudadana contra un proyecto minero será un asunto que atente contra la seguridad interior?

¿Tendrá el miedo el poder de desarticular los futuros movimientos en defensa de la vida que confronta a grandes corporativos?

 

Link de interés:

La militarización neoliberal de la seguridad y la guerra contra el narcotráfico en México

http://revistas.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/1084/2000

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Miedo es lo que queda

#LaCuchara “Seguridad” y democracia en Sudcalifornia

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Sandino Gámez

 

La situación actual de México y Baja California Sur puede comprenderse como producto de una larga historia de corrupción en las élites gobernantes, especialmente en los últimos treinta años. Han sido muchas décadas en que el servicio público parece una función no para servir al pueblo, sino para “dar empleo”, cooptar cómplices o enriquecer “legalmente” a individuos o grupos económicos y políticos.

   Cuando un funcionario o empleado público, federal, estatal o municipal, conoce el valor de su trabajo ante la comunidad, la persona que cumple una función pública decidirá la mayoría de las veces del lado de su concepto de colectividad. Decidirá en función de lo que considera es el interés social. Incluso en los actos de corrupción, el funcionario corrupto decide en ese sentido: el dinero público es de todos, “como es de todos no es de nadie”, “mejor yo que otros como yo”, “es el sistema”.

   En nuestro país y en nuestro estado vivimos un drama diario producto de una crisis política, social, institucional, ambiental y económica.

   La muerte o desaparición de casi medio millón de personas en la última década por una violencia sistemática y la absoluta falta de representatividad popular de los partidos políticos y la clase gobernante han llevado al descrédito a las instituciones públicas federales, estatales y municipales.

   El Partido Revolucionario Institucional o el Partido Acción Nacional podrían ganar en 2018 nuevamente la presidencia de la república o la gubernatura del estado o la presidencia municipal de La Paz y no habría más que una profundización de esta grave circunstancia, para sufrimiento de millones de mexicanos y de cientos o miles de sudcalifornianos. Pero en los medios de comunicación escucharíamos una narrativa diferente a la realidad, una narrativa como la presente, en la que se destapa una trama corrupta tras otra sin que los responsables y los corresponsables sean sancionados.

   El presidente Calderón dijo que iba a hacer una “guerra contra el narcotráfico” y colocó a la Marina y el Ejército en las calles. Peña Nieto continuó con la “estrategia”. El resultado comprobado ha sido un aumento terrible en asesinatos y crímenes. México y Baja California Sur están sumidos en una violencia social creciente. El sentido original para todo este sacrificio de vidas humanas y recursos de la nación se resumía en la frase “para que la droga no llegue a tus hijos”. El resultado, comprobado, es que en el mismo periodo de esta “estrategia de seguridad” lo que se ha tenido es un mayor consumo de drogas legales e ilegales.

  ¿Quién quiere que haya mayor consumo de drogas legales e ilegales en México y Baja California Sur? ¿Quién quiere que haya asesinatos, crimen y violencia en nuestro país, nuestro estado, nuestros pueblos y ciudades?

  Para detener la actual violencia del crimen organizado en Baja California Sur, el gobierno de Carlos Mendoza Davis ha dado varias explicaciones que deben ser analizadas en su conjunto.

  En los primeros meses de su gobierno contestó en Los Cabos a un ciudadano con su hija en brazos, que la causa de los asesinatos del crimen organizado en Baja California Sur está al interior de las familias.

   Más adelante el gobernador sintetizó ante los reporteros de la fuente que la estrategia de seguridad de su gobierno era una “medicina”. Poco después, triunfalista ante la captura de un jefe de sicarios, dijo que la “medicina” es la “adecuada” y que sólo había que “aumentar la dosis”.

   Desde que Mendoza Davis se expresara así ha habido tantos asesinatos, cada uno más terrible que el anterior, que son preocupantes las declaraciones más recientes del gobernador sobre seguir aumentando “la dosis”.

  El pueblo sudcaliforniano no es un pueblo enfermo. Tal vez la clase política y gobernante sí esté enferma. Las declaraciones del gobernador dan una idea de ello.

  La clase o grupo gobernante carece de una visión integral de la sociedad sudcaliforniana y está cerrada a la crítica, así sea constructiva. ¿De qué otra manera si no como una enfermedad se puede entender la repetición constante en los subordinados del gobernador de este mismo criterio que culpa a la población de los males que acontecen en nuestro país y estado?

   Los dos más altos responsables directos de la seguridad y la impartición de justicia en Baja California Sur en fechas muy recientes han proyectado esta idea con gran nitidez.

   Erasmo Palemón Escamilla, el “procurador de Justicia” de Baja California Sur (que en otros países latinoamericanos llaman defensor del pueblo) acusó recientemente de “afrenta a la función del Procurador General de Justicia” el dar un “informe detallado” de su actuación nada menos que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

    Por otra parte, el subsecretario de Seguridad Pública de B.C.S., Ismael Sigala Páez, dividió a la mitad el fenómeno de la corrupción, declarando que “el cincuenta por ciento de la corrupción está en el ciudadano” y la otra mitad “está en las instituciones”.

    ¿Son corruptos a la mitad los funcionarios y empleados públicos sudcalifornianos? ¿Se debaten el gobernador y sus secretarios y subsecretarios de estado, a la mitad, entre la corrupción y la honestidad? No podemos creer que la mitad del comportamiento de los altos responsables de la política, las finanzas y la seguridad de Baja California Sur sea tendiente a la corrupción, y que este funcionariado y cargos electos sólo estén esperando, como en el lance de una moneda al aire, la vinculación con un ciudadano corrupto para realizar un acto de corrupción.

   (Es fácil comprobar que la proporción de acciones corruptas entre los integrantes del pueblo sudcaliforniano es muchísimo menor, casi inexistente, a la que sucede entre los funcionarios sudcalifornianos, en el sentido que ha declarado el subsecretario Sigala. También es fácil comprender que este gobierno no hará nada por mejorar las instituciones sudcalifornianas, pues casi al concluir una tercera parte de su periodo de administración no ha indiciado, acusado o detenido a ningún funcionario o ciudadano corrupto, de ahora o de administraciones anteriores. O el grado de impunidad es de cien por ciento o vivimos en un estado con menores índices de corrupción que en Japón o Suecia.)

  Lo que vemos en este gobierno es una ignorancia casi absoluta sobre las particularidades del pueblo sudcaliforniano, así como una gran insensibilidad y prejuicios sociales muy profundos, especialmente en la persona del jefe del ejecutivo estatal. Sus declaraciones públicas lo demuestran de continuo.

    ¿Conviene llamarles al debate, a la discusión pública de estos asuntos? Por ejemplo, si en la casi totalidad de la población hay una carencia de conocimiento sobre derechos, leyes y normativas: ¿cómo puede ejercerse una responsabilidad en el desconocimiento de ella? ¿Quién es el responsable de este desconocimiento? ¿El ciudadano que nace, se desarrolla,  alcanza la mayoría de edad y vive sin tener acceso a las fuentes de cultura cívica de su comunidad? ¿Quién es el responsable entonces? ¿Las instituciones, el Estado sudcaliforniano y el Estado nacional? No. Estas entidades se crearon y se proyectaron precisamente para garantizar el acceso de todas y todos a los derechos, y para distribuir entre todos, también, las obligaciones.

   Las instituciones existen. Pero sus funciones no se realizan o no se realizan bien. ¿Quiénes son los responsables entonces? ¿Qué no se nombran personas específicas responsables para ello?

    En Baja California Sur es inadmisible que estos responsables sean quienes acusan a la población sudcaliforniana de generar la violencia social y propiciar la corrupción.

   Los sudcalifornianos no somos responsables de los asesinatos, el aumento en el consumo de drogas legales e ilegales ni la violencia en nuestras comunidades. Tampoco del desprestigio, desconfianza e inoperatividad de las instituciones de gobierno.

   Somos responsables de elegir o mantener a quienes legalmente, constitucionalmente, son los responsables de arreglar los problemas públicos.

 Esto continuará de manera cada vez más esquizofrénica, hasta que el pueblo sudcaliforniano tenga las herramientas constitucionales para obligar a renunciar a cargos electos o funcionarios que incumplen sus promesas de campaña o son incapaces para realizar efectivamente el propósito de servicio público para el cual han sido designados.

   Continuará mientras el aparato público esté manejado por un cincuenta por ciento de corrupción y sólo un cincuenta por ciento de honestidad. Mientras los servidores públicos sean nombrados y removidos por motivos políticos, electorales y partidistas, en lugar de contar con una carrera de méritos con reglas claras para nombramientos y ascensos.

   En fin, continuará mientras la clase política sudcaliforniana no se renueve con políticos ciudadanos de a pie, que consideren los cargos de elección popular una obligación cívica, temporal por pesada, obligatoria por urgente.

   ¿Quién más va a venir a resolver los problemas sociales de los sudcalifornianos? ¿Funcionarios o gobernantes venidos de fuera, como los actuales?

 

#LaCuchara “Seguridad” y democracia en Sudcalifornia

De panadero a millonario con mansión

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Frank Aguirre

En el Congreso parece más sencillo dejar todo como está, sin legislar, sin reformar, sin renovar, sin actualizarse, sin comprometerse. Como bien dice Dresser, ver la función pública como siempre se le ha visto: ocupar la oficina, cobrar el sueldo, comprar con el erario una camioneta Escalade color perla, contratar el chofer, colgar los cuadros, pedir el celular, y “uniformar” al encargado de relaciones públicas. Culpar a la oposición o a la falta de “mayorías” por la falta de resultados. Y mientras tanto se mantiene a un partido dominante, o a una corriente política disfuncional y dividida por las sobras o las aspiraciones, aspirando al siguiente peldaño, siempre y cuando no se comprometa la imagen, la figura, los votos.

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A pesar de los esfuerzos por el sistema anticorrupción, a pesar de “la transparencia que ahí está pero nadie la ve”, este año, también, ha estado plagado de opacidades en el congreso. Esto es consecuencia de una política electoral que permite al congreso ser un lugar para rotar puestos en vez de representar a la ciudadanía. Hay una evidente carencia de rendición de cuentas y no digamos de falta de transparencia o la obligación de garantizarla, ejemplos hay muchos:

  • Nada garantiza que las concesiones que se otorgan de bienes públicos para fines privados tengan los protocolos necesarios para evitar los conflictos de interés.
  • Nada previene que el presupuesto de egresos (lo que se obtiene de la federación y lo que se recauda de tus impuestos) del estado se ejerzan de forma discrecional, en vez de racional y participativa.
  • Nada obliga a quien se sienta en un curul a reformar, a legislar, a rendir cuentas, a transparentar sus formas de trabajar, en otras palabras, nada obliga a un legislador A TRABAJAR.

Estos 3 ejemplos son básicos para entender el porqué en vez de una ley de movilidad de acorde a la realidad que vivimos: elevado número de choques, de atropellados, de muertos víctimas de siniestros viales, elevados niveles de contaminación en el aire, un sistema de transporte público al borde del colapso y elevados casos de congestión vehicular y tráfico como nunca antes lo habíamos visto; tenemos funcionarios regalando roscas de reyes a principios de cada año.

No somos un caso aislado, en el resto del país tenemos ejemplos similares, desde una diputada promoviendo el paternalismo en vez de legislar para generar oportunidades de empleo y desarrollo reales, hasta diputados regalando cajas de zapatos a niños y jóvenes en vez de conseguirles becas o redireccionarlos a las instituciones correspondientes para su desarrollo.

Yo (y tengo la sospecha de que no soy el único) no conozco a un solo diputado o diputada local que haya regresado a su distrito, ante sus votantes, casa por casa, colonia por colonia, para rendir cuentas de su trabajo: con quien se reunió, qué decisiones ha tomado en el congreso y porque, como decidió etiquetar los rubros en el Presupuesto de Egresos del Estado (o sea, en lo que se van a gastar los próximo años nuestros impuestos) porque decidieron etiquetar cierto porcentaje a comunicación o armamento en vez de mayores salas de lectura o aulas para las escuelas. ¿Los hemos visto? Sí, vemos cómo publican fotos de sí mismos repartiendo comida, y unos que otros insumos, algunos vendiendolos a “bajos costos”, pero no nos engañemos, nada de eso es su trabajo. No nos extrañe que al final de sus carreras políticas se les encuentre mansiones de 2 millones de dólares en MiamiArizona o Texas.

Si algo de lo que leíste tiene sentido, ahora tú, yo y todos los demás lectores tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad va más allá de la justa indignación. Hablar con los demás es el primer paso. Yo lanzaré la pregunta: ¿Qué vamos a hacer para parar el saqueo? Lo único que sé es que esa respuesta no la sabe una sola persona. ¿Qué tenemos que hacer para averiguarlo?

En lo que contestamos eso, recordemos que de político/panadero a millonario hay un solo paso, y no necesariamente seremos beneficiados, o como dice Rage Against The Machine:

Armas, no comida, no casas, ni zapatos

No hay para necesidades, solo alimentemos al animal caníbal.

Caminé a la esquina, donde solía haber una librería,

Alinea tu mente hacia el cementerio, donde los toros hacen su desfile.

 

@FrnkAguirrre

De panadero a millonario con mansión

¿En Baja California Sur huele a esperanza?

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Algo interesante de las movilizaciones de los últimos días, cuyo detonante fue el famoso “gasolinazo”, es el encuentro ideológico que ocurrió. Una colisión de visiones que en la superficie parecen similares, pero que en el fondo son muy distintas. El choque es evidente y, más allá de que esto pueda debilitar el movimiento, es un buen momento para iniciar el debate que permita visualizar a la ciudadanía hacia dónde debe caminar, pero antes de seguir avanzando debemos comprender que un movimiento social. para lograr cambios favorables, el proceso es lento y se ocupa paciencia.
   La acción colectiva local que vemos, es una reacción al sistema político mexicano que decide sobre las mayorías con base acuerdos con pequeños grupos de poder, ya sea económicos o políticos o religiosos o una mezcla de todos. El gasolinazo es un pretexto para salir a gritar la chinga que nos pusieron y empezó hace décadas. La gente que sale a las calles está indignada, y es aquí en lo que coincide la mayoría, aunque de pronto los protagonismos hiervan la sangre de los manifestantes que inician el largo camino de exponer su inconformidad en lo público.
   La diversidad del pensamiento es grande, por lo que deberán quedar atrás las jerarquías morales inventadas por nosotros mismo sobre los otros: se ocupa unidad. Se necesita voluntad. La creación de una Asamblea Popular y Comités Ciudadanos Autónomos debe seguir a pesar de las diferencias, con la finalidad de concretar este ejercicio del poder social. En el diálogo está la resistencia. Este momento es ideal para presentar la lista de las problemáticas que nos carcomen, es una oportunidad de salir más allá de la burbuja de confort en el solemos sobrevivir.
    Pero debe la gente salir de sus casas, porque la unidad se construye tanto en Internet como en el espacio urbano. Así lo concluyó Manuel Castells en su libro Redes de Indignación y de Esperanza, en el que analiza varios movimiento a nivel mundial. Para él, “la unidad no es comunidad porque la comunidad supone un conjunto de valores comunes, y éste es un trabajo que todavía se está haciendo en el movimiento, ya que la mayoría de la gente llega a él con sus propias motivaciones y objetivos, dispuestos a descubrir posibles puntos en común de partida y la fuente de empoderamiento”.
    Y ante el cinismo, nos queda la maldita esperanza que vuelve a susurrar a los oídos de la cansada ciudadanía. Baja California Sur huele a esperanza. La juventud no para, atiza las cenizas y da fuerzas a los más viejos. Son varias generaciones de individu@s que tendrán que ponerse de acuerdo para ver, quizá, cuando seamos los más viejos, más cambios en el sistema político y económico, porque será un proceso largo en el que tenemos que aprender a vivir juntos ante la indiferencia de los encumbrados señores del poder.
   Al menos, esta es nuestra opinión de mierda de hoy.
Atte.
@El_Organismo

 

¿En Baja California Sur huele a esperanza?