Miedo es lo que queda

militarización

@cachobanzi (Twitter)

Miedo es lo que queda. Salir de noche con la sensación de que en cualquier momento una bala te alcance, un proyectil perdido de alguna disputa entre esos jóvenes que mueren a diario en La Paz. Sientes miedo cuando ves a esos uniformados empuñando sus poderosas armas por las calles. La ciudad es un gran matadero y, nosotros, la próxima res en ser sacrificada, porque en el estado actual, en automático, como ya lo he dicho, eres un sospechoso. Incluso, tú desconfías del otro, ¿qué tal si es uno de esos ‘violentos’? La violencia que genera nuestros miedos sirve también para justificar la Ley de Seguridad Interior.

La violencia se entierra en nuestras mentes y parece reproducirse de manera intensa en un Estado nación doblegado por el crimen organizado, pero sabemos que esto no es así.  Más bien es que no les importa. Vivimos en una democracia militar que hasta hoy logra su legitimación. Con los militares sueltos, la disminución de la violencia no bajó en los 10 años de la supuesta guerra contra el narcotráfico, sino que se intensificó. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no sólo se legaliza el actuar de las fuerzas armadas, sino que es una contraposición de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o por lo menos, esto declara la Coordinación alemana de Derechos Humanos en México: “existe el peligro que aumenten aún más las violaciones de derechos humanos y persista la amenaza para defensores y defensoras de los derechos humanos”.

México tiene una larga lista de violaciones de derechos humanos de los elementos de las fuerzas armadas. Desde la consolidación del régimen priísta, las botas militares pisoteaban las protestas de estudiantes, mujeres, pueblos originarios, campesinos, maestros, activistas sociales, obreros, pero de alguna forma siempre volvían a sus cuarteles. Con Felipe Calderón (2006-2012) la “guerra contra el crimen organizado” las botas militares tomaron las calles perfilando un sombrío futuro, el cual, hoy se impone como nuestro presente. Al ser el patio trasero de Estados Unidos, nuestra nación tuvo que disciplinarse a las políticas globales de seguridad tanto interna como externamente.

¿Cómo afectará la violencia y la militarización en la participación ciudadana en BCS? ¿Cuál será el nuevo escenario de la protesta social? Aquí la ciudadanía libra luchas en contra enormes desarrollos turísticos-inmobiliarios o proyectos de minería a gran escala potencialmente destructivos convirtiendo a los territorios que ocupan en áreas de sacrificio para el sistema neoliberal actual. También se une a movilizaciones nacionales desde distintos sectores sociales y políticos, pero hoy enfrentan un panorama muy distinto, en el que la violencia toma un papel central generando una parálisis colectiva que, a su vez,  justifica la salida de soldados de los cuarteles, aunque signifique violar la Constitución.

Si retomamos lo dicho por Pilar Calveiro, los Estados centrales controlan instancias como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, a través de los cuales se establece un discurso de poder que deben obedecer países como México. Para un mejor control global y facilitar la expansión de las corporaciones, las fuerzas militares al final se convierten en aparatos de represión y control social; a través de la “guerra contra el crimen” (así como la “guerra contra el terrorismo”) es más fácil aplicar una violencia represiva. Calveiro afirma que ambas son una construcción del poder global; “estas ‘guerras’ tienen el objeto de justificar la violencia estatal necesaria para intervenir en cualquier lugar del planeta y de la sociedad, haciéndolas funcionales al sistema global”.

El miedo sigue su avanzada en las subjetividades de cada uno de nosotros. La muerte de Silvestre de la Toba, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) impacta por su amargo simbolismo. Un presagio que se cumple días después con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que posibilita encasillar a cualquier conducta social como un riesgo a la seguridad interior del país. Esto no lo digo yo, lo advierte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que detectó serias imprecisiones conceptuales “al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; (…) no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”.

Los legisladores priistas aceleraron la votación de la ley para certificar el andar del ejército en las calles, pese a que la estrategia de Felipe Calderón en 2006, no arroja los resultados previstos, sino más bien incrementó la violencia y las quejas ante la CNDH por violaciones de elementos castrenses. No sólo eso, como lo señala Salvador Maldonado (2012), las disposiciones neoliberales en las políticas de ajuste estructural de México y la reestructuración económica, social y política provocaron una configuración ideal para un mercado exitoso de ilegalidades. La CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual, hasta julio de 2016, informó Human Rights Watch.

Maldonado en el artículo La militarización neoliberal de la seguridad y la guerra contra el narcotráfico en México  de Arsinoé Orihuela Ochoa, expresa que la “guerra contra el narcotráfico” es una violencia estatal que tiene como objetivos ocupar, despoblar y reordenar territorios”. Además, se trata de un jugoso negocio armamentístico que entre 2007 y 2011 en México significó un gasto en acciones para garantizar la seguridad de 255 108 280 000 pesos; “la guerra contra el narcotráfico, no obstante, inauguraría una fuente de legitimación para esta política gubernamental para la duplicación de recursos públicos asignados señaladamente a tres dependencias: Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina”.

Entonces, ¿es la violencia una estrategia para desestabilizar la organización de protestas y resistencias sociales en BCS? Por ahora no lo sabremos, pero la Ley de Seguridad Interior nos pone en total vulnerabilidad, viviremos bajo sospecha, viviremos en un régimen democrático. Las entidades federativas, si así lo desean, podrá solicitar a la federación una intervención del ejército y la marina en zonas conflictos. Esto no es nuevo, en Sudamérica se repiten las escenas del uso de las fuerzas castrenses contra la sociedad civil.

El artículo 7, por ejemplo, señala que en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”. Sin embargo, en el artículo 8 precisa que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”. ¿Una movilización ciudadana contra un proyecto minero será un asunto que atente contra la seguridad interior?

¿Tendrá el miedo el poder de desarticular los futuros movimientos en defensa de la vida que confronta a grandes corporativos?

 

Link de interés:

La militarización neoliberal de la seguridad y la guerra contra el narcotráfico en México

http://revistas.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/1084/2000

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Miedo es lo que queda

#GONZOLADOR: Sin temor al jaque

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Rafael Murúa

Desesperados por la falta de oportunidades de desarrollo personal, cientos de profesionistas decidieron hacer valer sus conocimientos con el crimen organizado. Purgar un ducto de PEMEX, fugarse de un penal de alta seguridad, y elevar 6 veces el número de asesinatos en un Estado impunemente, requiere mucho más que hambre, valor y audacia. Los mexicanos y sudcalifornianos vivos desconocemos una vida sin insurgencia, siempre hemos vivido a la par de un levantamiento armado contra la autoridad.

   Claro, si los insurgentes ganan la guerra, o la autoridad hace como que la ganaron, hasta una ciudad puede llevar el nombre de este grupo, mientras tanto se les conoce como criminales.

    Si la insurgencia busca cambiar el sistema político o económico de un país se les llama revolucionarios, aunque de igual manera el gobierno les seguirá llamando criminales.

    Todo movimiento armado requiere recursos financieros y, per se, las insurgencias han encontrado en actividades ilícitas su principal fuente de recursos, sin embargo, cuando la obtención de ganancias es el único sustento del levantamiento, nos encontramos en una guerra sin cuartel, sin batallas, sin límites como la ambición del hombre.

   Vivimos la peor tribulación en la historia de nuestro estado, pero no es un hecho aislado, en 2016 vivimos la peor, y en 2015 también fue la peor en su momento.

    Los peones de este tablero se mueven a libre albedrío y es lo único que los mantiene en esos cuadros, su rey ya juega para el otro y entre peones hoy se cuidan, blancos y negros, los acechan en “L” pero hasta los más caballos caen. Fuera de este juego solo había pobreza para ellos pero ahora dentro también es lo único que encuentran. Si no les importó arriesgar la vida al margen de una ley, quebrantar otra les importa menos, aprendieron a moverse en jaque y así seguirán, uno tras otro, porque en este juego gana quien se puede mover.

   La ambición de las autoridades coludidas ha llevado a esa economía informal y delincuente a seguir los cánones capitalistas, explotando a los obreros, pero estos obreros señores, no tuvieron capacitación sobre sus derechos laborales, sino de cómo hacerlos valer.

   El sistema capitalista no caerá porque el 99% de la población quiera más del 1% de la riqueza que hoy le toca; su caída es inminente porque el 1% que nos domina también quiere el 1% del pastel que no han podido llevarse.

 

 

Rafael Murúa es Director de Radiokashana

#GONZOLADOR: Sin temor al jaque

#LaCuchara: El poder acaba

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Sandino Gámez

I

Ante la conciencia de la muerte física individual, los seres humanos crearon comunidades que trascienden generaciones. La pertenencia a un cuerpo social hace al individuo más seguro.

Desde la aldea hasta la megalópolis la aglomeración humana produjo instituciones sociales y generó derechos individuales y colectivos, naturales e inalienables.

Paradójicamente, la modernidad urbana trajo también una tendencia a la individualidad arrogante, en la que el individuo considera que puede ser autónomo del resto o del conjunto.

Ha sido un triunfo social la gran extensión de los servicios públicos considerados hoy indispensables: agua hasta el grifo de la propia casa de cada uno, drenaje y retiro de desechos sólidos a domicilio, electricidad en las paredes y alimento diverso y constante (siempre que pueda pagarse, como todos los servicios) a pocas decenas o cientos de metros.

La cercanía de otros servicios sociales extremadamente complejos, como los que otorgan las instituciones de salud y educación, es otro triunfo de nuestras comunidades, y la mayor prestación de las grandes ciudades.

Como la mayoría de los mexicanos, los sudcalifornianos somos urbanos en gran medida. Pero tenemos raíces o familiares (numerosas familias) en las comunidades rurales. Más de mil comunidades con menos de cien personas es la estadística oficial para Baja California Sur.

En rigor sólo tenemos dos grandes ciudades en este tiempo de 2017: la ciudad capital y la ciudad bipolar, austral, de San José del Cabo-Cabo San Lucas. Sólo dos ciudades con más de cien mil habitantes.

Pero somos un solo pueblo.

 

II

La libertad de movimiento es un derecho básico. Como todos los derechos debe ser universal (para todas las personas físicas) para que sea un verdadero derecho. De otra manera sería un privilegio con exclusión de quienes no lo poseen.

Durante generaciones en Baja California Sur estuvo garantizado el acceso libre al territorio y los litorales. Esto comenzó a cambiar a partir de los años 1990. Grandes porciones del territorio sudcaliforniano fueron afectadas para impedir el paso a la población sudcaliforniana hacia los litorales, particularmente las playas. El proceso se ha hecho más evidente en el municipio de Los Cabos, pero no hay uno solo de los otros cuatro (Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz) que no presente esta manifiesta privatización de los litorales.

Debe de saberse que cuando en Los Cabos o en otra parte de Baja California Sur se cierran o limitan los accesos a las playas para favorecer el uso exclusivo por parte de los clientes de los propietarios de los predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre hay una afrenta muy grave a los mexicanos, visitantes o habitantes de la localidad.

La ilegalidad e ilegitimidad de esta acción es evidente. Es una acción que se basa en el uso de la fuerza. ¿Es extraño que esto genere una legítima respuesta activa? ¿A quién le gusta que lo encierren? ¿Acaso al cerrar el acceso a los litorales o a grandes partes del territorio no es una limitación de derecho constitucional de los mexicanos al libre tránsito?

Quien se queje de manifestaciones sociales que impiden el paso de vehículos (pero no de personas), debería prestar atención en Baja California Sur a lo que simboliza y genera la privatización de facto de las playas.

 

III

Cuando en las zonas de recarga de los acuíferos sudcalifornianos o en sus litorales se proyectan o realizan enormes minas a cielo abierto o infames minas submarinas, se violenta el derecho de todos a la salud, al medio ambiente sano, y por lo mismo a la vida. Sólo por la obtención de ganancias monetarias para unos particulares. ¿Cómo no estar activamente en contra?

 

IV

Pero han sido los asesinatos recientes en los pueblos y ciudades de Baja California Sur lo que más nos ha conmovido como sociedad.

Esta violencia del crimen organizado no es un fenómeno nuevo: nuestro país se desangra desde hace cuatro décadas. Las instituciones públicas hacen agua mientras fluyen inmensas cantidades de recursos económicos hacia ellas que se pierden en el laberinto de la corrupción de los gobernantes, altos funcionarios, legisladores y jueces.

Tiene razón el subsecretario de Seguridad Pública de Baja California Sur cuando dice que “el cincuenta por ciento de la corrupción se encuentra en el ciudadano” y la parte restante en “las instituciones”. Pero debería haber precisado que esto sólo se refiere al ciudadano con influencias y el poder para corromper a la persona correspondiente que se encuentra supuestamente trabajando para el servicio público en las instituciones.

Entendemos que el gobernador sudcaliforniano y su gabinete consideren que nada pueden hacer ante una circunstancia que los rebasa con mucho, pues tiene causas internacionales.

El gobernador Mendoza dice: “Baja California Sur es zona de tránsito (del trasiego de drogas ilegales) a Estados Unidos”. Los criminales se disputan “la plaza”. “La violencia es la normal que ocurre lejos de las zonas turísticas, en los barrios populares.” “Pediremos más presencia armada federal.” En estas declaraciones recientes el gobernador ha conseguido hacer manifiesta su falta de poder (que no de deseo) para acabar con los asesinatos provocados por el crimen organizado en las calles de las principales ciudades del estado.

“Seguiremos trabajando” es el mántram de sus delegados para la seguridad pública y la procuración de justicia. Entendemos que seguirán trabajando, porque no serán sustituidos. Pero continuarán también los horrores que vemos a diario.

No es un asunto de percepción. Es una realidad que cada vez más sudcalifornianos comenzamos a temer que Baja California Sur se convierta en Tamaulipas o Veracruz. En Sonora, Sinaloa o Chihuahua. En el México que el padre Solalinde llamó el país de las fosas de cadáveres. El país de las desapariciones, el miedo y las fosas clandestinas ya ha llegado a nuestra media península.

 

V

Nadie debe ser privado de su vida.

A la sombra de la muerte de muy buenas personas, muy buenos ciudadanos, niños, mujeres y jóvenes (sobre todo jóvenes) es obligado decir que todas las víctimas merecen justicia. El peor de los asesinos debe ser juzgado sin clemencia, respetando su integridad mental y física y su vida.

La justicia es para las familias de los fallecidos y para toda nuestra comunidad. Un día podremos (debemos) reparar este enorme daño que se ha provocado socialmente a las familias de las personas asesinadas. Es una desgracia que aún haya quien diga que hay una razón para la muerte de las víctimas, haciendo con su expresión una marca de culpabilidad en ella, culpabilidad irracional que mancha también a las familias de los fallecidos. Quien hace esto es un cobarde, pues coloca a los asesinos intelectuales o materiales como anónimas fuerzas del destino, y los exculpa. Cobardes son quienes culpan a las víctimas y por extensión a sus familias.

Nosotros no creemos que las causas de la violencia y muerte que hay a diario en nuestras ciudades provengan del pueblo sudcaliforniano.

Nuestras familias siguen reuniéndose con frecuencia y seguimos visitando los espacios públicos de nuestras comunidades. Intentamos seguir con nuestra vida cotidiana. No lo hacemos por evasión. Todo lo contrario. Lo hacemos con el deseo en el corazón de que nuestra realidad, la normalidad, la tranquilidad social de nuestra tierra se mantenga con este uso que le damos.

Sabemos de primera mano que la sudcaliforniana es una historia de resiliencia y resistencia en los momentos difíciles. Ha sido hecha por mujeres y hombres con amor, capacidad, valor, humanidad, humildad e inteligencia. Esto no es demagogia. Su condición peninsular ha creado en el pueblo sudcaliforniano un sentido de pertenencia y comunidad naturales.

¿Quién sino los sudcalifornianos, con ayuda de patriotas venidos más allá del mar, enfrentaron y vencieron todas las amenazas y violencia que vivió esta parte de México en el siglo XIX? ¿Quién sino los sudcalifornianos con su continua exigencia consiguieron el autogobierno político para los habitantes de esta tierra?

¿Quién sino los sudcalifornianos van a conseguir que Baja California Sur deje de ser esta pesadilla de muerte y violencia cotidiana que va acercándose cada vez más a nuestras familias, que deprime cada vez más a nuestra juventud al presentar un horizonte sombrío a sus vidas, que desacredita a las instituciones de gobierno y hace inverosímil el Estado de derecho?

VI

Nosotros creemos en las instituciones públicas. También creemos en el servicio público. Creemos que la política es el arte de vivir en comunidad y que los políticos deben ser ciudadanos responsables y obligados hacia sus vecinos.

Estamos en el tiempo adecuado para volver a constituir las instituciones sudcalifornianas, el servicio público y la política estatal y municipal.

Ahora bien, no se trata de individuos o “nombres”. Sino de colectivos y programas políticos.

 
VII

¿Dónde están las propuestas específicas para Baja California Sur de los actores políticos sudcalifornianos? ¿Cómo se reunirán en torno a ellas los ciudadanos?

 

 

#LaCuchara: El poder acaba

#LosCabos: Después de la tormenta, vienen los bisnes

Cochi

@cachobanzi

San José del Cabo y, en particular Cabo San Lucas, las construyeron en el lugar perfecto. La punta de la península tiene las condiciones ideales para el desastre natural perfecto para una urbe en el que los capitales viajan de lugares desconocidos. Las cruzan varios arroyos y ambas ciudades las destruye el vendaval, pero las rehace el capital a su antojo gracias al tránsito libre de dinero. Sin duda, el agua de la lluvia ayuda a lavar mucho más que las banquetas.

Las tormentas o huracanes no son un riesgo financiero para aquellos que urgen de deshacerse de volúmenes gigantescos de efectivo. Aquel inversor agresivo que pone su dinero en un fondo de inversión de alto riesgo, es decir, el interesado está dispuesto a ganar sin importar nada para obtener una alta rentabilidad en el menor tiempo posible. No sucede así para quienes pagaron una elevada prima de un seguro ante desastres naturales, porque sus inversiones son a mediano o largo plazo. Algunas empresas hoteleras o inmobiliarias a veces no ganan, pero sí las aseguradoras. Ya pasó una vez con el huracán Odile que hizo pedazos los edificios de endeble tablaroca.

No olvidemos a los grandes bancos mundiales que están listos a incentivar a los gobiernos latinoamericanos para crear un Fondo de Seguros para Desastres Naturales, con préstamos a 25 años con una tasa de interés que fija el British Bankers´ Association (BBA), con la finalidad de “reducir su vulnerabilidad fiscal frente a las catástrofes” (BID, 2011). Tampoco el codiciado Fondo Nacional contra Desastres (Fonden) que otorgan cuando se decreta zona de desastre.

En fin, podría seguir enlistando las formas de sacarle jugo a un desastre natural, pero es preciso señalar las serias irregularidades en el desarrollo urbano de las ciudades de Los Cabos que terminan con la vida de quienes las viven los 360 días año. En el caso de Homex construyó fraccionamientos que se vinieron abajo a causa de un arroyo en Chula Vista y Puerto Nuevo, son un claro ejemplo de cómo el sector turístico–inmobiliario están ligados. Al concretarse la venta, la desarrolladora se deslinda de lo que pueda sucederle a las personas que con sacrificio pagaron un crédito. Se levantan cada mañana para viajar a la ciudad en la que por unos cuantos pesos van a servir a los miles de turistas que llegan.

Las ciudades de Los Cabos reproducen la desigualdad pese a los millones de dólares que mueven. El negocio por encima de la vida. Al territorio lo trastocan hombres de cuello blanco muchas veces representados por mexicanos que intentan imponer una nueva territorialización mercantil que genera la expulsión de familias que no pueden rentar o comprar una casa cerca de sus lugares de empleo. Tienen que conformarse con sobrevivir en una zona de alto riesgo. El mismo presidente Enrique Peña Nieto explicó la razón: la alta plusvalía del destino turístico.

 “Lidia” dejó tras de sí la cadena de corruptelas que hay detrás de la construcción de una casa, la venta de un terreno o la edificación de hoteles en áreas de peligro. Reveló la frialdad con las que ciertos personajes ganan carretonadas de billetes. Desde lo local hasta las más altas esferas. Funcionarios públicos que son beneficiados por el poder económico, se convierten en empleados de grandes corporativos y olvidan su principal tarea que es la del estado: mejorar las condiciones de los habitantes. En cambio magnifican la vulnerabilidad de la ciudad ante desastres naturales en espera de un nuevo bisnes en la reconstrucción de un puente o el desarrollo de un nuevo bordo para desviar el arroyo y vender más terrenos.

#LosCabos: Después de la tormenta, vienen los bisnes

Y sin embargo intentamos dominar la naturaleza

Carrohundido
Bernardo Martinez – Cabo Wedding Photography
¡Oh desecadores de lagos, taladores de bosques! ¡Cercenadores de pulmones, rompedores de espejos mágicos! Y cuando las montañas de andesita se vengan abajo, en el derrumbe paulatino del circo que nos guarece y ampara, veréis cómo, sorbido en el negro embudo giratorio, tromba de basura, nuestro mismo valle desaparece. Cansado el desierto de la injuria de las ciudades; cansado de la planta humana, que urbaniza por donde pasa, apretado el polvo contra el suelo; cansado de esperar por siglos de siglos, he aquí: arroja contra las graciosas flores de piedra, contra las moradas y las calles, contra los jardines y las torres, las nefastas caballerías de Atila, la ligera tropa salvaje de grises y amarillas pesuñas. Venganza y venganza del polvo…” Alfonso Reyes, Palinodia del polvo, 1940.

Roberto E. Galindo Domínguez

La soberbia humana es evidenciada con cada fenómeno de la naturaleza, soberbía mía, nuestra, la de todos; pues la madre natura nos enseña que este planeta no es nuestro y que ella es la única dueña. Ya lo escribió Alfonso Reyes sobre nosotros los mexicanos y nuestros ancestros, y la humanidad, lo que nos emparenta es: “…la comunidad del esfuerzo por domeñar nuestra naturaleza brava y fragosa; esfuerzo que es la base bruta de la historia.” (Reyes, Visión de Anahuác [1519], 1915); y muchas veces es la base de las grandes tragedias de esa historia. La naturaleza es ingobernable, pero los hombres nos empeñamos en confinarla e intentar hacerla retroceder, aun sabiéndonos las insignificantes hormigas que somos ante la fuerza creadora y transformadora de la Tierra.

            No es sólo nuestra soberbia como humanidad la que es expuesta por terremotos, huracanes y tormentosas lluvias; también es la incompetencia de las autoridades o la excesiva competencia que ellos se confieren cuando se trata de conceder permisos de usos de suelo y para edificaciones en zonas de riesgo. Incompetencia que la mayoría de las veces no es ingenua y obedece a corrupción, ambición y demás factores económicos y políticos sobre los que se basan el comportamiento y aspiraciones de la mayoría de las autoridades de este país.

            En Baja California Sur con cada fenómeno meteorológico se ponen en riesgo las vidas y el patrimonio de los sudcalifornianos y ¿qué se le va a hacer?, si como dice Cristina Pacheco: “Aquí nos toco vivir”. Entonces viene el escupitajo al sentido común y el elogio a la estupidez cuando se edifican asentamientos humanos en causes de avenidas líquidas naturales, cuando se erigen hoteles a la orilla del mar creando barreras para evitar el deslave que les gusta hacer a las mareas con sus olas, cuando se otorgan permisos de contrucción en las laderas de los cerros. ¿Se les olvida a las autoridades la fragilidad y la diminutez humana ante la fuerza de la naturaleza?, pero aun así en Sudcalifornia cada temporada de lluvias y huracanes en que se dan precipitaciones “atípicas” suceden pérdidas económicas y desgracias humanas. Hemos visto hoteles barridos por la fuerza del mar y edificios arrasados por las crecientes de arroyos de temporal en Los Cabos, arroyos convertidos en violentos ríos enguyendo autos y personas en La Paz, y vados furiosos y anegados en cualquier parte, donde las autoridades no se han decidido a poner un puente enérgico y seguro que le permita al ciudadano sortear los vendavales líquidos sin peligro.

            No hay infraestructura infalible, pero sería de sentido común privilegiar la seguridad del ciudadano en los puntos de cruce que se vuelven pasos de muerte cada lluvia “excesiva” –las lluvias son lo que son–; sentido común que no hay en erigir un hotel con los cimientos en el mar y sobre el manglar, bloqueando la salida natural del vital y mortifero elixir en Punta Lobos, Todos Santos. Sentido descomunal por monstruoso es pretender ganarle terreno al mar en un malecón paceño que no necesita más que mantenimiento y limpieza. Sería de sentido común no erigir una presa de jales en la Sierra de la Laguna, donde las tormentas diluvio serán cada vez más típicas. ¡Pero no, la soberbia y la incompetencia política nos hacen soportar elefantes blancos que naufrgarán con los primeros truenos de la madre naturaleza cuando reclame su lugar!; y entonces habrá tragedias y morirá gente, y sin embargo seguiremos intentando domeñar a la naturaleza.

Roberto E. Galindo Domínguez

Maestro en ciencias, arqueólogo, buzo profesional, literato, diseñador gráfico. Cursa la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente.

 

Y sin embargo intentamos dominar la naturaleza

El dilema de Los Cabos: ¿el turista o el residente?

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Carlos G. Ibarra

Un rifle automático, en unos cuantos segundos, agujeró la estrategia de miles de dólares en marketing y publicidad que gira en torno a la marca Los Cabos. Los balazos obligaron a familias y turistas a huir de playa Palmilla a la que asisten cada domingo. Ese 6 de agosto ocurrió un golpe simbólico que los hombre del dinero llaman “la gallina de los huevos de oro” en un hecho devastador que revivió declaraciones como “ningún turista resultó herido”.

   En un desesperado intento por contrarrestar la mala imagen en medios de comunicación y evitar la salida de los capitales que fluyen a través del sector turístico, Luis Esponda Cascajares, director del Fidecomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), salió mucho antes que las mismas autoridades con un boletín de prensa para aclarar que los visitantes, ni uno solo, fue herido.  La estrategia del profesional en promoción turística era posicionar en el espectro mediático que en Cabo no se mata al turista. Sin decirlo, recalcó que en Los Cabos solo matan a residentes. A mexicanos. A criminales.

    Al final, en la construcción del mensaje que se difundió pasó a segundo plano la salvaguarda de los locales. Los que habitan las calles cada mañana para ir a chambear atendiendo a millonarios.  Quizá por la inmediatez de la reacción no hubo tiempo de configurar el recado que Esponda Cascajares emitió o quizá la afirmación del Fiturca sea un reflejo de lo que algunos creen, sobre todo aquellos que dependen del negocio turístico.

    Incluso se envió un documento Q&A en inglés que guiará a hoteleros con respuestas a las preguntas frecuentes que hacen medios de comunicación, integrantes de la industria turística y consumidores. De lo que pasó en Palmilla se dirá que las autoridades informaron que “el incidente fue un asunto personal” sin turistas lesionados.  El hecho es un evento aislado. La seguridad de visitantes es la máxima prioridad para las autoridades.  Solo criminales pierden la vida. Se dirá lo que sea para mantener la burbuja.

   La veneración al proceso de turistización del territorio es un fenómeno que lleva implícita la revaloración de la ciudadanía que habita el lugar. La retórica del turismo es un doble discurso: el local pasa a segundo plano. En la lógica de urbanización turística los locales estorban en la ecuación.

    En ciudades turísticas de España, por ejemplo, el rechazo al turismo va en aumento. Esto no es nuevo, George Doxey propuso en 1975 un índice de irritabilidad ante la turistificación que consta de cinco fases: euforia; apatía; molestia; antagonismo y rendición. Justamente Barcelona experimenta la etapa cuatro que generó manifestaciones y actos violentos contra autobuses turísticos; ¿BCS en cuál se encontrará?

    La turismofobia, en España, para algunos es una xenofobia crónica que emanó de un grupo radical de izquierda. Para otros, es la reacción natural a los elevados costos de alquiler que imposibilitan al ciudadano común pagar un piso para vivir, porque Airbnb creó una crisis entre los españoles que, ahora, los obliga a aglutinarse en pequeños departamentos mientras que los extranjeros pagan y habitan ocasionalmente sus antiguos barrios, en una cara más de la gentrificación de las ciudades turística, en un fenómeno que releva una clase social baja por otra con mayor capacidad monetaria.

   ¿Llegará el día en que la aberración al turista por parte del residente ocurra? Sí. En algún momento sucederá como pasa en otros países cuando la presión turística sea insostenible. Pasará bajo condiciones distintas que España o Italia.

    La turismofobia es una reacción natural a las injusticias del turismo y, en BCS, lleva una lista larga de atrocidades como el despojo y daños socioambientales.

Twitter: @cachobanzi

El dilema de Los Cabos: ¿el turista o el residente?

Sudcalifornia: espiral ascendente de barbarie

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Roberto Galindo

No me siento desilusionado por el gobierno del estado, yo no voté por ellos para la gubernatura. Defraudados se deben sentir los que les creyeron al Partido Acción Nacional (PAN) y al actual gobernador sus promesas de campaña, sobre todo en lo que prometieron en cuanto a la inseguridad y la violencia; asuntos que antes de la contienda electoral de 2015 –entonces focalizados en algunos puntos del estado– ya daban muestras de los niveles de barbarie que han alcanzado y de la expansión que tendrían por toda la entidad.

            Antes de que el actual gobierno tomara “las riendas” del estado, la violencia criminal ya estaba instalada en Sudcalifornia, pero eso no los exculpa de no poner orden en la entidad que dicen gobernar. No hay excusa que valga, menos aquella de que es un problema heredado de administraciones anteriores; pues para eso llegaron ellos, para resolver los problemas de Baja California Sur. Y los ciudadanos hayamos o no votado por ellos tenemos el derecho y la obligación de exigirles nos den la seguridad que el Estado debe procurar a sus gobernados. Cuando el PAN y Carlos Mendoza Davis decidieron contender por la gubernatura, ya sabían a lo que se enfrentarían en cuanto al crimen organizado, no existen los políticos ingenuos, entonces dijeron saber cómo prodigar seguridad a los sudcalifornianos.

            Hoy Baja California Sur es uno de los estados más inseguros y violentos de la nación. Ahora el que fuera un paraíso para mexicanos y extranjeros es uno de los lugares más violentos del planeta, pues México es una de las naciones más violentas del mundo y Baja California Sur ocupa los primeros lugares de criminalidad a nivel nacional. Asesinatos en despoblado y en las urbes, ejecuciones en restaurantes y centros comerciales, balaceras en las playas más turísticas y fosas con cuerpos sin identificar. El huracán de la barbarie llegó tarde pero con vigor a la media península y, por desgracia, se estacionó en la entidad y poco a poco incrementa su fuerza.

            Hace tres años que se instaló la violencia en Sudcalifornia y apenas estamos viendo algunas de las consecuencias de la criminalidad armada. Y no es que los más de 600 decesos que se han acumulado desde julio de 2014 no importen, son lamentables tantas muertes, es una desgracia humana. Pero es apenas el comienzo, pues lo que fuera un destino de ensueño y un refugio de paz y tranquilidad ha dejado de serlo y como consecuencia el turismo mermará aún más y el desempleo se incrementará. Hoy vemos los primeros resultados negativos en las estadísticas de estos rubros; pero en las calles, en los barrios, en los espacios públicos ya experimentamos el incremento de la incidencia delictiva: asaltos en la vía pública, hurto en viviendas y negocios, robo de autos, entre otros, pero cada vez más violentos. Otra consecuencia será la depreciación de la tierra, de los bienes raíces, pues el interés por vivir en el estado disminuirá.

            Baja California Sur ya no es la tierra prometida, ya no es la entidad alejada de los problemas nacionales. Ahora es como el resto del país, casi una desgracia, y lo que nos queda como ciudadanos es mostrar nuestra inconformidad de manera pacífica y exigir resultados sensibles a nuestros gobernantes. Estamos a unos pasos de acostumbrarnos a sobrevivir entre fuegos cruzados, a normalizar la violencia en nuestras vidas, la muestra es la pasividad ante los últimos sucesos y seguir diciendo “es entre ellos”. Ellos andan entre nosotros y en estos asuntos del ellos al nosotros hay sólo un momento y un lugar, como les sucedió a esos nosotros que ya forman parte de las estadísticas de esos ellos, los que conforman los daños colaterales de esta espiral ascendente de barbarie que es hoy Sudcalifornia.

 

Roberto E. Galindo Domínguez

Escritor, maestro en ciencias, arqueólogo, buzo profesional, literato, diseñador gráfico. Cursa la maestría en Apreciación y Creación Literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente. Escribe para la revista Contralínea.

Sudcalifornia: espiral ascendente de barbarie